El asesinato de O Porriño reaviva las exigencias de seguridad para el SAF

La muerte violenta de una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño, asesinada el martes en una de las casas donde trabajaba, ha provocado una oleada de reacciones políticas y sindicales que reclaman medidas urgentes para proteger a estas profesionales. La mujer, de 48 años, había advertido horas antes que no quería volver a esa vivienda por una situación de acoso sufrida el día anterior. Sin embargo, la empresa concesionaria del servicio, Aralia, la volvió a enviar. Desde la CIG denuncian que la tragedia podía haberse evitado. «Con Teresa llegamos tarde. Su palabra no valió para suspender el servicio. Siempre prevalecen otros derechos antes del derecho de las mujeres», lamentó Mercedes Domínguez, portavoz del sindicato en Porriño, durante una concentración ante el Concello. Desde allí exigieron la paralización inmediata del SAF en el municipio «mientras no se garantice la seguridad» y señalan al Concello como responsable último por subcontratar el servicio. En conversación con ABC, la CIG añade que la alerta que dio la víctima, seguramente, no llegó a gestionarse «porque no hubo tiempo», pero que el problema principal es, a su ver, que «en el momento en que se comunica un incidente así, la empresa debe adoptar unas medidas de protección para el trabajador, cuestión que no se hizo». La central sindical denunció que llevan años reclamando evaluaciones de riesgos en cada domicilio y un protocolo de actuación claro cuando una trabajadora comunica una situación de acoso. «La muerte de Teresa tiene que valer para algo», insistieron. El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, avanzó que se personarán en las diligencias judiciales, que pedirán responsabilidades y también que convocaron una huelga en el sector. A mayores, llaman a concentraciones este viernes en todos los concellos gallegos a las 12.00. El PPdeG anunció que pedirá elaborar un protocolo de protección a través de la Fegamp, alegando que el SAF, uno de los servicios más demandados en Galicia, requiere herramientas claras para garantizar el bienestar tanto de usuarios como de personal. Mientras, desde el BNG, su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, demandó a la Xunta que actúe: «Es evidente que urgen medidas que garanticen mejores condiciones laborales y mayor seguridad para las miles de mujeres que trabajan en el SAF». El Bloque propone negociar un protocolo conjunto entre Xunta, concellos, empresas y sindicatos para aplicar criterios homogéneos en todos los municipios. Finalmente, la conselleira de Política Social, Fabiola García, instó a las trabajadoras del SAF a denunciar cualquier caso de acoso como «única vía» para garantizar su protección, mientras la Xunta investiga el caso.