Antifraude avala que el Ayuntamiento de Barcelona comprara la Casa Orsola, símbolo de la crisis de la vivienda
Los informes jurídicos y económicos favorables "desvirtúan cualquier acusación sobre una actuación delictiva por parte de los responsables municipales", concluye la OAC
Resistir en el Eixample, el distrito donde se expulsa a los inquilinos de fincas enteras: “Hay muchas más casas Orsola”
La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha avalado la compra por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la fundación privada Hábitat 3 por 9,2 millones de euros de la Casa Orsola, símbolo de la crisis de vivienda, y ha archivado la denuncia que consideraba irregular la operación.
La OAC ha archivado una denuncia anónima que se presentó contra la operación, en la que se criticaba el coste de la transacción y la la falta de justificación de la iniciativa. Según la resolución, los diferentes informes jurídicos y económicos emitidos por el consistorio barcelonés “dan cobertura jurídica al procedimiento de adquisición directa” del inmueble, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).
El organismo remarca que la operación fue “validada” por la Secretaría General y por la Intervención General del consistorio, y recuerda los informes jurídicos y económicos favorables “no solo justifican la decisión adoptada” sino que “desvirtúan cualquier acusación sobre una actuación delictiva por parte de los responsables municipales”.
A juicio del organismo fiscalizador, cualquier cuestión que se pueda plantear sobre la legalidad de la actuación debería resolverse por la vía administrativa o contencioso-administrativa, “pero a priori fuera del ámbito penal e incluso del ámbito de actuación de la Oficina Antifraude de Catalunya”.
A finales de mayo, tras una oleada de protestas vecinales y del Sindicato de Inquilinos, el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación privada Hàbitat 3 compraron el edificio del Eixample conocido como Casa Orsola por 9,2 millones de euros, una cifra un 30% por debajo del precio medio de mercado en el barrio, según indició el consistorio. La propiedad había comprado la finca en 2021 por 6,5 millones.
En virtud del convenio de colaboración y cooperación con la fundación, es esta entidad la que gestiona y administrará las viviendas con criterios sociales. Ambas partes anunciaron en febrero pasado su intención de comprar la finca a través de una fórmula social y de colaboración para ofrecer condiciones de arrendamiento asequibles. La operación permitió detener los procesos de desahucio abiertos por su anterior propietario.