Sanidad empeorando la vida de la gente
Sanidad, por favor, hablen con las familias de pacientes psiquiátricos, con las asociaciones de afectados, con los magistrados que todos los días ven estas cosas. Dejen de inventar y dejen de ficcionar. No lo pongan más difícil, no empeoren la vida de pacientes y familiares
La demencia en el individuo es algo raro; en los grupos, en los partidos, en los pueblos, en las épocas, es la regla"
¿Han visto alguna vez la demencia en los ojos de alguien a quien quieren? Les deseo que no, que no lo vean nunca. Ese brillo en los ojos sin fondo que convierte a quien quieres en un extraño amenazante. Deseo que nunca les suceda. Desgraciadamente hay muchos seres humanos que tienen que enfrentarse a este dolor sin fondo. A la impotencia de tener que proteger al que no quiere, cuidar al que no se deja, evitar que se dañe o dañe a otros. Dolor de los dolores. Ojalá no lo tengan.
Una vez recibí una llamada de la Fiscalía para exigirme que evitara que un ser querido vagara por la noche casi sin ropa. La Fiscalía, oigan, miedo e impotencia porque esa persona a la que le debo tanto no sabía lo que hacía pero no quería dejar de hacerlo, acechado por miedos y peligros que solo su mente alcanzaba a ver y no permitía ser protegido de sus propios fantasmas. ¡Oh, amor, por qué pasar por algo así!
Ahora Sanidad, en su línea, ha decidido que las realidades duras e insoslayables pueden ser conjuradas con una prohibición y una reforma legislativa. No creo que haya en el equipo nadie que haya sufrido en sus carnes esta desazón, esta impotencia. Es súper chulo y súper buenista pensar que prohibiendo los internamientos involuntarios de personas que sufren una crisis de demencia va a mejorar su calidad de vida y a respetar sus derechos. Tan absurdo como no darse cuenta de que quien carece en un momento de capacidad volitiva –y así lo recoge el Código Penal convirtiéndolo en inimputable– no puede ser responsable de lo que resulta mejor o peor para él. De nuevo una caterva de teóricos van a promover una legislación que dificultará la vida de miles de familias y, sobre todo, que pondrá en riesgo a miles de personas.
No es la primera vez. La reforma psiquiátrica que llevó a cabo Felipe González estaba llena de buenismos. Fuera psiquiátricos para preservar los derechos. En la práctica dejó a miles de familias inermes y a miles de pacientes que acabaron causando daños y teniendo problemas con la justicia. Su supuesta autonomía, preservada, pero sus actos, incontrolados. Trabajando como periodista tuve contacto con asociaciones de familiares, incluso con viudos que lo fueron por un acto de sus propios hijos enajenados. Ahora vamos a por la segunda. Prohibiendo la realidad, prohibimos que se produzcan sus efectos. Vaya porquería de planteamiento. ¿Ustedes se creen que los internamientos de pacientes psiquiátricos o de ancianos con demencia hasta ahora se hacen por la jeta? ¿Creen de verdad que hay manadas de familiares privando a la carne de su carne y sangre de su sangre de la libertad y de la presencia de su familia de forma espuria? ¿Esa es la idea que tienen de sus compatriotas?
Hasta ahora la decisión de internar en un centro sanitario a alguien contra su voluntad por un trastorno psíquico depende del juez y es ya de facto complicada y tardía para las necesidades urgentes de protección a las que se enfrentan los familiares. Los médicos deben adoptarla son remisos, o bien la solicitan los familiares con exploración forense e informe. El juez se entrevista con el sujeto –a veces en pleno brote, ellos se lo contarán– y puede oír a familiares u otros. La decisión judicial de internar o no debe estar motivada, orientada al tratamiento, y es susceptible de recurso. Si se llega a acordar, debe ser ratificada y se exigen informes periódicos del médico al juzgado para evaluar cuando puede cesar. Normalmente se autorizan por necesidad cuando hay riesgo para la salud y la integridad del paciente o de terceros (normalmente la propia familia). Los jueces son el garante de que no son familiares queriendo joder a los suyos.
Pues bien, ahora el negociado de Mónica García pretende modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que esta situación cambie y se apliquen “métodos alternativos”, que no quedan muy claros, como las “casas de crisis” o la atención domiciliaria. No añade presupuesto ni aseguran que tales recursos vayan a existir en todo el territorio. No tienen ni idea de lo que supone tener a alguien querido en una crisis psiquiátrica o a un anciano con demencia que, además, puede estarte amenazando. Ni idea tienen. El papel lo aguanta todo, pero no saben de lo que hablan.
Una reforma legal no va a cambiar la angustiosa realidad. Una reforma legal pondrá en riesgo a pacientes con demencias y psiquiátricos y a muchas mujeres que ejercen como cuidadoras y que no podrán contener la fuerza y la agresividad que se deriva de muchos de estos brotes. ¡Qué más da si seremos los campeones de los derechos mal entendidos! Los derechos y los deberes parten de la capacidad volitiva del ser humano. En los momentos de alienación de la misma ni se pueden exigir los deberes –de ahí la inimputabilidad– ni se pueden ejercer los derechos y ni siquiera se practica el autocuidado.
Ojalá no tengan que vivir esa angustia. Como tutora que he sido y curadora que soy ahora, por otra reforma legal, ahora se lo digo: ojalá nunca se vean ante ese dolor infame. Y Sanidad, por favor, hablen con las familias, con las asociaciones de afectados, con los magistrados que todos los días ven estas cosas. Dejen de inventar y dejen de ficcionar. Ahora mismo la situación ya es tremendamente complicada, no lo pongan más difícil, no empeoren la vida de pacientes y familiares, no están escribiendo artículos o publicando libros.
En la gestión pública hay algo más que hacer que servirse de teorías o aplicar ideologías. Su misión es ayudar a la gente y es obvio que este proyecto complicará y pondrá en riesgo a muchos, sobre todo a los más vulnerables. Piénsenlo. Nadie se lo ha pedido, nadie se lo va a agradecer.