La asignatura pendiente de Pedro Sánchez para dar el tiro de gracia a la escasa dignidad que aún le resta a su mandato es la de reunirse con Carles Puigdemont fuera de España. No es un rumor, sino el compromiso asumido por dos veces por el presidente del Gobierno: en diciembre de 2024 y en su comparecencia del pasado lunes. En ambos casos, Pedro Sánchez ha envuelto la inmoralidad de semejante iniciativa en esa estólida retórica con la que intenta normalizar lo anormal, ya sea porque no miente, sino que cambia de criterio, o porque hay que hacer de la necesidad virtud. El caso es que Sánchez, presidente del Gobierno conforme a las reglas de una Constitución contra la que atentó Puigdemont con modos y maneras de un separatista reaccionario, se comprometió exactamente a lo contrario: a que traería a España al prófugo para que fuera juzgado. Ahora el compromiso es el inverso y será Puigdemont el que se lleve de España a Pedro Sánchez para que negocie una renovación de la investidura, con un precio por determinar, aunque solo el mero anuncio de aceptar esa reunión ya es un pago desproporcionado por permanecer en la presidencia del Gobierno. El encargado de allanar las relaciones, actualmente tensas, con el líder de Junts seguirá siendo José Luis Rodríguez Zapatero, cuya figura emerge en inversa relación de proporcionalidad con el deterioro de la de Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo ha optado por personajes dudosos para su diplomacia opaca con Puigdemont. Primero, Santos Cerdán, en prisión provisional; y ahora Rodríguez Zapatero, cuyas credenciales como representante de intereses políticos se han generado por sus inestimables interlocuciones a favor de la dictadura de Nicolás Maduro y del régimen totalitario de Pekín. La confianza de Sánchez en Rodríguez Zapatero crece tanto como la agonía de su mandato y responde a una pura y simple necesidad de supervivencia. De hecho, está previsto que el expresidente del Gobierno se reúna con Pedro Sánchez en dos ocasiones durante sus vacaciones en Lanzarote, buena medida de hasta qué punto Rodríguez Zapatero es depositario de las esperanzas de Sánchez para seguir aferrado a un Ejecutivo políticamente muerto. La propaganda para blanquear la reunión con Puigdemont quedó apuntada por Sánchez en su última comparecencia: el aval del Tribunal Constitucional a la ley de Amnistía legitima ese encuentro. Tal afirmación encierra otra trampa argumental, porque la constitucionalidad de esa norma no supone que Puigdemont esté amnistiado. Y no lo está porque así lo ha decidido la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque Puigdemont haya pedido al TC la suspensión cautelar de la orden judicial de detención que pesa contra él y con Conde-Pumpido cualquier resultado es posible. En el juego de tira y afloja que mantienen recíprocamente Sánchez y Puigdemont, que haya o no encuentro entre ambos fuera de España es una duda que no resta importancia al anuncio del presidente de que está dispuesto a mantenerlo, porque es una auténtica declaración de ausencia de principios, de malversación del patrimonio democrático acumulado por España desde 1978. ¿A cuánto más está dispuesto Sánchez por permanecer en el poder? Legitimar a un prófugo de la Justicia, que ha atentado contra el orden constitucional, la unidad nacional y la convivencia democrática, es un límite que en cualquier democracia europea sería infranqueable. Con Sánchez no, porque su relación con la democracia no es esencial, sino meramente instrumental, como la de tantos autócratas.
