Madrid continúa su ofensiva en tribunales para frenar el reparto de menores migrantes con un recurso en el Supremo
Falta de transparencia, invasión de competencias autonómicas y arbitrariedad. Estas son las razones que ha motivado a la Comunidad de Madrid a interponer un recurso en el Tribunal Supremo contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso continúa con su ofensiva en los tribunales ante la llegada de 647 menores a la región. El Ejecutivo autonómico ya elevó al Tribunal Constitucional el real decreto ley donde se establecían los nuevos criterios de distribución y ahora procede de la misma forma con el reglamento que articula la reubicación de esos niños. Con estas actuaciones se busca frenar el reparto que se iniciará, de forma previsible, el próximo 28 de agosto. Asimismo, junto a estas actuaciones, la Comunidad ha solicitado al Gobierno central la información que se utilizó para planificar esta distribución y los motivos que justifican la exclusión del País Vasco y Cataluña.
«Supone un reparto injusto, insolidario, que atenta a las competencias de las comunidades autónomas. Es un nuevo peaje que ha tenido que pagar el Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas», ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, este jueves durante un acto. Los servicios jurídicos de la Administración regional han presentado un recurso contencioso-administrativo con el Real Decreto 658/2025 donde se articula la reubicación de los menores procedentes de territorios donde se ha sobrepasado la capacidad de acogida. En opinión del consejero de Presidencia «los tribunales tienen que aclarar si el Gobierno está legitimado para hacer lo que pretende, esto no responde a ninguna política de control migratorio, solo a pagar un peaje». Así, García ha señalado que no es fortuito que la mayoría de los niños migrantes vayan a ir a Madrid o Andalucía.
La nueva ofensiva de la Comunidad de Madrid sigue la línea iniciada en marzo cuando recurrió ante el TC el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo donde se fijaban los criterios para adjudicar los criterios de reparto. Desde el Gobierno regional y otras 10 autonomía estiman que las modificaciones que se introdujeron invaden las competencias exclusivas de las autonomías, como es la tutela y protección de los menores migrantes no acompañados. Además, Madrid considera que falta la justificación de urgencia y el uso de un procedimiento «inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas». Por ahora, el Tribunal de Garantías no se ha pronunciado sobre las consultas planteadas, por lo que el proceso de reubicación continúa en marcha.
Esta actuación se produce ante la llegada inminente de la fecha marcada por el Gobierno central para iniciar con los traslados: el 28 de agosto. Con los nuevos criterios, en Madrid se reubicarán unos 647 niños procedentes de regiones como Canarias. Aunque este proceso se hará de manera progresiva, Madrid tendrá que habilitar nuevas plazas de acogida y espacios para atender a los niños, ya que, en la actualidad, la red de atención específica de menores se encuentra saturada y con una ocupación que ronda el 100%, debido al incremento de la llegada de menores migrantes en los últimos dos años.
Para asumir todo este proceso de reubicación, la Comunidad indicó que se planteaba ampliar el número de espacios en el centro de primera acogida La Cantueña, situado en Fuenlabrada, y abrir nuevos recursos en otras localidades. Sin embargo, no se ha detallado cuántas plazas están previstas habilitar. Por ahora, la línea de actuación principal del Gobierno regional parece centrarse en recurrir judicialmente el reparto, con la intención de frenarlo o ganar tiempo.
Junto a los recursos presentados, la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central que remita toda la información utilizada para planificar el reparto entre las distintas regiones. Así, se han dirigido requerimientos a la Secretaría de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio del Interior para recabar todos estos datos empleados en un proceso que consideran «arbitrario, opaco y discriminatorio, y diseñado para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central».
Entre la información que se reclama de forma urgente se incluyen los datos actualizados del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) por comunidad autónoma desde 2023; los indicadores utilizados por el Gobierno para el cálculo del reparto (población, renta, paro, número de menores atendidos, ratio de plazas por habitante, etc.); la fórmula de ponderación aplicada. Asimismo, se han solicitado los motivos técnicos por los que Cataluña y el País Vasco quedan excluidos del reparto.