Ministro del Interior ignora pedido de la CIDH: "No nos pueden marcar la pauta, no nos pueden decir qué hacer"
El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció a en rechazo al pedido realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDICH) que busca inaplicar ley aprobada por el Congreso de la República que propone otorgar amnistía a policías y militares que hayan cometido crímenes durante los años 1980 y 2000. Malaver
"Soy un general en situación de retiro pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía.
Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país. La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer", sostuvo durante una entrevista en Canal N.
Cabe recordar que la presidenta de la CIDH, Nancy Hernández López, pidió al estado peruana suspender de manera inmediata el trámite de la ley de amnistía para abstenerse de aplicarla.
Además, convocó a una audiencia pública a los representantes de las víctimas del conflicto armado que se realizará de manera presencial el jueves 21 de agosto a las 5:15 pm en la sede de la institución ubicada en Costa Rica.
Esta normativa, que fue aprobada el 11 de junio fue apoyada por bancadas conservadoras como Honor y Democracia y Fuerza Popular, permitirá que miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que sean responsables de violaciones a derechos humanos salgan libres.
Pero eso no es todo. La ley también incluye a sentenciados de edad avanzada, lo que podría dejar impunes a exjefes militares que tienen condenas por casos como La Cantuta Y Barrios Altos.
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Ministerio Público y víctimas rechazan la norma
El Ministerio Público, las víctimas y familiares del conflicto armado interno y especialistas han rechazado la medida. Delia Espinoza, fiscal de la Nación exhortó al estado peruano a cumplir con la orden de la Corte, ya que el Perú es uno de los países suscritos a ese Pacto. "La Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Si esta norma se aprueba, el Perú va a incumplir sus obligaciones internacionales", declaró.
Por su parte, Gisela Ortiz, familiar de una víctima del Grupo Colina exigió condenas efectivas para los responsables. "Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando. Durante estos 30 y 40 años, hemos sido los familiares de las víctimas quienes hemos estado activamente exigiendo no solo una investigación imparcial y la individualización de los responsables.
En este momento, el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos", dijo durante una intervención en la audiencia de la Corte IDH.
En ese sentido, Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) manifestó que "la consecuencia es que la Corte Interamericana puede emitir una nueva resolución declarando que el Perú ha desacatado las sentencias emitidas contra el Estado, especialmente las emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta".