Víctima de violación grupal en Campeche, México, denuncia que sus agresores están siendo protegidos por partido político
La joven estudiante de 22 años en la Universidad Autónoma de Campeche, ha expuesto nuevamente la violencia sexual que golpea a mujeres en México. La agresión ocurrió el 31 de marzo, cuando fue violada grupalmente por tres hombres, uno de ellos su amigo, identificados como Ángel N, Jorge N y Yeshua N. La Fiscalía estatal solo ha logrado detener al primero el pasado 10 de julio, mientras los otros dos permanecen prófugos.
La denuncia de Saravia ha sacudido la opinión pública no solo por la gravedad del ataque, sino por las acusaciones de encubrimiento político. Los presuntos agresores estarían vinculados al partido Morena, que gobierna Campeche, y la familia de la víctima afirma que influencias internas en la Fiscalía han entorpecido la investigación.
La denuncia de Susan Saravia fue viral en redes
Susan Saravia decidió hablar públicamente el último martes en un video viral donde reveló su identidad y narró las dificultades tras denunciar el ataque. “Yo no salí sola con tres hombres desconocidos. Uno de ellos era mi amigo, lo consideraba mi amigo y confiaba en él”, declaró ante la cámara.
Desde el inicio, su madre, Liz Ramírez, se convirtió en su principal apoyo y vocera. Ambas denunciaron que, pese a presentar la querella horas después de la agresión, los presuntos violadores supieron de la investigación inmediatamente. Incluso, una de las familias ofreció “casa, coche y dinero” para que la joven retirara la denuncia.
Irregularidades y un posible encubrimiento político
Las investigaciones han estado marcadas por lentitud y falta de respuestas institucionales. La Fiscalía General de Campeche (FGECAM) realizó tres cateos el 10 de julio, logrando solo la detención de Ángel N, quien fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa.
Según la madre de la víctima, desde abril existe una orden de aprehensión contra los tres acusados, pero los avances han sido mínimos. La familia ha buscado a la gobernadora Layda Sansores y a la secretaria de Gobierno Elisa María Hernández Romero, sin recibir atención presencial. La única respuesta fue un mensaje de WhatsApp solicitando “un voto de confianza”.
Entre las irregularidades señaladas está la filtración de la denuncia a los presuntos agresores, ausencia de pronunciamiento oficial del Gobierno estatal y intentos de soborno para que la víctima desistiera. El fiscal Jakson Villacis Rosado asegura que en Campeche “no hay influencias ni privilegios”.