Congreso impulsa amnistía para choferes de combi mientras ‘Anconeros’ realizan piques ilegales con multas que exceden los S/ 10.000
En junio de este año, mediante transmisiones en vivo de Tik tok, se dio a conocer como cústers de distintas empresas de transporte realizaban piques ilegales en Lima Norte, principalmente en el distrito de Ancón. Una de las protagonistas sería la empresa 'Nueva Estrella', o más conocida como 'Anconeros', unidades que acumularían multas de más de S/ 10 mil y que este último miércoles también se habrían visto implicadas en el trágico accidente ocurrido en la avenida Alfonso Ugarte, cerca a la Plaza Dos de Mayo, que dejó tres muertos y más de 37 heridos, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según información recopilada por este medio, no sería la primera vez que esta línea de transporte se ve implicada en hechos similares. En diciembre del 2024, un choque entre el bus que recorre la ruta Salaverry-Ancón y un automóvil particular dejó como saldo un muerto y 10 heridos. El fallecido se trataría del cobrador de la empresa, quien perdió la vida de forma instantánea por la gravedad del accidente. En enero de este año, la línea protagonizó otro siniestro, esta vez contra un bus de la empresa Nuevo Perú, lo que también ocasionó varios heridos.
Asimismo, solo en este mes de julio, durante el paro programado para esas fechas, se registró una colisión entre dos cústers pertenecientes a las empresas de transporte 'El Anconero' y 'El Chino', incidente que dejó varias personas con lesiones graves. Testigos confirmaron que ambos vehículos competían por recoger pasajeros al momento del accidente.
Congreso buscaría amnistías para choferes imprudentes
No resulta sorprendente conocer como diversos accidentes de tránsito tienen como protagonistas a cústers, tanto formales como informales. Más aún, si se considera que el Estado, entidad encargada de fiscalizar y establecer normas en favor de la seguridad vial, legisla en sentido contrario de dicho objetivo. Solo en abril de este año, el congresista Luis Cordero Jon Tay, de la bancada Somos Perú, presentó el polémico proyecto de ley N° 10825/2024-CR, el cual buscaría implementar amnistías para conductores y transportistas "afectados por las sanciones y multas impuestas por las infracciones a normas de tránsito y transporte terrestre".
El principal objetivo de dicha propuesta, según el parlamentario, sería ofrecer un alivio económico para aquellos transportistas que, durante la pandemia de la COVID-19, vieron sus ingresos reducidos por las restricciones sanitarias y de movilidad propuestas por el gobierno. No obstante, para el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, esa iniciativa resultaría contraproducente, ya que "anularía cualquier incentivo de que no cometer infracciones".
"Hay que tomar medidas fuertes. No podemos seguir con tibiezas y tecnicismos legales. No estamos hablando de una simple multa, sino de vidas humanas. Si una unidad ha sido sancionada varias veces, se le debería decomisar y enviar directamente a subasta y chatarreo. Pero no, la decomisan, la subastan, nadie la quiere, bajan el precio, alguien la compra por dos mil soles y vuelve a la calle. Entonces, ¿cuál es el sentido? Las multas se están usando como mecanismo de recaudación, cuando deberían servir para retirar del sistema a unidades y choferes que incumplen", afirmó en diálogo con este medio.
Más leyes en contra de la seguridad vial
En tanto, el mencionado proyecto buscaría aplicar una amnistía a las sanciones y multas impuestas entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha en que entre en vigor. Sin embargo, para Estremadoyro, continuar flexibilizando las normas impide una fiscalización efectiva de las unidades de transporte, así como una adecuada regulación para evitar la circulación de vehículos en condiciones deplorables o con sanciones graves. "La ley establece que los vehículos deben dejar de operar a los 15 años, y excepcionalmente se puede extender cinco años más si la unidad está en buen estado. Pero en su momento se dio una ampliación porque no había placas automotoras disponibles y no se podía implementar el chatarreo. Así pasaron a 25 años… y ahora ya van por 35 o 36 (...)", preciso.
Actualmente, el proyecto mencionado estaría a la espera de pasar a votación en cuanto inicie la próxima legislatura. Sin embargo, no sería la única propuesta cuestionable. En julio de este año, el congresista Jorge Flores Ancachi, de Alianza para el Progreso (APP), volvió a insistir con una iniciativa legislativa orientada a facilitar la recuperación del brevete mediante amnistías parciales.
A través del Proyecto de Ley 11788/2024-CR, se propone modificar los criterios con los que actualmente se sanciona a los conductores que manejan en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. La iniciativa plantea establecer sanciones diferenciadas según el nivel de alcohol en sangre. Por ejemplo, si el conductor presenta entre 0.5 y 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre y no ocasiona daños, la suspensión sería de solo tres meses. En caso de superar los 0.8 gramos, la sanción se limitaría a un año.
Asimismo, la conocida como “ley del borrachito” también propone modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de evitar la cancelación automática de la licencia de conducir en casos de manejo en estado de ebriedad, salvo que se produzcan daños fatales.
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