El Estado contra el abogado

Guiski en las rocas

Pues déjenme decirles que este es un caso que pone en juego el derecho a la defensa y el derecho a ejercer la abogacía.

En julio de 2025, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hasta ahí, lo esperado. Ahora bien, lo que nadie anticipó fue el golpe político que seguiría.

Botana

Que, a la salida de la audiencia, su abogado, el penalista neoyorquino Jeffrey Lichtman, aplicara la máxima “Mi pecho no es bodega” y no se guardara nada; habló ante la prensa. Criticó con fuerza al gobierno mexicano, pero no sólo eso, se fue directo contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo, con todas sus letras, que la presidenta de México “actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”.

La respuesta del gobierno fue inmediata, por lo que el 14 de julio de 2025, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum anunció una demanda en contra Lichtman.

Y remató: “No voy a establecer negociaciones con el abogado de un narcotraficante y vamos a presentar una demanda de difamación en México porque no se puede dejar pasar”, declaró con visible molestia.

Dos días después, la mandataria afirmó que la demanda por difamación ya había sido presentada por la Consejería Jurídica y que estaba en trámite ante tribunales civiles de la CDMX.

Un fuerte

No se conocen los detalles del escrito, pero desde Palacio Nacional se insiste: esto no es una reacción impulsiva, sino una defensa institucional. El objetivo, dicen, es sentar un precedente.

Fuerte a pico de botella

¿El problema? Lichtman no se ha retractado, ni lo hará. Lo ha repetido: no retirará sus palabras. Y ve en la demanda un claro intento de censura.

En México, ya conocemos esta serie. La figura del daño moral o, como lo denomina la presidenta de México, “difamación”, se ha usado para frenar voces incómodas. Periodistas, activistas y abogados. Siempre el mismo guion: los poderosos se ofenden y entonces demandan. Hoy, en la más reciente temporada de esta serie, está el capítulo de “Dato Protegido”.

La línea entre proteger la reputación y suprimir la crítica es delgada, pero aquí ya la cruzaron. La demanda contra Lichtman no es defensa. Es castigo. Es presión. Es mensaje. Y lo están mandando desde la cima del poder.

Que un abogado defensor diga lo que piensa del sistema judicial mexicano no es novedad. Que critique al gobierno, tampoco. Que lo demande el Estado, eso sí preocupa. Porque esto no va sólo contra Lichtman, va contra cualquier defensor que se atreva a hablar. Que ose señalar. Que defienda a alguien que el poder ya condenó.

Y sí, esto ya estigmatizó al abogado. Lo convirtieron en enemigo público; lo pintaron como traidor. Todo por hacer su trabajo. (Rojas Pruneda, no te pongas este saco, ¡eh!).

Y eso, eso sí es un peligro. Porque cuando se estigmatiza al defensor se vulnera el derecho a la representación legal y a ejercer la abogacía, previsto en el 14, 17 y 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución mexicana, como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte. Y su violación por parte del Estado mexicano puede ser objeto de responsabilidad internacional.

Otro trago a pico de botella

Con las acciones del gobierno ‘cuatrotero’ se manda un mensaje al resto del gremio: “aguas con lo que dices”, pasando por alto y violando de manera frontal y directa lo establecido en la Constitución.

La narrativa del gobierno mexicano no sólo desinforma: intimida. Instala la idea de que ciertos abogados no merecen ejercer la representación legal de sus clientes por las cualidades o por la clase de delito que se les imputa. Es decir, que hay límites invisibles impuestos no por la ley, sino por el poder.

Ese derecho a la representación legal incluye que el abogado pueda hablar, argumentar, construir estrategias, cuestionar al poder, y defender a su cliente, pero también incluye el derecho a la defensa de toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad a través de un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento que establece la Constitución.

Inhale y exhale

Las cortes nacionales e internacionales han sido claras: no puede haber persecución contra abogados por el ejercicio de su función. Y, sin embargo, aquí estamos.

En ese sentido, cobra también relevancia que el derecho a la defensa es un pilar básico del Estado de derecho. Sin él, no hay juicio justo. No hay proceso válido. No hay justicia. Está protegido por la Constitución en sus artículos 14, 17 y 20, apartado B, fracción VIII, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2.d) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3).

De la misma manera, la jurisprudencia nacional e internacional establece que es necesario que se observen las formalidades esenciales del procedimiento previstas en la Constitución, así como en las leyes aplicables, a efecto de desvirtuar la presunción de inocencia a la que ha hecho referencia, de otra manera, cualquier sanción o pena que se establezca en contra del inculpado deberá considerarse arbitraria e ilegal.

Pero el gobierno lo sabe. Y aún así actúa. Porque esto no es un error, es una decisión peligrosa que no sólo golpea a un abogado, sino al sistema completo. A la idea de justicia. A la libertad.

Y, sin embargo, con esta demanda el gobierno lo pisotea. Porque aquí el mensaje es claro: el que critique, paga. El que defienda, se arriesga. El que no se alinea, se castiga.

Hoy es Lichtman. Mañana, ¿quién?