Elección judicial, termina mal lo que mal inició
¿Hace cuánto tan pocos no hacían un daño a tantos como ocurre con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Se han afanado en convertirse en la institución que más paladas echa a la aspiración de parejo en las disputas.
Ahora, candidatos que no cumplían con las calificaciones académicas exigidas en la Constitución para ser jueces o magistrados llegarán a esa posición luego de que los del tribunal, de nueva cuenta, prefirieron criterios lejanos al precepto establecido en la Carta Magna.
Podemos conceder que parte de la culpa es del diseño de la elección que tuvo su jornada crítica el 1 de junio, fecha que confirmó el funesto augurio de quienes señalaron que las prisas, y la arbitrariedad de los que no quisieron negociar ni el método, complicaron todo.
Pero junto con el bloque oficialista de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (que nunca ocultan para quién trabajan y que también esta semana impusieron ridículas –por bajas– multas a los infractores de la competencia, entre ellos a ministras) el tribunal será coautor del Frankenstein judicial que eventualmente y dando tumbos comenzará a caminar el 1 de septiembre.
Jueces, magistrados y ministras y ministros llegarán a impartir justicia (es un decir) tras ganar su posición mediante burdas maniobras, que incluyeron los acordeones que los consejeros paleros del INE no vieron, y el no cumplir ni con la elegibilidad establecida en la convocatoria, que incluso fue respaldada de viva voz por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera.
Tendremos juzgadores espurios (no todos, pero demasiados).
Qué pensará de todo ello hoy quien el 27 de marzo de 1985 publicara esto en La Jornada bajo el título Elecciones: los jueces y las partes:
“Las elecciones y el proceso electoral tienen muchos aspectos y facetas. Son por una parte, la posibilidad de nombrar autoridades en forma pacífica y civilizada, por otra, la manera de legitimar a los gobernantes; pero también son un juicio en el que el pueblo votante es el juez y el gobierno es el que está sujeto a proceso.
“Si un gobierno ha hecho bien las cosas, si ha sorteado la crisis y resuelto los problemas, los gobernados emitirán una sentencia favorable; si, por el contrario, el gobierno ha fomentado las crisis, ha cometido errores y ha topado con problemas que no puede resolver, entonces el juicio popular le será adverso.
“Este aspecto del proceso democrático ha sido poco explorado por los politólogos y los teóricos de derecho constitucional, pero es sin duda esencial.
“La opción implica un juicio, una decisión de seres libres y racionales que escogen entre varias posibilidades, y eso significa que quien está sujeto a ese juicio, o sea el gobierno, no puede ni debe ser parte en el proceso.
“Es un principio universalmente aceptado el que nadie puede ser juez y parte: quien juzga y quien prepara el juicio no puede ser el reo, porque buscará la manera de absolverse a sí mismo.
“En México la democracia está viciada, porque los organismos electorales, que son los encargados de vigilar la imparcialidad de los pasos del proceso, están integrados por mayoría de funcionarios del gobierno y de sus partidos, el oficial y los suboficiales; de este modo, hay parcialidad, y las decisiones que se tomen en esos organismos no son siempre las más justas ni las más equitativas sino normalmente, las que favorecen al partido del gobierno”.
¿El autor? Bernardo Bátiz. Sí, 40 años después el orgulloso integrante del actual régimen, ese que en la elección del nuevo Poder Judicial fue juez y parte.