La justicia europea multa y condena a España por el retraso en la ampliación de los permisos parentales

Aunque el Gobierno aprobó en el último consejo de ministros del pasado martes la ampliación de los permisos parentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de seis millones de euros y una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimientopersista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.

El TJUE argumenta que el Gobierno de España ha incumplido porque no ha adoptado las disposiciones legislativas sobre equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los progenitores y cuidadores de una directiva europea que se aprobó en 2019.

La Comisión inició el procedimiento precontencioso el 21 de septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En su respuesta del 18 de noviembre de 2022, España comunicó su intención de transponer la Directiva mediante una ley y un decreto real, comprometiéndose a remitir con la mayor brevedad posible las disposiciones pertinentes y precisas, una actuación que nunca ocurrió.

Ante la falta de respuesta, en 2023 la Comisión le dio a España un plazo de dos meses para adoptar la directiva, pero la respuesta del Gobierno español fue un cuadro de correspondencia entre la normativa europea y la españoal además de un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se informaba de que el proyecto de ley sobre las familias —que debía servir de instrumento de transposición— había quedado sin efecto tras la disolución del Parlamento.

La Comisión, al constatar que aún no se habían adoptado todas las disposiciones necesarias de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, decidió en noviembre de 2023, presentar el recurso ante el TJUE.

Ante este movimiento de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo sacó adelante un real decreto en el que se recogían parte de las reclamaciones de Bruselas y que suponía el aumento en tres semanas de permiso de nacimiento para cada progenitor, pero en el Congreso Podemos unió sus votos a la derecha para tumbar el decreto ya que incluía la reforma del subsidio de desempleo y cambiaba las condiciones para los parados de 52 años.

Ante esta situación, el Gobierno avisó a la Comisión de que incluiría la trasposición de la directiva en los nuevos Presupuestos Generales del Estado que se tenían que aprobar en 2024, pero ante la falta de apoyo parlamentario no fueron presentados. La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por no haber adoptado ni notificado dentro del plazo establecido todas las medidas necesarias para la transposición de la Directiva.

La Comisión alegó que España no había transpuesto plenamente la Directiva, especialmente en lo relativo a las trabajadoras regidas por el Derecho laboral y a los empleados públicos regulados por el Derecho administrativo. Asimismo, señaló que España no había notificado como parte de la transposición el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), entre otras medidas.

En mayo de 2025, el Ministerio de Trabajo ya advirtió de que España se enfrentaba a una multa de “casi diez millones de euros” por no retribuir el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos. Y subiendo, “a razón de 9.760 euros” por día, sostienen en el Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo, exige a la parte socialista del Gobierno aprobar ya la retribución de este permiso laboral, que advierten que puede suponer esta sanción millonaria a las arcas públicas fruto del procedimiento iniciado por Bruselas contra España.

La coalición progresista entre PSOE y Sumar se comprometió en el acuerdo de gobierno a “remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”. Sin embargo, y aunque el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, competente en esta materia, anunció la retribución en el año 2024 –junto a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a las 20 semanas–.

Los socios de Gobierno llegaron, tras meses de negociaciones, a un acuerdo para ampliar los permisos menos ambiciosos respecto a lo que estaba recogido en el acuerdo de la coalición para gobernar.Lo que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros de la temporada es que los permisos por maternidad y paternidad retribuidos al 100% del salario aumentan una semana: de las 16 actuales a las 17 semanas para ambos progenitores hasta que el niño o niña tenga 12 meses.

España tiene un permiso de ocho semanas para el cuidado de descendientes de hasta ocho años. Sin embargo, hasta ahora no estaban retribuidas. El nuevo real decreto comienza a pagar estos permisos como nuevos derechos de los niños y las niñas. De momento, solo dos semanas, según el acuerdo alcanzado PSOE y Sumar, que podrán coger cada uno de los progenitores.