Los diputados del Partido Popular por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han defendido la necesidad de impulsar un Plan Estatal de Vivienda cuatriena l con la participación activa del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Ambos parlamentarios han subrayado que el acceso a la vivienda, junto al empleo, «es el pilar sobre el que se cimenta cualquier proyecto de vida». «Garantizar el acceso a una vivienda a precio asequible es básico para disfrutar de una sociedad próspera. El acceso a una vivienda se ha convertido en un problema de Estado de enorme magnitud, que afecta a todos los segmentos de la población, pero muy especialmente a los jóvenes que quieren emprender sus proyectos de vida y a las personas más humildes que encuentran enormes barreras para acceder a una vivienda adecuada a precio asequible», denuncian Fúnez y Belda. El objetivo de este plan estatal, en el que vienen participando, es facilitar el acceso a precios asumibles para ciudadanos y familias. Para ello, consideran necesarias medidas que permitan un crecimiento equilibrado y sostenible de la oferta : vivienda en propiedad, en alquiler, de protección oficial, vivienda social y rehabilitación del parque actual. «Las garantías jurídicas sirven para construir mercados sanos que funcionan eficazmente y ofrecen las viviendas que se demandan . Es urgente recuperar la confianza perdida entre propietarios e inquilinos ofreciendo seguridad jurídica en el alquiler. Los poderes públicos no pueden amparar conductas fraudulentas como la ocupación de un inmueble, ni banalizar la vulnerabilidad elevando artificialmente sus umbrales, porque esto perjudica precisamente a las familias con mayores necesidades», afirman los diputados. El plan se articula en torno a seis líneas estratégicas. La primera es disponer de suelo para la construcción de vivienda social y asequible , mediante la movilización de suelo público y privado infrautilizado, así como la creación de un Portal del Suelo Público para fomentar la transparencia y el acceso a la información sobre parcelas disponibles. La segunda se centra en el desarrollo de vivienda social , de protección y asequible, en alquiler y propiedad, especialmente orientada a familias en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género y terrorismo. Proponen recuperar modelos exitosos del pasado mediante colaboración público-privada y cesiones temporales de uso para viviendas públicas. La tercera línea apuesta por la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana , con incentivos a comunidades de propietarios y empresas rehabilitadoras, la figura del «Agente Rehabilitador» y programas para recuperar viviendas vacías y mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad. La cuarta línea plantea proteger a las familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a financiación, con ayudas al alquiler y fórmulas como avales para hipotecas dirigidas a menores de 40 años que quieran adquirir su primera vivienda. También contemplan ayudas a promotores de vivienda industrializada o tradicional. La quinta propuesta busca una administración eficaz, con menos burocracia, más seguridad jurídica y reformas normativas que simplifiquen trámites y garanticen el equilibrio entre inquilinos y propietarios. «Se necesita un urbanismo ágil, eficaz y con seguridad jurídica», sostienen, y apuestan por modificar la Ley de Vivienda y por una ley específica para el desarrollo urbano. La sexta y última línea aborda una fiscalidad adecuada que favorezca el acceso a la vivienda y contribuya a la disminución de precios, con deducciones en el IRPF, reducciones en el IVA de la rehabilitación, incentivos fiscales para arrendamientos y beneficios concretos para jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, así como en municipios con riesgo de despoblación o cascos históricos. Fúnez y Belda hacen hincapié en que la política de vivienda es una competencia compartida por las distintas administraciones , por lo que «se debe cultivar el trabajo coherente entre ellas: del Estado con las comunidades autónomas y de éstas con las entidades locales». Consideran imprescindible «el establecimiento de un marco jurídico estable y predecible , que reactive los nexos entre todos los agentes que participan en la vivienda», y piden primar la cooperación por encima de cualquier otra motivación. «Los principios de cooperación y colaboración entre los distintos niveles territoriales son imprescindibles para el éxito de cualquier iniciativa en la materia, por lo que el Ministerio de Vivienda debe ponerse a trabajar en fomentar un trabajo conjunto o de lo contrario seguirá fracasando», concluyen los diputados que entienden que «el objetivo principal de un plan estatal de vivienda es revertir la escasez de oferta de viviendas disponibles y la inseguridad jurídica generada».
