La Justicia anuló el cierre de un centro de menores en Pozuelo en 2018

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, localidad madrileña con más renta de España gobernado por el PP desde hace más de cuatro décadas, ha comunicado el cese temporal de actividad de un centro de atención a refugiados de la ciudad alegando que no tienen la licencia municipal necesaria. El ejecutivo de Paloma Tejero, que nunca puso problemas mientras el centro se usó para atender a menores ucranianos, presentó reparos cuando se usó con senegaleses. Pero en el pasado los tribunales ya han sancionado que este ayuntamiento madrileño provoque el cierre de centros de menores de forma irregular.

Sucedió en 2018, cuando la alcaldesa del municipio de este feudo del PP era Susana Pérez, hoy diputada de peso en la Asamblea de Madrid. El Ayuntamiento comunicó a la Fundación SAMU que no tenía licencia para mantener un piso tutelado en una urbanización de la localidad. Un piso con 14 plazas en la Colonia de los Ángeles donde los menores extranjeros no acompañados vivían con sus tutores.

La Comunidad de Madrid había concedido una autorización administrativa, pero el gobierno local del PP comunicó que en esas casas no se podía prestar ese servicio. En declaraciones a los medios, los vecinos de esta exclusiva zona de Madrid mostraron su “indignación” pero los tribunales terminaron dando la razón a la Fundación. En ese piso, dijeron los tribunales, sí podían vivir esos chicos de entre 13 y 17 años tutelados por la Comunidad de Madrid.

Fue el Tribunal Superior de Justicia en 2021, tres años después de la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Los magistrados avalaron la decisión de un juzgado que entendió que la atención a los menores es un “servicio público de titularidad administrativa” y no una “actividad empresarial”, como esgrimía el consistorio para echar a los menores del piso. Su actividad, dijo el TSJM, “encaja en la definición del uso residencial y no en el de equipamiento”.

“El objetivo fundamental del piso tutelado”, recordó el tribunal ante los argumentos del consistorio controlado históricamente por el PP en la zona con más dinero de todo el país, es “facilitar y promover la integración educativa, social, cultural y laboral de los menores de edad extranjeros en la sociedad española”. Los jueces recordaron entonces a Pozuelo que su propio Plan General incluye “las casas de huéspedes” dentro del uso residencial.

“No existiendo motivo alguno para excluir del mismo un piso tutelado con una capacidad máxima de catorce plazas de menores cuyo objetivo fundamental es procurar su integración total y en todos los ámbitos en la sociedad española”. Toda la maraña de normativa urbanística, explicaron los jueces al ayuntamiento, también tenía que analizarse a la luz del interés superior del menor.

Un cierre similar en Pozuelo

Siete años después de ese cierre impugnado por los tribunales, Pozuelo de Alarcón ha vuelto a la carga para cerrar un centro de atención a menores extranjeros alegando, de nuevo, que no tiene la licencia correcta y que actúan como lo harían con cualquier otro tipo de establecimiento. Un centro que ha acogido a miles de ucranianos desde 2022 y cuyo cierre, previa inspección, solo ha puesto en marcha después de que el Gobierno lo propusiese para alojar a menores solicitantes de asilo llegados de África.

“Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad”, dijo la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.

El centro cuenta con quince días de plaza para presentar alegaciones, si bien deberán cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo deberá reubicar a los actuales residentes en otras instalaciones.