El estado liberal como apuesta política, por Diego Pomareda
La defensa del Estado Constitucional se ha convertido en una apuesta política en el Perú. Lo que antes se daba por descontado- como la existencia de controles supranacionales, los derechos fundamentales, jueces sin dependencia política, alternancia en el poder y un sistema que al menos intentaba combatir al crimen- ahora supone una bandera de campaña.
La realidad ha cambiado. Los principios liberales clásicos que formaban parte del sentido común hoy son los objetivos a destruir por coaliciones autoritarias. Apostar por un modelo de poderes separados, un Estado promotor, una economía libre, una educación de calidad y un Perú seguro, sin desnutrición ni pobreza, deja de ser una agenda común para convertirse en motivo de disputa política.
En el Perú, el debate sobre si darle más fuerza a los jueces, al Parlamento o al presidente pasa a un segundo plano, en tanto todos estos órganos están influenciados por la política de la impunidad y de los intereses particulares. El poder, utilizado con estos fines, desnaturaliza las instituciones. Por ello, el camino para recuperar lo que queda de ellas es la política.
Esto no supone “quitar a unos para poner a otros”, bajo la lógica de que para mis amigos todo y para mis enemigos la interpretación más abusiva de la ley, sino volver a hacer que las instituciones cumplan sus funciones con personas competentes, autónomas y que se rijan por criterios de mérito, gobernabilidad y eficiencia, pensando en el interés general y no en la permanencia en el cargo.
Esta lógica autoritaria de instrumentalizar a las instituciones para legitimar el actuar político solo puede revertirse a través de la política, con una composición parlamentaria que rompa el oligopolio de las familias del poder, y que pueda ser gobierno o, en su defecto, una oposición que cumpla una función de contención democrática, como ha ocurrido en Alemania, Canadá, Polonia o, en su momento, en Ecuador.
Los mínimos liberales que dábamos por sentados han sido hackeados, y el antivirus de las reformas ha sido largamente sobrepasado. Entonces, el camino es utilizar el poder político para cambiar la situación actual, pero siendo conscientes de que la democracia peruana no ha estado a la altura: debe ser defendida, pero también potenciada, lo que supone atender las necesidades más urgentes de la población. Por tanto, no hay otro camino más que la política para defender el Estado constitucional.