Pánico en el Consell de Mazón tras las revelaciones sobre falsos currículums: 9 altos cargos publican sus títulos en tiempo récord
La mitad de los altos cargos que 'olvidó' acreditar los méritos académicos o profesionales como marca la ley de Transparencia se afana en aportar la documentación al portal público para evitar sanciones
El Consejo de Transparencia valenciano debe sancionar a la veintena de altos cargos de Mazón que no acreditan los títulos que dicen tener
“Han entrado en pánico en la Conselleria”. Así se expresaba una fuente cercana a la Vicepresidencia Primera del Gobierno valenciano tras la publicación por parte de elDiario.es de que una veintena de altos cargos de la Generalitat incumplen la ley de transparencia al no publicar la titulación académica que dicen tener. Las informaciones sobre políticos que mienten o edulcoran sus currículums, que tienen en la dimisión del comisionado del Gobierno para la dana su máximo exponente -en una investigación asumida por Anticorrupción-, ha llevado a una suerte de psicosis en las filas de las Administraciones Públicas y de los partidos, que han pedido a quienes ocupan cargos públicos revisar las titulaciones y acreditarlas. En algunos departamentos del Consell que preside Carlos Mazón se ha dado la orden de buscar rápidamente todos los documentos acreditativos.
En el Ejecutivo valenciano este diario ya ha encontrado incongruencias en el currículum de la mano derecha de Carlos Mazón en la Conselleria de Infraestructuras, el hombre fuerte que gestiona las adjudicaciones de las obras de la dana. Javier Sendra ya mintió en su currículum en la Diputación de Alicante, como denunció la oposición, al afirmar que tenía dos másteres. Posteriormente, rectificó el documento y apuntó que eran cursos. Misteriosamente, al saltar al Gobierno autonómico, uno de estos títulos ha vuelto a ser un “máster” de alta dirección en el currículum que hay en GVA Oberta. En realidad, es un curso de 140 horas que imparte una escuela privada de negocios en Alicante.
Poco después de la publicación de los incumplimientos normativos de estos altos cargos, que acarrearían según la ley un expediente y pueden llevar sanciones económicas, el Ministerio de Universidades ha registrado un incremento de actividad para el primer fin de semana de agosto. Una oleada de altos cargos ha comenzado a pedir los justificantes de expedición de sus títulos académicos para incorporarlos a su perfil en el portal de Transparencia del Gobierno autonómico, como marca la ley que deben hacer.
A horas de cierre de esta edición, nueve de los altos cargos cuestionados han publicado en GVA oberta sus títulos o los documentos del Ministerio de Universidades que acreditan que han cumplido con los estudios superiores que dice su currículum. La ley de Transparencia no obliga a publicarlos todos, pero sí el “principal mérito” de su trayectoria, mediante copia gráfica. Los directores generales y secretarios autonómicos que han rectificado su olvido son, por el momento, los siguientes:
- Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Presidencia. Uno de los integrantes del núcleo duro de Carlos Mazón en el Palau, licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y Secretario del cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. Ha sido el más rápido en buscar sus méritos; según consta en la documentación publicada, pidió el justificante de su titulación el 31 de julio a las 19 horas, poco después de que este diario realizara la consulta al gabinete de Comunicación. García Ramírez ha publicado el justificante del Registro Nacional de Títulos, que depende del Ministerio de Universidades.
- Susana Fabregat, Delegada del Consell en Castellón, dependiente de Presidencia de la Generalitat, ha hecho el paso idéntico al del secretario autonómico. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU Cardenal Herrera, como apunta el justificante del ministerio, a fecha de 1 de agosto.
- Maria Luisa Mediavilla, subsecretaria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales. Es magistrada y ha publicado su título como Licenciada en Derecho por la Universitat de Valencia, estudios que culminó en 1996.
- Pedro Carceller, Director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo. Es Doctor en Ciencias Jurídicas - Derecho, con sobresaliente cum laude y dos másteres. El director general ya ha publicado su título y aportó a este diario la documentación al día siguiente de la publicación de los incumplimientos.
- Miguel Ángel Sánchez Navarro, Director del Instituto Valenciano de Estadística. Es funcionario de carrera del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Técnico de electromecánica y técnico superior de automoción, según su CV. Ha publicado el título de FP de técnico superior en automoción, expedido por la Conselleria de Educación.
- Asunción Perales, Directora General de Asistencia Hospitalaria. Es licenciada en medicina y cirugía y ha publicado el título que acredita que finalizó sus estudios en la Universitat de València.
- Miquel Nadal, Director General de Cultura. Es licenciado en Derecho Público por la Universitat de València (1985) y ha publicado su titulación.
- Mª Àngels Ramón-Llin Martínez, Directora general de Producción Agrícola y Ganadera. Es licenciada en Derecho por la Universitat de València. También ha subido su título universitario.
- José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de Turismo. Es licenciado en Psicología por la Universitat de València. Su título ya se puede comprobar en GVA Oberta.
La mitad de los altos cargos cuestionados ya ha enmendado esta laguna en su perfil público. Como ya apuntó elDiario.es, no hacerlo acarrea un expediente sancionador, que puede saldarse con multa o apercibimiento. Corresponde al Consejo Valenciano de Transparencia iniciar este procedimiento, y a la secretaría autonómica del ramo, que depende de Presidencia de la Generalitat, los expedientes sancionadores, si se dan. La ley valenciana de Transparencia y el Código de Buen Gobierno, que es obligatorio para los altos cargos, prevén un castigo por incumplir las obligaciones de publicidad activa, que dependerá del “grado de culpabilidad e intencionalidad, la reiteración o reincidencia”. La valoración de la conducta y la sanción dependerán del Consejo de Transparencia.