El agua, el último blanco de la ola de privatizaciones de Milei en Argentina

En su afán por reducir el Estado, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei ha iniciado el proceso de privatización de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Cuando en los años 90 este recurso estratégico pasó a manos privadas en el país latinoamericano, resultó en un fracaso de gestión. AySA abastece a 15 millones de personas, esto es, la tercera parte de la población de Argentina que vive en la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia homónima.

En el centro de la lógica mercantil que el Ejecutivo busca imponer está la idea de que quien no puede pagar no merece agua, un recurso vital. Dos decretos presidenciales (493/25 y 494/25) no solo habilitan al Estado nacional a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, también modifican el marco normativo para permitir el corte del suministro por falta de pago, una medida que los expertos tachan de inconstitucional.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”, proceso que prevén que durará alrededor de un año. El 10% restante quedará en poder de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada, que le garantiza al sindicato del sector un lugar en el consejo de administración.

Ni la política actual de AySA ni la de su antecesora contemplaban la ejecución de deudas de quienes tienen saldos impagos, ni la interrupción del suministro. El decreto de Milei solo aclara que “en todo momento se deberá considerar la protección de la salud pública” de modo que la empresa concesionaria “no podrá ejercer su facultad de corte respecto de hospitales, sanatorios y cárceles, sean estos públicos o privados”.

“Inconstitucional”

El ingeniero Bruno Capra, integrante de Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), sostiene en declaraciones a elDiario.es que el decreto que modifica los criterios de prestación y acceso al agua potable debería considerarse inconstitucional.

“El agua es un recurso natural, los que específicamente en nuestra Constitución Nacional están tratados en el marco del Pacto de San José de Costa Rica. Ese pacto es claro, dice que los recursos naturales son propiedad del pueblo. Para cualquier cambio de estado, el presidente debe convocar un plebiscito vinculante de toda la población de Argentina para saber qué opina al respecto”, dice Capra, impulsor del reconocimiento de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) como derechos humanos.

La polémica ley Bases que aprobó este Gobierno habilita la venta de un conjunto amplio de activos: desde Energía Argentina S.A, Aerolíneas Argentinas hasta los medios públicos, el Banco Nación, empresas del sector ferroviario y AySA. Esta última hoy da superávit, después de que el precio del servicio se multiplicase casi por cuatro —el doble que la inflación– desde la llegada al poder de la ultraderecha, en diciembre de 2023 y la paralización total de sus obras de infraestructura.

AySA es la única empresa estatal que viene aumentando el costo del servicio todos los meses. Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, a cargo de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, expuso que en 2024 las facturas de AySA se incrementaron un 331%.

“Se acabaron las empresas públicas deficitarias al servicio de la casta política. Ese tiempo de los privados especialistas en la temática. Eficiencia, mejores servicios y transparencia en el uso de recursos estatales”, publicó el subsecretario de prensa del Ejecutivo, Javier Lanari, en X.

¿Una empresa israelí interesada?

En plena polémica por la privatización, algunas informaciones han apuntado a que en el sector se especula con la idea de que Mekorot, la principal empresa de agua de Israel, tiene interés en captar la gestión hídrica bajo una forma indirecta. Si bien tiene prohibido en su país adquirir compañías extranjeras de servicios públicos, en Argentina cuenta con experiencia en “asesoramiento técnico” en varias provincias como Mendoza, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Formosa y Río Negro desde febrero de 2023, último año de la presidencia de Alberto Fernández.

En medio de las especulaciones sobre el desembarco de Mekorot, su ejecutivo Diego Berger declaró a Radio Jai que la compañía no puede comprar AySA. “Somos una empresa nacional y el Gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, dijo.

Capra señala que la información de la compañía en Argentina es confidencial. “Lo que quiera hacer Mekorot no lo puede saber nadie. Si quieren ocultar algo lo consiguen”, dice. “Mekorot debería ser una empresa prohibida en Argentina porque nuestro país ha suscrito los pactos internacionales de derechos humanos”, sostiene, en referencia a los crímenes israelíes en Gaza.

El regreso a los 90

La privatización del agua ya se intentó en 1993: el francés Grupo Suez quedó a cargo de la concesión y, poco después, en 1994, el entonces Gobierno de Carlos Menem le otorgó un permiso de revisión tarifaria “extraordinaria”. En 1997, se renegoció el contrato posibilitando la dolarización de las tarifas y la implementación de una revisión tarifaria anual. Los aumentos del cobro a los usuarios permitieron a la empresa obtener una rentabilidad altísima que nunca volvió bajo la forma de inversiones que mejoraran el servicio.

El fracaso de la concesión menemista motivó la reestatización de la empresa en 2006 durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que pasó a denominarse AySA. Durante ese período de regreso al Estado se realizaron obras fundamentales para garantizar la disponibilidad de agua potable y cloacas a 3,6 millones de habitantes. Más de 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua potable.

La oposición Unión por la Patria (peronismo) ya ha presentado en el Senado dos proyectos de ley para proteger la propiedad estatal de la compañía y garantizar el derecho al acceso humano al agua. La iniciativa establece que cualquier decisión de privatizar la compañía debería contar con la aprobación del Congreso. “Argentina asumió compromisos internacionales que la obligan a garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento. Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos”, destaca el texto.

En tanto el Foro de Economía y Trabajo (FEyT), integrado por economistas, sindicatos y pymes (pequeñas y medianas empresas) ha señalado que la decisión del Gobierno argentino ocurre en un escenario internacional donde se consolida el retorno del Estado a la gestión del agua. “Tanto en países desarrollados como en regiones con grandes desigualdades el modelo privatizador ha entrado en crisis. En Escocia, los servicios nunca fueron privatizados; en Gales, la empresa Aguas Galesas se transformó en una entidad de carácter comunitario. En ambos casos, la reversión fue parte de debates electorales y sociales profundos”.

Los detalles técnicos de la privatización se desconocen porque no han sido publicados los pliegos de la licitación. Pero ha trascendido otra característica del negocio en ciernes: la venta del patrimonio de la empresa (los edificios que tiene AySA y las plantas depuradoras), que hasta el momento están en manos del Estado.