El Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) publicó el pasado viernes su último informe sobre España y denunció que el Ejecutivo no ha cumplido al cien por cien ninguna de las 19 recomendaciones que le viene haciendo desde 2019 en materia de mejoras legales y reglamentarias para favorecer el funcionamiento íntegro del Gobierno y evitar escándalos como los sucedidos con Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Ante esta situación, el Partido Popular registró el viernes en el Congreso de los Diputados dos preguntas acerca del informe, además de solicitar la comparecencia del ministro de la Presidencia Félix Bolaños, para buscar respuestas por parte del Gobierno sobre las medidas que recomendó el Greco sobre corrupción. Según denunciaba el informe, «España no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda» para prevenir posibles casos de corrupción en el Gobierno y las fuerzas de seguridad. De estas, dieciséis solo se han implementado «parcialmente» y tres no han sido atendidas en absoluto, una situación que desde el Greco «lamentan» debido a «la falta de acción decisiva y de resultados tangibles» sobre las recomendaciones del órgano del Consejo de Europa. Este ha sido el cuarto informe consecutivo en el que el Greco ha criticado duramente a España, que sitúa al nivel de Polonia o Hungría. Un dictamen en el que se insta al Gobierno «una vez más» a implementar medidas como la aprobación de un Código de Conducta en la Guardia Civil o la revisión del régimen disciplinario de la Policía. Una situación que ha provocado el hartazgo del órgano, que llegó a pedir el pasado junio cuando se aprobó el informe al secretario general del Consejo de Europa, el socialista suizo Alain Berset, que enviara una carta oficial al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para reclamar «medidas decididas» en el cumplimiento de las recomendaciones. Fue por deseo del Ejecutivo que este informe se publicase el 1 de agosto , justo el día que empieza la mayor operación salida de vacaciones en España. Las cuestiones del PP, presentadas entre otros por Cuca Gamarra o Cayetana Álvarez de Toledo, se centran principalmente en conocer por qué el Gobierno no ha adoptado las medidas que recomendó el Greco y sus intereses en porque no se quiere que entren en vigor en esta legislatura. «¿Por qué ha mentido el Gobierno de España al Greco comprometiéndole en enero la aprobación de un proyecto de ley de Administración Abierta para 2025 que, dos meses después, excluyó del Plan Anual Normativo para ese mismo año y que, cinco meses después, retrasó hasta finales del año próximo?» y «¿Qué interés tiene el Gobierno de España en que las medidas de prevención de la corrupción que el Greco exige a España y que se incorporarían en dicho proyecto de ley, no puedan entrar en vigor en esta legislatura?» son las cuestiones a las que ha tenido acceso ABC. El PP incluye, además, contextualización sobre las preguntas. Recuerda que el Gobierno decía esperar que este proyecto de ley de Administración Abierta fuese remitido al Consejo de Ministros para su aprobación «durante los primeros meses de 2025». Pasada ya más de la mitad del año, este visto bueno «no se ha producido» y los populares exigen respuestas. Es necesario recordar que aunque el Greco no forma parte de la Unión Europea, todos sus miembros sí pertenecen a esta organización y sus informes puedes ser tenidos en cuenta por la Comisión Europea para sus propios análisis. Por ello, estos son clave en la imagen internacional de sus países adscritos.
