El Teniente: Gobierno fija postura ante comisión investigadora y pide que “los procesos avancen armónicamente, no interrumpiéndose”

El “cobre no es nada sin sus trabajadores”. Con esas palabras, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su pesar sobre la tragedia en la minera División El Teniente, en la Región de O’Higgins, y la decisión de declarar tres días de duelo nacional.

Fue en su vocería habitual que la ministra puso énfasis en la relevancia de la minería para el país y que esta tragedia da pie para reflexionar sobre la seguridad de quienes se dedican a esta actividad, relevando la seguridad laboral ante todo.

“Estos días de duelo nacional no son solamente para poner las banderas a media asta, sino que también para relevar la importancia que tiene el trabajo en nuestro país, particularmente en una industria tan relevante para los destinos de nuestra patria”, manifestó.

Además, comentó que el Gobierno ha movilizado esfuerzos tanto para priorizar la investigación de lo ocurrido como el acompañamiento de las familias de las víctimas. “Mantenemos contacto con los enlaces de cada una de las familias de los seis trabajadores y vamos a seguir en ese empeño. Siempre respetando los tiempos y decisiones que las familias determinen”, aseguró.

La secretaria de Estado no quedó ajena a la búsqueda de responsabilidades políticas que comienza a florecer, ante la petición de parlamentarios oficialistas de establecer una comisión especial investigadora que determine las causas del derrumbe. Aunque respetó la atribución específica del Congreso Nacional, tomó sus distancias al respecto.

“Lo que podríamos señalar como Gobierno es que estas comisiones puedan dialogar y ser respetuosas con el trabajo técnico que realizan las entidades especialidades en la investigación de este tipo. Dígase la investigación que realiza el Sernageomin, la misma Dirección del Trabajo, lo que está realizando el Ministerio Público y lo que va a realizar también, según lo anunciado por Codelco, este equipo de auditoría internacional”, respondió Vallejo.

Incluso, insistió en el planteamiento de que “cada poder del Estado tiene sus propias facultades”, pero que “lo importante es que cada uno de los procesos avancen armónicamente, no interrumpiéndose ni dañando el trabajo que hace uno u otro, entendiendo además que son poderes autónomos”.

Fiscalía inicia investigación

Durante esta jornada, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, abordó la materialización de la investigación por parte de los equipos especializados. Cubillos recalcó que se trata de una “investigación compleja por la temática y por la magnitud de la misma, pero también entendemos que existe una preocupación de carácter nacional y tenemos que darle la premura que requiere”

Además, el persecutor sostuvo que “no tenemos una hipótesis fija”. “Vamos a investigar todas las posibles causas, incluyendo los antecedentes levantados por los trabajadores sobre movimientos sísmicos previos”, explicó.

Por otro lado, se refirió a las competencias para realizar la investigación y reconoció que no descarta “recurrir a distintos organismos que nos apoyen, pero quiero reiterar que obviamente nosotros somos un organismo autónomo. Nuestro deber es hacer una investigación bajo el principio de objetividad”.

Petición particular

En paralelo se han realizado otras peticiones, como la del diputado Raúl Soto (PPD), parlamentario de la Región de O’Higgins, quien solicitó al Presidente Gabriel Boric otorgar pensiones de gracia vitalicias a las familias de los mineros fallecidos.

“Las familias de las víctimas enfrentan un futuro devastador. Muchos de los mineros eran hombres jóvenes con hijos pequeños o, aún más doloroso, con bebés en camino. Estas tragedias no solo significan la pérdida de un ser querido, sino también el abrupto fin de los sueños y esperanzas de familias enteras”, expresó el legislador en su solicitud.

La solicitud se fundamenta en el artículo 32 N°14 de la Constitución y el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1996, que facultan al Presidente para conceder este tipo de pensiones por razones fundadas de carácter social, humanitario o de reconocimiento a servicios prestados al país. Todo además amparado en el antecedente de las pensiones de gracia otorgadas a los sobrevivientes del derrumbe de la mina San José en 2010.