En 10 días debe instalarse Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se crea la Comisión presidencial para la reforma electoral, la cual, deberá quedar instalada en 10 días. De acuerdo a la publicación, la comisión será encabezada por una presidencia ejecutiva, que en este caso es Pablo Gómez, y la integrarán además los titulares de las Secretaría de Gobernación; de la Agencia de Transformación Digital, la Consejería Jurídica del Ejecutivo; la oficina de la Presidencia, la Coordinación de Asesores y la Coordinación General de Política y Gobierno.Los integrantes de la comisión podrán invitar a académicos, representantes de organismos autónomos y sociedad civil en general, pero tendrán derecho a voz y no voto.“Para convocar al país entero a pronunciarse sobre tan sobresalientes temas, ha de constituirse una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá que emplazar al país a intervenir con críticas, opiniones y análisis, mediante los métodos del debate público. La discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican al oficio de la política, sino que atañe a la ciudadanía por entero”, señala el documento. El decreto explica que esta comisión y las decisiones que tome servirán para que no se conserve la inercia de las normas que rigen las consultas populares y los sistemas de representación, así como de los métodos de votación pues no sería congruente con la situación política que vive el país. “Hoy como en otros momentos históricos de nuestra Nación, cobra enorme importancia el respeto irrestricto del voto libre y de la voluntad popular como elementos centrales de la democracia, pues de aquellos dependen los demás derechos políticos. Sin respeto a estos principios no tendríamos, como Nación, pueblo y Estado, la fuerza capaz de garantizar las libertades y derechos de todos y todas, sea parte de la mayoría política o de las minorías”, justifica.Finalmente menciona que la Comisión llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y rendición de cuentas.