Prorrogada la investigación del atentado de la T-4 para interrogar a "Josu Ternera"
La investigación por el atentado de la T-4 -que puso fin a la tregua de ETA en diciembre de 2006 y en el que fueron asesinados dos ciudadanos ecuatorianos- se prolongará al menos seis meses más para interrogar a los exjefes de la banda terrorista José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", Ainhoa Ozaeta, "Kuraia" (ambos en Francia, el primero a la espera de la decisión sobre su entrega a la Justicia española seis años después de su detención), y al que fuera responsable del "aparato militar" Aitzol Iriondo.
Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -en sustitución de su compañero Francisco de Jorge, instructor de la causa- en una resolución en la que apremia a Policía y Guardia Civil a que remitan los informes solicitados el pasado enero que detallen -como pidió Dignidad y Justicia (DyJ)- la composición "nombre a nombre" de la cúpula de ETA en el último trimestres de 2006.
En la resolución en la que acuerda la medida -que le solicitaron tanto la Abogacía del Estado como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dyj-, el magistrado justifica la prórroga del procedimiento hasta el 29 de enero de 2026 en que "para el buen fin de la instrucción resulta necesario y justificado oír en declaración" tanto a "Josu Ternera" como a Aitzol Iriondo y Ainhoa Ozaeta. Además, recuerda, el instructor está a la espera de recibir "los informes de inteligencia policial solicitados por la acusación popular y que fueron expedidos por auto de 24 de enero de 2025".
Dado que, argumenta, resulta "evidente" que no era posible finalizar la investigación antes del pasado 29 de julio, cuando expiró la anterior prórroga, lo "razonable" es ampliar seis meses más la investigación a fin de concluir la instrucción.
A la espera de Francia
En esa misma resolución, Pedraz acuerda "oír en declaración judicial como investigados" a Aitzol Iriondo, "Josu Ternera" y Ainhoa Ozaeta, aunque no fija la fecha de esa comparecencia, que en el caso de los dos últimos depende de Francia (el juez pidió permiso para interrogarles en enero de 2024, pero esa solicitud sigue esperando respuesta año y medio después). Iriondo ya se acogió a su derecho a no declarar el pasado marzo, esgrimiendo que Francia no autorizó su entrega por estos hechos.
De Jorge investiga a esos tres exdirigentes etarras y a Mikel Carrera Sarobe, "Ata", por su supuesta responsabilidad en el atentado dada su posición preeminente en la banda criminal en esas fechas, dado que considera que por la dimensión de la acción criminal y sus consecuencias políticas la decisión no pudo partir del "comando" encargado de ejecutarla, sino de la dirección de ETA.
Según la investigación, a finales de 2006 Aitzol Iriondo estaba al frente del "aparato militar", "Ata" era el responsable del "aparato logístico", "Josu Ternera" del área "política" y "Kuraia" dirigía "aparato de tesorería". Pero Dignidad y Justicia solicitó al juez que Policía y Guardia Civil situasen en un informe a los cuatro investigados en los "aparatos" y "subaparatos" en los que estaban encuadrados, "con especial interés en los aparatos militar, político y logístico".
Identificación de la cúpula "nombre a nombre"
De ahí que instase al instructor a ordenar a ordenar a Policía y Guardia Civil -como finalmente hizo el pasado enero- que elaborasen un informe precisando "nombre a nombre" quiénes integraban "toda la estructura de mando" de ETA cuando se produjo el atentado, tanto la "intermedia" (lugartenientes, etc.) como la "superior" de su Comité Ejecutivo.
El juez quiere ahora que la Policía y la Guardia Civil le precisen "los indicios y documentos que permitan afirmar" que el atentado fue considerado por la propia Zuba "como la forma de respuesta" al Gobierno para romper la tregua declarada nueve meses antes. Asimismo, les pidió que aborden en sus informes cómo se llevaba a cabo el adoctrinamiento de los miembros de ETA y cómo estos interiorizaban los postulados de la banda terrorista, que determinaba que la composición de los terroristas que debían ejecutar las órdenes era "intercambiable" porque lo decisivo era que asumían sin rechistar los mandatos de la cúpula. Del mismo modo, De Jorge les solicitó que detallasen el "funcionamiento logístico de ETA en lo relativo a materiales explosivos" y su reparto a los "comandos" encargados de cometer los atentados.
En la sentencia que condenó en 2012 a los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián a 1.040 años de cárcel por el atentado del atentado ya se señalaba a la dirección de ETA, a la que se atribuía una "implicación directa" en la decisión de cometer la acción criminal, precisando incluso que fue la cúpula etarra la que puso a disposición del "comando" la furgoneta-bomba que los etarras hicieron estallar en el parking de la terminal 4.
Mucho antes, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal puso de relieve -al admitir a trámite la denuncia de la asociación que preside Daniel Portero contra los cuatro exdirigentes de ETA- que todos ellos se encargaban en su calidad de integrantes de la Zuba de "decidir", "coordinar" y "seleccionar" los objetivos, de "entregar el material necesario para atentar" y de "dar la orden expresa de llevar a cabo la acción criminal".