Perú incumpliría por tercer año consecutivo la meta de déficit fiscal
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, amagó con ampliar la meta de déficit fiscal en S/600 millones, pero terminó retrocediendo. ¿Disciplina fiscal de último minuto? No exactamente. Según Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), el Gobierno calculó que ese ajuste no sería suficiente para cubrir la brecha y prefirió evitar el ruido en el corto plazo.
La polémica resurgió días atrás cuando la presidenta Dina Boluarte anunció que el déficit fiscal se ubicaría entre 2,6% y 2,8% del PBI, por encima del límite comprometido. El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, reconoció recientemente que hubo un error en ese mensaje y atribuyó la cifra incorrecta a un borrador mal revisado.
Pérez-Reyes también aclaró que la meta sigue siendo coherente con la regla fiscal vigente: un déficit de 2,2% del PBI. “Fue un problema de descoordinación entre los equipos técnicos”, admitió.
El menor déficit registrado en los últimos meses no responde a una mejora estructural. El aumento de ingresos fue especialmente visible en abril y mayo, debido a la regularización del impuesto a la renta del sector minero, impulsada por los altos precios internacionales del año anterior. Sin embargo, este impulso se desvanecerá en los próximos meses, ya que se trata de un ingreso puntual y no permanente.
Déficit fiscal corregido al 3%
“El crecimiento del déficit fiscal va a ser un poco más alto del nivel actual, y más alto del que proyectaba el MEF”, advierte Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, a La República.
Según las proyecciones del IPE, el resultado fiscal de 2025 cerraría cerca del 3% del PBI. Dado que el déficit se ubica en 2,6% del PBI al cierre de junio y ya sin el efecto de ingresos extraordinarios hacia adelante, el margen de corrección para la segunda mitad del año es limitado.
El problema de fondo es estructural: los ingresos públicos se moderan mientras los gastos corrientes —planillas, pensiones, programas sociales— siguen creciendo.
A ello se suman las presiones desde el Congreso, que ha venido aprobando medidas que comprometen recursos sin respaldo financiero.
“No hay un escenario claro de consolidación fiscal desde el gobierno”, alerta el economista. Y lo que no se resuelve hoy, se hereda mañana.
Con este, ya serían tres años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal. Y si no hay un ajuste en 2026, podría acumularse un cuarto año, algo que no ocurría desde 2015–2016.
Un 2026 de más gasto
El próximo año será electoral, tanto a nivel presidencial como subnacional, y eso suele traducirse en más gasto público de los gobiernos subnacionales. También se anticipan nuevas presiones desde el Congreso, que ya ha demostrado una tendencia al populismo fiscal.
“El siguiente gobierno tendrá un punto de partida cuesta arriba. Lo primero que tiene que asegurar es la consolidación fiscal. Sin eso, no hay manera de avanzar”, advierte el vocero del IPE.
El riesgo no es solo financiero. La persistencia del déficit puede poner en juego el grado de inversión del país, lo que encarecería el crédito, limitaría la inversión y afectaría directamente a los hogares de menores ingresos.
Cortoplacismo insostenible
“En algún momento no vamos a poder seguir financiándonos en rojo”, advierte Fuentes. De mantenerse los desequilibrios fiscales, el escenario podría forzar al país a aplicar mayores impuestos o buscar crédito externo en condiciones más duras. “Una parte importante de la crisis empresarial de los años ochenta tuvo que ver con desequilibrios fiscales enormes”, recuerda.
Hoy Perú cuenta con un banco central independiente —presidido por Julio Velarde— que ha sido clave para la estabilidad. Pero incluso con ese escudo, el desorden fiscal puede pasar factura.
“Sin grado de inversión es como alguien que está en su cuerda: nadie le quiere prestar, o si le prestan, le cobran caro. Y eso nos cuesta a todos”, resume Fuentes.
El IPE es claro: el déficit ya no es una cifra técnica ni un error de redacción presidencial. Es un problema político, institucional y económico.
Y mientras el Ejecutivo evita tomar decisiones impopulares y el Congreso sigue expandiendo el gasto sin freno, la cuenta sigue creciendo. En la práctica, el Gobierno actual “se lava las manos” y deja al próximo la tarea de aplicar el ajuste.
La verdadera pregunta no es si se incumplirá la meta este año. Es quién se hará cargo cuando ya no haya margen para retroceder.