Tres municipios de Castilla y León siguen incumpliendo la ley de memoria histórica: no han cambiado su nombre franquista
Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria) son los tres pueblos de la comunidad que tienen claras referencias a la dictadura franquista en sus nombres
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Tres pueblos de Castilla y León siguen incumpliendo la ley de memoria histórica por la clara relación de sus nombres con la dictadura franquista: Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Todos ellos mantienen denominaciones relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo.
Lo denuncia el abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, que en declaraciones a EFE lamenta que ninguno de estos pueblos haya sido sancionado aún por incumplir la ley sobre esta materia, aprobada en 2022. “La gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones. Si no existiera la ley, tendríamos que inventarla. Pero existe, así que apliquémosla y cumplámosla”, ha pedido.
Alcocero de Mola recuerda al general Emilio Mola, uno de los principales artífices del golpe de Estado de 1936, que murió en un accidente aéreo cerca de este pueblo. Quintanilla de Onésimo se refiere a Onésimo Redondo, falangista vallisoletano y propagandista del fascismo español, que murió al inicio de la Guerra Civil y fue ensalzado como mártir por la dictadura. Por su parte, San Leonardo de Yagüe recuerda al general Juan Yagüe, oriundo del lugar y conocido por la brutal represión de civiles en Badajoz en 1936, motivo por el que se le conoció como el 'carnicero de Badajoz'; en 1952, el municipio incorporó su apellido como reconocimiento franquista. Estos cambios reflejan cómo la dictadura utilizó la toponimia como herramienta de exaltación ideológica.
Ranz ha presentado más de 50 instancias y ha actuado judicialmente contra más de cien ayuntamientos de toda España por incumplir esta ley al mantener simbología o denominaciones franquistas, pero insiste en que no ha habido avances y urge al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
La ley prevé sanciones de hasta 10.000 euros
En concreto, la ley señala que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron. Y añade que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos.
En el caso de incumplimiento, prevé la posibilidad de imponer hasta diez multas sucesivas por períodos de un mes y con una cuantía de entre 200 y 1.000 euros, por lo que podría llegarse a los 10.000 euros de sanción. Por el momento, no ha habido ninguna multa y sigue pendiente la elaboración por parte del Estado de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, contemplado en la propia ley.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explican a EFE que el catálogo está pendiente de pasar por el Consejo de Estado para ser aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de elementos contrarios a la memoria democrática. Será entonces cuando la Secretaría requerirá formalmente a los ayuntamientos que eliminen los nombres franquistas, un cambio que, recuerdas las fuentes, deberían activar de oficio sin esperar a la aprobación del catálogo, como han hecho otros municipios.