Este viernes entra en vigor el reglamento europeo que establece un marco común para los servicios de los medios de comunicación en el mercado interior, aprobado en 2024. Es una norma cuya finalidad es garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, lo que en lenguaje constitucional español remite directamente a un instrumento de control sobre el poder político y al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, correlativo al de los periodistas y sus medios a difundirla. Es importante tener muy presente esta finalidad de la norma comunitaria porque se trata de un reglamento, directamente aplicable por las administraciones y tribunales de los Estados miembros, sin necesidad de ser traspuesto por leyes nacionales; y porque no justificaría ninguna decisión por gobiernos y parlamentos nacionales tendente a menoscabar ese derecho fundamental a emitir y recibir información. Es razonable que el proyecto europeo avance normativamente en la creación de un espacio común sobre medios de comunicación, más aún cuando ya existe un espacio digital que carece de fronteras, y por el que también circula la desinformación consciente para influir en las opiniones públicas y en los procesos electorales, como es bien sabido. A partir de esa conveniencia, hay que recibir con máxima atención cualquier reforma legislativa con la que, a rebufo de la consabida convergencia europea, un gobierno pretenda ajustar cuentas con los medios de comunicación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido al Congreso de los Diputados dos proyectos de ley –de carácter ordinario y no orgánico, pese a la afectación clara del derecho fundamental a la libertad de información– que crearán un nuevo escenario legal para los medios de comunicación. Tras una ley siempre hay una intencionalidad política. Por un lado, el Consejo de Ministros ha aprobado una ley 'ómnibus' que modifica diversas normas internas para adaptarlas a varios reglamentos europeos, entre ellos el de los medios de comunicación de 2024; por otro, un proyecto de ley sobre información clasificada –lo que normalmente se llama 'secreto oficial'– que prevé multas desmesuradas a los medios que difundan una materia calificada como secreta. No es casualidad que estos proyectos vean la luz cuando la relación del Gobierno con la prensa es particularmente tensa. La difusión de informaciones sobre las investigaciones judiciales a familiares directos del jefe del Ejecutivo desencadenó una catarata de descalificaciones contra periodistas y medios, al calor de las cuales se propusieron diversas reformas legales que, supuestamente, perseguirían los bulos y la desinformación. Esta predisposición política del Ejecutivo contra la libertad de información choca frontalmente con los principios de la UE relativos a este derecho fundamental. Los proyectos de ley remitidos al Congreso presentan un claro sesgo intervencionista y punitivo, lo cual justifica una preocupación máxima por un derecho esencial en la lucha contra la arbitrariedad política. Se prevén multas desproporcionadas a medios que publiquen información clasificada, lo cual obliga a temer qué es lo que entiende el Gobierno por «información clasificada», porque no es lo mismo una operación antiterrorista en el Sahel que los múltiples vuelos no explicados de los aviones Falcon del Ejército del Aire. Y también es muy preocupante el empoderamiento de la CNMC como órgano regulador y sancionador de los medios, en cuanto actores de un mercado de servicios. Son amenazas que el Parlamento debe disipar con enmiendas que eviten que el Ejecutivo pueda desalentar el ejercicio legítimo de la libertad de información.
