Docentes más, docentes menos
El “Informe mundial sobre el personal docente” de la UNESCO, publicado en 2024, alertaba sobre la escasez de 44 millones de docentes a nivel mundial, y llamaba a enfrentar esta escasez y transformar la profesión docente. El mismo informe proponía un análisis de Chile, en el que se señala que la normativa sobre formación docente tiene “un sesgo punitivo” y no considera matices en torno a los “contextos, recursos y antecedentes estudiantiles específicos de cada institución” que forma docentes. En este particular, el informe se refiere a los requisitos arbitrarios de ingreso a las pedagogías, que fueron incorporados dentro de la Ley 20.903 promulgada en 2016, y que buscaban emular las condiciones de admisión a la profesión que tenían países como Finlandia, Corea, o Singapur.
Es difícil motivar al ingreso a la profesión docente en Chile. El mismo informe de la UNESCO señalaba que ser profesor o profesora en Chile, en promedio, implicaba ganar aproximadamente las tres cuartas partes del sueldo que gana un profesional con cualificaciones comparables. Por otro lado, las herramientas que podrían facilitar la incorporación a la profesión, como las mentorías docentes, son las que peor evaluación tienen cuando se evalúa la implementación de la Ley 20.903, de carrera docente. Se agrega a ello que la profesión docente enfrenta desventajas relevantes en términos materiales -que incluyen problemas de infraestructura y condiciones de operación de escuelas y liceos en el país; en términos simbólicos -la pérdida de autoridad tradicional, la constante presión por rendimientos estandarizados, agobio laboral, y una desvalorización del trabajo pedagógico; y últimamente la inseguridad, alimentada por la desprotección de las comunidades escolares, la pérdida de sentido de la escolaridad, la protocolización de las relaciones pedagógicas, y la constante exposición a situaciones que fragilizan el bienestar socioemocional docente.
La falta de interés por estudiar pedagogía en Chile se expresa en la disminución de matrícula mediante ingresos regulares a las pedagogías. El Centro de Estudios del Mineduc calculaba que entre 2018 y 2022 la matrícula de primer año bajó un 43.3%, mucho más que la reducción de la oferta de programas, que también ocurrió. Si bien la matrícula tuvo un leve repunte en las admisiones 2023 y 2024 -por la transición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), en la admisión 2025 nuevamente cayó la admisión en 1.5%. Por su parte, el Consejo de Rectoras y Rectores de Chile (CRUCh), señaló en diciembre pasado que el 31% de las carreras de Pedagogía no completaron sus vacantes en universidades del CRUCh y privadas en el proceso de admisión 2024.
La creciente falta de interés por estudiar pedagogía se cruza con la también creciente y preocupante falta de dotación de docentes, que afecta notablemente a algunas regiones y áreas de especialización curricular. Algunas estimaciones han situado la falta de dotación en números por sobre los 30 mil. Sin embargo, el dato más empírico que tenemos es el de las autorizaciones para el ejercicio de la docencia sin tener idoneidad docente, que emite el Mineduc a solicitud de cada establecimiento. Los datos muestran que estas se han casi duplicado entre 2017 y 2024, sobrepasando para el 2024 las 44 mil. Es decir, la falta de dotación es un fenómeno concreto, que hoy mismo está afectando la calidad de la educación de miles de estudiantes en todo Chile.
Dado lo anterior, un análisis crítico de los requisitos arbitrarios de puntajes de ingreso a la formación pedagógica que impuso la Ley 20.903 llevó al Ministerio de Educación a presentar en marzo de este año un proyecto de ley que modifique los mecanismos de admisión a las pedagogías y los haga dinámicos, sensibles a realidades territoriales, y más adecuados al nuevo instrumento de acceso a la educación superior: la PAES. Sin embargo, de manera incomprensible, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto, manteniendo los requisitos arbitrarios de puntajes de ingreso para las pedagogías.
La aplicación de los requisitos arbitrarios de puntaje para el ingreso a las pedagogías tendrá consecuencias devastadoras en un cortísimo plazo. Según simulaciones del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, la aplicación de los requisitos de la ley para el 2026 sobre la cohorte que ingresó a pedagogías el 2025, da como resultado que solo el 10,4% de las carreras de pedagogía del país completarían sus vacantes regulares. Esto implica que al aplicar los requisitos a los admitidos en 2025, solo el 55% de éstos podrían ingresar a las pedagogías. La mayoría de las instituciones formadoras llenaría menos de la mitad de sus vacantes en programas de pedagogía.
Docentes más, docentes menos, no da lo mismo. Las tensiones que hoy vive el sistema escolar, las demandas por inclusión, por calidad y por seguridad requieren más profesores con mejor preparación, y no menos y peor preparados. La defensa de requisitos arbitrarios de ingreso a las pedagogías -con todas las consecuencias previsibles- tiene un origen ideológico, que en otras latitudes se expresa como un desprecio por la formación pedagógica universitaria. Este desprecio busca acabar con la formación pedagógica, abogando por un “cambio de paradigma” para ésta, que en los lugares donde se ha instalado ha implicado la negación de los estudios pedagógicos como conocimiento especializado para enfrentar los desafíos actuales de la educación en nuestra sociedad, y la creación de programas “a presión” para responder a una demanda que solo será creciente si no se abordan los problemas estructurales de la educación y de la profesión docente.
Las universidades han realizado y realizan continuamente transformaciones en sus programas formativos en los últimos años, para dotar al sistema de profesoras y profesores preparados para enfrentar desafíos cada vez más complejos. Parte de estos cambios están registrados en el informe “La Docencia cambia vidas” del CRUCh, pero también son ampliamente escrutados por la Comisión Nacional de Acreditación, que debe acreditar todos los programas de pedagogía. Es necesaria la colaboración para continuar fortaleciendo tanto la formación de las y los futuros docentes como su disposición transformadora de espacios escolares y comunidades. Esto se hace muy difícil si la política se suma justamente a la corriente contraria, que es dejar a las pedagogías sin postulantes, y por lo tanto arriesgar su propia existencia.
La discusión parlamentaria, si se abre a la complejidad del problema, podrá corregir el rumbo para instalar un interés genuino por atender la evidencia y a evitar una crisis mayor en las pedagogías y en el sistema escolar en general, en particular en regiones extremas.
Por Iván Salinas, director Departamento de Estudios Pedagógicos de la U. de Chile