La dilución del objetivo prioritario del Banxico
Con relación al objetivo constitucional prioritario del Banco de México (Banxico) de “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su deseo de discutir si este banco central debe “ampliar su visión hacia el desarrollo económico”.
Sin especificar su indicador de desarrollo, la Presidenta ilustró su anhelo recurriendo al ejemplo del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), “cuyo objetivo no solamente es la inflación… sino el empleo”.
La discusión política sobre si el Banxico debe sustituir su objetivo con algún “mandato dual” es añeja. El hecho de que, hasta ahora, este debate no haya conducido a ningún cambio legislativo podría reflejar que el pasado no se ha olvidado por completo.
La reforma constitucional de 1993 estableció la autonomía y el objetivo prioritario como diques para romper con la ola de inestabilidad de precios de las dos décadas previas, cuando la inflación de tres dígitos coincidió con una economía estancada y crisis recurrentes de la balanza de pagos.
La autonomía corrigió de raíz el problema mediante la prohibición de financiar los desequilibrios fiscales, mientras que el objetivo prioritario enfocó la política monetaria en lo que puede hacer mejor: controlar la inflación.
La historia propia constituye una advertencia de que diluir el objetivo prioritario del Banxico con otras metas conlleva el riesgo de regresar al país a épocas de inflación elevada sin avance económico.
La teoría y la práctica monetaria internacional refuerzan esta alerta. La inflación constituye un impuesto a los saldos monetarios, que daña a las personas con ingreso fijo e incrementa los costos operativos de las empresas. Asimismo, cuando es elevada y volátil, dificulta la planeación, incrementa las primas por riesgo, induce errores de decisión, desincentiva la inversión y, finalmente, frena la expansión de la economía.
Es bien sabido que el crecimiento económico de largo plazo depende de factores reales, no monetarios, como la acumulación de capital y la innovación, los cuales, a su vez, requieren un ambiente propicio para su florecimiento. La lista de elementos de ese entorno es debatible, pero sin duda abarca la provisión de bienes públicos de calidad, entre los que destaca la estabilidad de precios.
Como la inflación tiene, en última instancia, un sustrato monetario, los bancos centrales deben controlarla. La mayoría de estos institutos establece como objetivo prioritario la estabilidad de precios. La razón de esta priorización es práctica: con un mandato dual, las metas pueden entrar en conflicto, ante lo cual los bancos centrales pueden sentirse tentados a sacrificar la estabilidad por una ganancia, aunque sea de corto plazo, en otros objetivos. Esta desviación puede resultar muy onerosa si se traduce en un aumento de la inflación y un desanclaje de las expectativas inflacionarias. La falta de compromiso con la estabilidad de los precios debilita la efectividad de la política monetaria, incrementando el costo social de reducir la inflación.
Así, no debe sorprender que los bancos centrales enfocados en la estabilidad de precios tiendan a registrar un mejor desempeño macroeconómico, incluyendo una inflación más baja y un crecimiento económico más estable, que aquellos dispersos en varios objetivos. En años recientes, muchos bancos centrales con fuerte preferencia antinflacionaria han logrado grandes avances en el control inflacionario mediante esquemas de objetivos de inflación.
El mandato dual del Fed es un mal ejemplo para el Banxico. Se impuso en 1977, en medio de una de las inflaciones más elevadas de ese país, y en la práctica, cuando la inflación se ha elevado, el Fed ha dado prioridad al objetivo de estabilidad de precios sobre el de empleo. Tal vez no exista una mejor comprobación de esta priorización que el extraordinario apretamiento monetario conducido por el presidente de ese banco central, Paul Volcker, de finales de 1979 a 1982, para controlar la inflación, que implicó dos recesiones consecutivas.
Finalmente, dos razones adicionales ponen en entredicho la conveniencia de un mandato dual para el Banxico. Primero, después de tres años de convergencia al objetivo, desde 2017, la inflación anual de México ha promediado 5.2 por ciento. Un mandato dual se convertiría en una excusa adicional para la tolerancia del Banxico con la inflación.
Segundo, y más importante, México se ha mantenido como un país subdesarrollado no por la política monetaria reciente, sino por un marco de políticas gubernamentales adverso a los negocios, cuyo cariz negativo se ha profundizado desde la administración anterior. Cargar al Banxico con la meta del desarrollo económico resultaría, por decir lo menos, una irresponsabilidad.