Fiscalía niega que haya pedido absolutoria de Celso Gamboa para acelerar proceso de extradición
El Ministerio Público solicitó este miércoles la absolutoria para el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal subrogante Berenice Smith, en el juicio en el que se les señala por el presunto delito de tráfico de influencias.
Al finalizar la sesión, en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, la fiscala Natalia Villalta aseguró que la petición de absolutoria no está relacionada con el proceso de extradición que afronta Gamboa desde su detención el 23 de junio anterior.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exministro de Seguridad y exfiscal adjunto, fue aprehendido con fines de extradición a Estados Unidos, tras una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo señala por posible trafico internacional de drogas.
“Nosotros también somos conscientes de la existencia de ese proceso; sin embargo, no fue un motivo por el cual nosotros nos decantamos en hacer una solicitud de esta naturaleza”, afirma Villalta.
“Teníamos que analizar lo que tuvimos a nuestro haber durante este contradictorio (...) independientemente de que hubiera o no un proceso de extradición en contra de don Celso. Nuestras fuerzas estaban centradas y guiadas en este proceso”, añadió.
La acusación presentada por la Fiscalía el pasado 22 de julio, durante el primer día de debate, señala que el supuesto tráfico de influencias habría ocurrido en enero del 2016, cuando, en apariencia, Gamboa y Smith habrían influido para que el nombre de Araya fuera retirado del sistema informático del Ministerio Público, por una causa en la que figuraba como sospechoso de un delito contra la hacienda pública.
En apariencia, el objetivo habría sido que Araya se presentara libre de cuestionamientos previo a las elecciones municipales de ese año, para las cuales se lanzaba como candidato.
Para ello, Gamboa y Smith habrían ejercido presiones para que Natalia Rojas Méndez, quien en ese entonces laboraba en la Fiscalía Adjunta de Transparencia y Anticorrupción, llevara a cabo el trámite.
De acuerdo con las conclusiones presentadas por el fiscal Carlos Rodríguez Ovares, el principal motivo por el que se solicitó la absolutoria en este caso radica en que la propia acusación, presentada por la Fiscalía, no define con precisión cuál fue la presión que se habría ejercido sobre Rojas, para que ella ordenara borrar el nombre del exalcalde josefino del sistema.
Proceso de extradición
El artículo 3, inciso c de la Ley de Extradición establece que Costa Rica no permitirá la extradición cuando la persona esté siendo juzgada o haya sido condenada por delito penal cometido con anterioridad al recibo de la solicitud de entrega.
Tras la solicitud de absolutoria por parte del Ministerio Público, es necesario esperar a que la sentencia —que será dictada por un tribunal en los próximos días— quede en firme.
Eso facilitaría el proceso de extradición, pues no tendría este proceso judicial en curso, ni una condena que cumplir.
Sin embargo, Gamboa figura en otro expediente judicial, donde se le atribuyen aparentes delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio por supuestamente dar una ayuda indebida al empresario Juan Carlos Bolaños en una diligencia judicial y, en apariencia, por haber mentido ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso conocido como “cemento chino”.
Al tratarse de un caso cuya acusación y solicitud de apertura a juicio se realizó antes de la petición de extradición, deberá resolverse antes de tramitar la eventual entrega de Gamboa a Estados Unidos.
Aunque existe la posibilidad de que sea extraditado de manera temporal para que resuelva su situación jurídica allá y después regrese a Costa Rica.
El Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América, firmado en 1990 —que está por encima de Ley de Extradición— dispone que Costa Rica podría entregar a Gamboa temporalmente a ese país para que sea procesado en ese país.
Eso sí, allá deberá estar detenido y deberá ser devuelto después de que concluya el proceso en su contra, en este caso en Texas, para que venga a cumplir sus procesos acá.