La estrategia de Koldo y Ábalos contra la auditoría de Óscar Puente

Koldo García se une a la "batalla judicial" de José Luis Ábalos contra las encargadas de realizar la auditoría de su gestión en el Ministerio de Transportes. El exasesor ha interpuesto una querella para que la Justicia aclare si hubo irregularidades en la elaboración de este documento que fue realizado por dos altos cargos de la cartera de Óscar Puente.

Ábalos interpuso el pasado lunes la primera de las querellas por "falsedad documental" y "falso testimonio de perito" contra las autoras de la auditoría sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el "caso Koldo". Un camino que ahora ha seguido su exasesor Koldo García, según aseguran fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

El exministro se apuntaba contra Belén Villar, quien fue jefa de Gabinete del subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, hasta marzo de 2022 y que actualmente es la directora general de Organización e Inspección. Es la funcionarios "a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza el Informe resultante de la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible". Junto a ella, también se apunta a Belén Roel, "persona que elabora y firma el informe".

Las querellas de Ábalos y Koldo comienzan advirtiendo que la decisión de Óscar Puente de ordenar esta auditoría "carece de justificación alguna" porque "su proyección no fue el control interno", sino "la inmediata difusión de sus conclusiones pretendiendo mostrar a la opinión pública transparencia, distancia y alejamiento de los anteriores responsables del Ministerio".

"No es una auditoría, no cumple el mínimo estándar que integre tal actuación en el ámbito de una organización en cuanto a revisión y análisis de procedimientos no integrando el mínimo criterio de imparcialidad", señala el escrito del exministro al que tuvo acceso LA RAZÓN.

"Alteraciones sustanciales de la realidad"

El exministro y quien fuera su asesor afirman que en este informe "se ocultan datos esenciales, se tergiversan declaraciones y se construye una narrativa documental carente de veracidad y rigor técnico, constituyendo, en consecuencia, una presunta falsedad documental de carácter público".

Otros de los aspectos que se critican que es el informe "lejos de limitarse a la función de control interno que corresponde a una inspección administrativa" fue "difundido inmediatamente a través de la página web del Ministerio y de los medios de comunicación, generando una presión mediática sin precedentes". El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional solicitó su incorporación al procedimiento penal que se usó como base sustancia de la imputación de Koldo y Ábalos ante el Tribunal Supremo.

"Su uso revela una intención de influir en la interpretación de los hechos, lo que da lugar a la sospecha legítima de falsedad ideológica o manipulación de información pública, lo que evidencia una voluntad deliberada de orientar su contenido para incriminar al querellante. En dicho informe se incurre en alteraciones sustanciales de la verdad, con carácter doloso y propósito intencionado, por parte de las funcionarias responsables de su redacción y firma", denuncian las querellas que ahora se están tramitando.

El exministro y Koldo subrayan que la auditoría practicada tiene contradicciones con uno de los informes del Tribunal de Cuentas. Es el análisis relativo al precio pagado por las mascarillas y por el plazo en el que se adquirió este material sanitario. Otros de los factores sobre los que ponen el foco es en la "ocultación de la información esencial de las declaraciones".

Las cifras de las mascarillas

A juicio de Ábalos y su exasesor, el informe de auditoría omite deliberadamente un documento clave: el cuadro de previsión de necesidades elaborado por la Dirección General de Organización e Inspección. Dicho cuadro establecía una previsión de 4 millones de mascarillas para un periodo de quince días, como parte del cálculo logístico necesario para dotar de protección al personal de los organismos portuarios.

Una estimación que se basaba en el consumo previsible por trabajador, la rotación de turnos y la necesidad de garantizar un stock mínimo de seguridad. Finalmente se duplicó esta cifra en base al impacto de la crisis sanitaria.

Sin embargo, el informe de auditoría, lejos de mencionar la existencia de este cuadro ni evaluar su impacto en la toma de decisiones, introduce directamente la cifra de 8 millones sin explicación alguna, y sin asociarla a proyección técnica o documento interno alguno.

Asimismo, tanto el exministro como Koldo aportan en su querella las exclusivas publicadas por LA RAZÓN donde un exalto cargo de Transportes denunciaba que se manipulaban informes. De esta forma, ambos investigados por el Tribunal Supremo solicitan a la Justicia que ahonde por esta vía para aclarar si hubo irregularidades en la auditoría. Un documento que les dejó al borde de la imputación que se acabó formalizando por Leopoldo Puente.