Entre la urgencia y la conveniencia: Congreso evalúa propuestas que relajan controles de compras públicas

La ley de agilización de inversión pública, que permitiría a alcaldes, diputados y a las dependencias del Ejecutivo evadir ciertos controles de transparencia, aún no tiene el respaldo de los bloques en el Congreso. La oposición, por su parte, ha aprovechado esa urgencia por mejorar la ejecución para desempolvar una iniciativa que permanecía engavetada.

Por qué importa. Ambas propuestas han sido objeto de críticas por parte de analistas, quienes advierten que se debilitan los mecanismos de control, lo que representa un retroceso en materia de transparencia. Además, alertan que estas medidas podrían abrir la puerta a posibles prácticas corruptas.

• El oficialismo ha reconocido las dificultades para avanzar en la ejecución del gasto. Muestra de ello es que, al cierre de julio, solo se había ejecutado el 22.24 % del presupuesto asignado a los consejos departamentales de desarrollo (CODEDE): apenas GTQ 2272M de un total de GTQ 12 262M.
• La iniciativa ni siquiera ha iniciado el proceso de aprobación, ya que apenas se presentó el 14 de julio de este año. En la sesión de ayer fue remitida a las comisiones de Finanzas, y de Economía para dictamen.
• En tanto, la propuesta que empuja Allan Rodríguez, jefe de bloque de Vamos, ya superó su primer debate desde noviembre de 2024.

Visto y no visto. La urgencia del Gobierno por mejorar la ejecución y acelerar la realización de obras públicas lo llevó a presentar la iniciativa de ley firmada por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala. Sin embargo, la oposición aprovechó ese contexto para impulsar su propia propuesta, que había quedado en pausa en 2024.

• La mayoría de bloques aún no han fijado una postura clara. Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, dijo que las propuestas deben ser estudiadas.
• En la misma línea se refirió Elmer Palencia de la bancada Valor al señalar que “toda iniciativa debe ser discutida”.
• No obstante, pese a la falta de una posición definida, los jefes de bloque sí respaldaron que la propuesta fuera incluida en la agenda legislativa.

En conclusión. Lo que es un hecho, es que ambas iniciativas, tanto la del oficialismo como la de la oposición, comparten un punto crítico: busca eludir o debilitar controles de transparencia.

• La urgencia del Gobierno por mejorar los niveles de ejecución es tal, que parece estar dispuesto a correr el riesgo de flexibilizar los mecanismos de control, pese a lo que esto puede representar.
• En tanto, la oposición, ni lenta ni perezosa, ha aprovechado el momento para reactivar su propia propuesta que también representa un riesgo, pues aumenta a GTQ 2M las compras directas y fija un nuevo límite de baja cuantía de hasta GTQ 90 000.
• Esta coyuntura evidencia cómo la presión por ejecutar los recursos puede abrir un espacio a decisiones que, aunque parezcan como oportunas en lo operativo, podrían debilitar los sistemas de control y facilitar prácticas corruptas.