El boomerang del nepotismo en la Junta de Andalucía: el PSOE mete a las parejas de los consejeros en la arena política

En la política andaluza se ha instalado la idea de que el PP de Juan Manuel Moreno ha calcado al dedillo el manual de gobierno de Manuel Chaves, presidente socialista durante 19 años consecutivos, copiando estrategias, discursos y hasta campañas de promoción. Esto, más de una vez, ha maniatado al PSOE para ejercer como principal partido de oposición.

Pero los socialistas han empezado ahora a girar las tornas, replicando algunas de las estrategias que el PP usó contra ellos cuando gobernaban, con el mismo objetivo que busca Moreno al emular sus formas: hacer que sus acciones y sus palabras se vuelvan contra ellos.

Así, el PSOE andaluz ha registrado en el Parlamento una iniciativa para obligar a los altos cargos del Gobierno andaluz a publicar su “declaración de intereses económicos, bienes patrimoniales, participaciones societarias y fuentes de renta” -reforzando las obligaciones que ya establece la ley-, pero también la de “sus cónyuges y familiares convivientes, especialmente cuando existan vínculos en sociedades, entidades mercantiles o patrimonios compartidos”.

El equipo de María Jesús Montero, pilotado desde Andalucía por la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, María Márquez, replica así la estrategia clásica que el PP usó en la década del 2000 -a la caza de casos de “enchufismo y nepotismo” en el Gobierno de Manuel Chaves- y volvió a usar en 2015, ya con Moreno al frente del partido.

Con sus mismas palabras, los socialistas piden ahora que las cuentas de sus parejas y familiares aparezcan en el Registro de Altos Cargos e Incompatibilidades de la Junta de Andalucía, y que la Oficina Antifraude haga “auditorías aleatorias y rotatorias” sobre sus declaraciones de bienes, intereses y actividades.

El PSOE registró la proposición no de ley justo antes de que se cerrase este periodo de sesiones, pero aguardará a la vuelta del verano para llevarla a Pleno, con el reinicio del curso político. Fuentes socialistas adelantan que en la defensa de esta iniciativa reclamarán los datos fiscales de la mujer del presidente Moreno y de las parejas de todos sus consejeros.

Los de Montero son conscientes de que es una estrategia “de política dura”, pero han perdido el complejo de usar herramientas gruesas, viendo cómo el PP “lleva años” blandiendo estas mismas armas: contra la mujer del exlíder del PSOE-A, Juan Espadas, o contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, imputados ambos en sendos procedimientos judiciales.

El “nepotismo” falso de la exconsejera de Justicia

Era el mes de abril de 2005, el PSOE de Chaves acababa de arrasar en las elecciones andaluzas, cuando la diputada y vicesecretaria general del PP, Esperanza Oña, acusó a bocajarro a la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, de tener colocados a dos hermanos en la Junta de Andalucía.

Se demostró enseguida una acusación falsa, basada únicamente en la coincidencia del apellido Naranjo. La consejera envió un requerimiento notarial a Oña para que rectificara, la diputada popular admitió el “error”, y la mentira fue retirada del diario de sesiones del Parlamento. Pero el PP andaluz decidió explotar aquella estrategia: “En los próximos días se hablará de enchufismo hasta la saciedad”, avisó Oña, que entonces era número tres del partido.

En efecto, los días siguientes el PP andaluz registró una batería de preguntas parlamentarias por escrito para conocer los cónyuges, descendientes y otros parentescos familiares de miembros del Gobierno de Chaves que trabajaban para la Junta de Andalucía o sus empresas auxiliares.

Los populares inundaron la Administración con la misma pregunta, registrada en los servicios centrales y en las ocho delegaciones provinciales, provocando una sobrecarga burocrática en todas las consejerías que hizo inviable responder en tiempo y forma. El PP también usó ese tapón que habían provocado para acusar al Gobierno andaluz de “no responder al 80% de las preguntas” dirigidas por la oposición, aunque el grueso de esas preguntas era una misma pregunta.

Todos los diputados andaluces están obligados a presentar su declaración de la renta, de bienes, intereses y actividades, una información que está disponible en la web del Parlamento y que se actualiza regularmente. A las puertas de las elecciones autonómicas de 2012, con el PP de Javier Arenas disparado en las cuestas, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, hizo pública su declaración de la renta (y la de su mujer) en pleno debate parlamentario.

Con este gesto, arrastró a los 109 diputados de la Cámara a seguir su ejemplo. Todos fueron publicando su declaración de la renta en los días siguientes, excepto el líder de la oposición. Arenas se demoró 16 días y, cuando finalmente se decidió a hacerlo, afloró un sobresueldo que le pagaba el partido -“gastos de representación”- y se demostró que, en conjunto, cobraba más que el propio presidente de la Junta. Hasta ese mismo instante, el dirigente popular había defendido en el Parlamento que ningún alto cargo o político debía obtener más ingresos que Griñán.

Susana Díaz seguiría el ejemplo de su predecesor. En 2015, teniendo enfrente a Moreno Bonilla recién aterrizado como nuevo líder del PP andaluz, éste empezó a presionar con el tema de los ingresos de los cónyuges de la presidenta y sus consejeros. Díaz hizo pública su declaración y la de su marido -fue la única de los dirigentes políticos del parlamento que lo hizo- que posteriormente se haría popular gracias a la famosa frase que pronunció la presidente en la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación. “Me he casado con un tieso”, dijo.

Los diputados y miembros del Gobierno andaluz están obligados a presentar su declaración de la renta cuando toman posesión del escaño. Tras una reforma del reglamento del Parlamento, se incluyó hacer pública parte de esa información, pero se mantuvo como voluntario el hacer público también los datos de sus cónyuges y parejas.