El modelo de Renovación Popular, por Diego García-Sayán

Ha sido claro el exministro Gino Costa en entrevista con La República: Renovación Popular forma parte de la coalición congresal del Pacto Corrupto que, entre otras cosas, busca acabar con la independencia judicial, empezando por capturar el Ministerio Público para archivar investigaciones fiscales y perseguir a jueces, fiscales y policías independientes.

Costa advierte que el Pacto —del cual López Aliaga ha sido socio, a pesar de que, de cara al marketing electoral, empiece a soltar mensajes contra el gobierno— ya controla la Presidencia, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Y ahora apunta al Ministerio Público y al Poder Judicial.

A medida que se acercan las elecciones generales de 2026, Renovación Popular (RP) intensifica su ofensiva política con una combinación preocupante de reformas electorales regresivas, comisiones investigadoras viciadas y un discurso público marcado por la injuria y el insulto. Su líder, Rafael López Aliaga, no solo ha promovido iniciativas que debilitan la representación democrática, sino que ha convertido la difamación en su fundamental herramienta cotidiana, acusando sin pruebas a sus críticos de “terroristas”, en una estrategia que busca silenciar la disidencia y activar miedos históricos.

Pero el problema va más allá del lenguaje que usa este personaje, el único alcalde metropolitano que ha perdido el grado de inversión de la Municipalidad por su pésima gestión. ¡Y, así, pretende ser presidente del Perú!

El “gato despensero

La comisión investigadora congresal, presidida por Alejandro Muñante, también de RP, ejemplifica la estrategia. Como ha denunciado Gustavo Gorriti en su respuesta pública a la citación de dicha comisión, esta instancia está atravesada por graves conflictos de interés: Renovación Popular (RP), precisamente, está siendo investigada por la justicia por lavado de activos (aportes de Odebrecht y OAS, presuntamente a través de TELESUP). Y el asesor principal de Muñante ha sido abogado de investigados por lavado de dinero del caso Lava Jato. Y, antes de asumir funciones, denunció penalmente a los fiscales que promovieron el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Renovación Popular difundió un comunicado mentiroso, en el que abiertamente trata de engañar para esconder esta investigación a su protagónico asesor.

“Todo en casa…”

Por cierto, a esto se suma la mala gestión de López Aliaga como alcalde de Lima, calificada por Gino Costa, con razón, como una de las peores que ha tenido la ciudad. Su administración está marcada por improvisación, falta de planificación y decisiones que han profundizado el déficit fiscal irresponsable, por sus dimensiones, inusual en el país.

El respetado Consejo Fiscal ha expresado varias veces profunda preocupación por la gestión financiera de López Aliaga, calificándola como una “peligrosa situación de sobreendeudamiento”, con la que no solo compromete la sostenibilidad fiscal de la Municipalidad de Lima, sino que también representa un riesgo para las finanzas públicas del Perú, al trasladar, potencialmente, responsabilidades al Gobierno central. Estas advertencias se han reiterado en reportes de 2023, 2024 y 2025, destacando la necesidad de mayor disciplina fiscal y transparencia en las operaciones de la gestión de López Aliaga.

Y… nada. “Salvado” por el Pacto. Mala gestión municipal que ha resultado en la muy grave pérdida del grado de inversión de la ciudad y un sobreendeudamiento que perjudicará a varias gestiones futuras.

Los abogados “amigos”

Otro de los actos escandalosos de la gestión López Aliaga: los contratos —millonarios y sin concurso— con el despacho neoyorquino de abogados Boies Schiller Flexner LLP, representado por Martín de Luca, amigo personal de López Aliaga y cercano al entorno de Donald Trump. Entre enero de 2024 y marzo de 2025, la Municipalidad de Lima suscribió nueve contratos con este bufete por un total de S/ 97,5 millones, supuestamente para litigar contra las concesionarias de peajes Rutas de Lima y Lima Expresa.

Resultado: cero “goles”. Hasta la fecha, no se ha obtenido ningún resultado favorable en los tribunales estadounidenses. Y varios contratos han sido declarados “confidenciales”, impidiendo el acceso público a sus términos. La opacidad, el gasto desproporcionado y la falta de resultados evidencian una gestión marcada por el despilfarro y el favorecimiento de intereses personales.

Riesgos agravado

La eventual asunción del poder gubernamental por esa agrupación “política” apuntaría a la temible consolidación de un modelo político que combina autoritarismo discursivo, captura institucional y gestión pública irresponsable. Pondría en grave riesgo la independencia de los poderes del Estado, la lucha contra la corrupción y la estabilidad democrática, además del grado de inversión, esta vez del Perú.

Es seguro que la ciudadanía mirará más allá del ruido mediático y los slogans. En tiempos de crisis institucional, elegir con responsabilidad no es solo un derecho: es un deber democrático.