Pena de muerte por tráfico de migrantes: la nueva estrategia de Etiopía contra la salida irregular
La pena de muerte no es una condena habitual en Etiopía. El último caso documentado del que se dispone ocurrió el 6 de agosto de 2007, cuando el mayor Tsehaye Woldesellasie fue fusilado, tras matar él a su vez a Kinfe Gebremedhin, un alto funcionario cercano al entonces primer ministro Meles Zenawi, enfrente de un club de oficiales del ejército. Este miércoles se cumplen 18 años exactos desde la última ejecución legal en Etiopía; y resulta paradójico que este lunes se anunciara en Etiopía la condena a muerte de cinco personas implicadas en delitos de trata de personas y de cruce ilegal de fronteras.
La decisión del tribunal ha tenido una gran resonancia en el país africano. Aunque es habitual que los condenados a la pena capital gocen de permutaciones que la transformen en cadena perpetua, el anuncio realizado por el Ministerio de Justicia pone en relieve la determinación del Gobierno etíope de limitar el cruce irregular de fronteras. Una actividad que ha aumentado en los últimos años.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 se estimaba que aproximadamente 1.2 millones de etíopes residían en el extranjero. De los cuales, aproximadamente el 31% se dirigieron a Arabia Saudita. Esta tendencia adquirió números considerables en el transcurso de la guerra de Tigray (2020-2022), cuando más de un millón de personas abandonaron sus hogares en dirección a Sudán, Yemen y Arabia Saudita, principalmente. Aunque el conflicto concluyó con la firma de la paz en Pretoria, la tendencia migratoria en dirección al Golfo, acumulada a lo largo de los años, tomó un cariz rutinario para aquellos que buscan nuevas oportunidades lejos del hogar.
Aunque Europa también es un destino codiciado, el objetivo de un número considerable de migrantes etíopes consiste en cruzar el mar Rojo, Yemen, y luego radicarse en los países del Golfo, aunque aquí también enfrentan complejas dificultades. Hace escasas semanas que decenas de inmigrantes etíopes se ahogaron en las costas de Yemen. Una vez desembarcan, deben cruzar un país sacudido por la guerra desde hace una década, y luego contentarse con empleos de baja remuneración y escasas garantías en los países de destino. Además, el sistema de kafala puede considerarse como una puerta al abuso de los migrantes por una serie de motivos.
¿En qué consiste el sistema Kafala?
El sistema kafala, común en diversos países del Golfo, especifica que un trabajador extranjero (como un etíope) necesita un patrocinador local (normalmente su empleador) para poder entrar, vivir y trabajar legalmente en el país. Ese patrocinador se llama "kafeel". La dependencia del extranjero en el kafeel es absoluta: no puede cambiar de oficio sin su consentimiento, el kafeel puede retener el pasaporte del extranjero y limitar sus salidas del país.
Esto facilita extorsiones, reducciones de salario y abusos laborales, considerando que el extranjero no suele acudir a las autoridades por temor a perder el favor del kafeel y quedarse sin empleo. Esta serie de dinámicas ha llevado a que organizaciones como Human Rights Watch hayan denunciado que el sistema kafala permite condiciones de explotación laboral parecidas a la esclavitud moderna.
A esto habría que añadirle las redadas periódicas de las autoridades sauditas en áreas residenciales de mayoría migrante y la consiguiente deportación de los apresados, que muchas veces son expulsados a sus países de origen tras haberles sido requisados los ahorros que fueron guardando para su regreso. Esta cadena de penurias ha llevado a que el Gobierno etíope haya valorado la importancia de combatir la inmigración irregular desde su lado de la frontera, imponiendo penas cada vez más estrictas a los traficantes.
Los cinco hombres condenados a muerte el pasado lunes, precisamente, estaban relacionados con operaciones a lo largo de la peligrosa "ruta oriental", la ruta utilizada por quienes viajan desde el Cuerno de África a través del Mar Rojo y Yemen, hasta los Estados del Golfo. El mensaje del Gobierno etíope es claro: si participas en el tráfico de personas, la muerte es una posibilidad.
La pena que antes se aplicaba a crímenes violentos, o a aquellos que provocaban graves daños al patrimonio etíope, ahora cuentan con un precedente aplicable a las mafias encargadas de escurrir a personas al otro lado de la frontera; personas que se exponen a la muerte en el mar Rojo y a los abusos en su país de destino, antes de ser repatriados de vuelta a Etiopía para empezar como salieron.