Supervisión internacional frente al caso de Julia Chuñil y la economía del genocidio en Gaza
Agenda Derechos Humanos
“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este año 2025, atendido el contexto internacional, se ha decido ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.
Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.
En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, abordamos las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el asunto sobre la desaparición de Julia Chuñil y el último informe de la Relatora Especial, Susana Albanese, sobre las bases económicas del genocidio en Gaza.
La Supervisión Internacional en Derechos Humanos
La supervisión internacional en derechos humanos es un conjunto de mecanismos creados por organismos intergubernamentales para monitorear el cumplimiento de los Estados con sus obligaciones en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) o la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948). Estos mecanismos buscan prevenir violaciones de derechos humanos, exigir rendición de cuentas y proteger a personas o grupos en riesgo, especialmente en contextos de violencia sistemática o estructural. Los sistemas regionales, como el de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y globales, como el de las Naciones Unidas (ONU), operan a través de órganos especializados que incluyen comisiones, tribunales y relatorías, los cuales emiten resoluciones, informes y recomendaciones vinculantes o de alta autoridad moral.
En esta edición de Agenda Derechos Humanos queremos destacar dos de estos mecanismos. Uno es el de las “medidas cautelares” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es el de los informes de las “relatorías especiales” del Sistema de Naciones Unidas. Las medidas cautelares, reguladas por el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son disposiciones vinculantes que ordenan a los Estados tomar acciones inmediatas para proteger a personas o grupos en situaciones de “gravedad y urgencia” que enfrentan riesgos de daño irreparable a sus derechos fundamentales, como la vida o la integridad personal. La CIDH, como órgano principal de la OEA, evalúa solicitudes de medidas cautelares con base en criterios estrictos, emitiendo resoluciones que obligan a los Estados a adoptar medidas de protección, investigación o reparación. Estas medidas son esenciales en casos de desapariciones forzadas, amenazas a defensores de derechos humanos o conflictos territoriales, como el de Julia Chuñil.
Por su parte, los informes de las relatorías especiales de la ONU, establecidas por el Consejo de Derechos Humanos, son resoluciones que abordan en profundidad un tema referido a los mandatos conferidos a expertos independientes para investigar, documentar y reportar violaciones de derechos humanos en temas o regiones específicas. Los relatores, como Francesca Albanese para los Territorios Palestinos Ocupados, producen informes que analizan patrones de violaciones, identifican responsables y formulan recomendaciones no vinculantes, pero de gran peso político y moral. Estos informes son herramientas clave para visibilizar crímenes internacionales, como el genocidio, y presionar a los Estados y actores corporativos para que rindan cuentas. Ambos mecanismos, medidas cautelares e informes de relatorías especiales, son pilares de la supervisión internacional, complementando la acción de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional (CPI).
Julia Chuñil: La Desaparición como Síntoma de la Impunidad
El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil, defensora de 900 hectáreas de bosque nativo frente a la industria forestal, fue vista por última vez en la Reserva Cora 1-A, acompañada de su perro Cholito. Más de ocho meses después, la investigación del Ministerio Público chileno no ha arrojado resultados significativos, profundizando la incertidumbre de su familia y comunidad. La Resolución 48/2025 de la CIDH, emitida el 14 de julio de 2025, declara que Chuñil se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable” a sus derechos a la vida e integridad personal. La CIDH exige al Estado de Chile redoblar esfuerzos para determinar su paradero, informar a la familia sobre los avances investigativos y adoptar medidas para prevenir la repetición de estos hechos, en un plazo perentorio de 15 días.
La desaparición de Chuñil no es un hecho fortuito. Su liderazgo en la recuperación de tierras ancestrales desde 2015 la convirtió en blanco de amenazas. Huellas de una camioneta y objetos personales hallados en el lugar sugieren una desaparición forzada. Sin embargo, la investigación chilena adolece de graves irregularidades: rotación de cuatro fiscales, desconexión en las líneas investigativas, un secreto prolongado de 40 días adicionales desde enero de 2025 y la ausencia de declaración del sospechoso principal. Más alarmante es la intimidación a la familia, como el interrogatorio sin abogado a la hija de Chuñil, Jeannette Troncoso, acompañado de gestos intimidatorios por un suboficial de LABOCAR en presencia de la fiscal Tatiana Esquivel.
Estas fallas violan los estándares de debida diligencia establecidos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) y reflejan una omisión estatal que perpetúa la vulnerabilidad de los defensores indígenas. América Latina registró 196 asesinatos de activistas ambientales en 2023, según Global Witness, en un contexto donde el Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022, pero no plenamente implementado, obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para estos defensores. La inacción en el caso de Chuñil evidencia un incumplimiento de estas obligaciones, reforzando la impunidad frente a los intereses extractivistas.
La Resolución 48/2025 de la CIDH, dispone en concreto que el Estado:
- redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura; y
- informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición, manteniendo informada a la familia de la persona beneficiaria, según corresponda.
De esa forma, al exigir acciones inmediatas, la CIDH pone a prueba la voluntad del Estado chileno para cumplir con sus compromisos internacionales, destacando el rol crítico de la supervisión interamericana en casos de violencia estructural.
La Economía del Genocidio: Palestina como Espejo Global
La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, presentado el 3 de julio de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, expone cómo la ocupación israelí de los Territorios Palestinos desde 1967 ha evolucionado hacia un sistema económico que lucra con la destrucción sistemática del pueblo palestino. La misma relatora Albanese, en julio de 2024, había denunciado en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la grave situación en Gaza, a esa fecha, ya con más de 30,000 muertos, incluyendo 13,000 niños, el 70% de las viviendas destruidas en Gaza y desplazamientos masivos; así, Albanese acreditaba actos genocidas conforme a la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948: matanzas, lesiones graves y condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física de un grupo étnico, respaldadas por declaraciones de autoridades israelíes que evidencian intención genocida.
Ahora bien, para entender los alcances de la supervisión internacional en el caso de Gaza es importante tener presente que para que un genocidio pueda mantenerse en el tiempo es necesario que concurran algunos elementos de contexto: capacidad militar y económica, apoyo político y una justificación jurídico-cultural. Estos podemos denominarlos los pilares del genocidio y, por tanto, cualquier actuación internacional destinada al cese de la destrucción del pueblo gazatí necesita horadar estas bases.
El informe 2025 de la Relatora Especial Francesca Albanese apunta, precisamente, a uno de estos pilares, el ámbito económico tras el genocidio en Gaza. El informe identifica tres ámbitos principales donde se da la economía que ha sustentado la ocupación y el genocidio. Estos campos son: desplazamiento del pueblo palestino, el reemplazo en los territorios ocupados por colonos israelíes, y los facilitadores económicos y culturales del proceso contra el pueblo palestino.
En un detallado estudio la Relatora Especial destaca ocho industrias claves: militar, vigilancia tecnológica, maquinaria pesada, construcción, explotación de recursos naturales, comercio, financiera y universitaria. Algunos ejemplos son relevantes para comprender los alcances y la magnitud de la economía de la ocupación y la economía del genocidio. Así, por podemos destacar el aumento del presupuesto militar israelí de 4.2% a 8.3% del PIB, el crecimiento del 213% de la Bolsa de Tel Aviv ($225,700 millones en 20 meses) y la complicidad de corporaciones como Lockheed Martin, Elbit, Caterpillar, Google, Microsoft y Chevron no solo la ocupación del territorio palestino, sino que también en el genocidio actualmente en curso, así como su rol relevante en la vigilancia, demolición y apropiación de recursos del pueblo palestino. Asimismo, el informe da cuenta del apoyo financiero a la ocupación y el genocidio por parte de la industria financiera internacional, al efecto, señala bancos como Blackrock y Barclays, como parte de este apoyo. Por último, el informe da cuenta de la responsabilidad de universidades israelíes tanto en el proceso de ocupación como en el genocidio mismo.
De esta forma, las corporaciones y sus ejecutivos han lucrado y facilitado la economía israelí para desatar el horror contra el pueblo palestino en los territorios ocupados desde 1967 y, en particular, en contra del pueblo gazatí desde octubre de 2023. Igualmente, la Relatora Especial, denuncia que el financiamiento y legitimación la ocupación y el actual genocidio violan los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (2011) y pueden comprometer la responsabilidad penal internacional tanto de las corporaciones como de sus ejecutivos.
El informe concluye que el genocidio en Gaza es un negocio lucrativo inserto en un “capitalismo racial colonial”, donde la ocupación se sostiene mediante una economía global que beneficia a empresas, bancos y gobiernos cómplices. Albanese argumenta que la neutralidad de actores como universidades y corporaciones no es una opción, ya que su participación activa o pasiva en la ocupación las convierte en cómplices de crímenes internacionales.
Las recomendaciones de Albanese son un llamado a la acción global para desmantelar esta economía genocida:
- Sanciones internacionales: Ampliar sanciones económicas y políticas contra individuos, empresas y gobiernos que lucran con el genocidio, incluyendo la prohibición de exportaciones de armas a Israel. Estas sanciones deben enfocarse en actores clave de la industria militar y tecnológica que sostienen la ocupación.
- Embargo de armas: Implementar un embargo global de armas para detener el flujo de tecnología militar, como drones y sistemas de vigilancia, que facilitan los ataques en Gaza.
- Cese de acuerdos comerciales: Suspender tratados comerciales con Israel hasta que cese la ocupación y se respeten los derechos palestinos, cortando los incentivos económicos que perpetúan el conflicto.
- Reparaciones económicas: Establecer un fondo internacional para reparar los daños sufridos por los palestinos, financiado por actores cómplices, incluyendo corporaciones y gobiernos que han lucrado con la ocupación.
- Investigación corporativa: Iniciar investigaciones penales y civiles contra corporaciones implicadas, utilizando el marco de la CPI y los Principios Rectores de la ONU para establecer responsabilidades por complicidad en crímenes internacionales.
- Boicot internacional: Promover un movimiento global de boicot, desinversión y sanciones (BDS), inspirado en la lucha contra el apartheid sudafricano, para presionar a Israel y sus aliados económicos. Este movimiento debe involucrar a la sociedad civil, universidades y consumidores para generar un impacto económico significativo.
Estas recomendaciones no solo buscan detener el genocidio, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad corporativa y estatal en contextos de violaciones masivas de derechos humanos. La supervisión internacional, a través de relatorías como la de Albanese, desempeña un rol crucial al visibilizar estos crímenes y movilizar a la comunidad internacional.