Castilla-La Mancha continúa en el grupo de comunidades peor financiadas por el sistema autonómico . Así lo refleja el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por Ángel de la Fuente, que analiza la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023, recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda. El informe vuelve a poner el foco en la persistencia de desigualdades estructurales en el reparto de recursos entre comunidades. Castilla-La Mancha, junto con Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, forma parte del grupo que sistemáticamente recibe una financiación inferior a la media nacional, incluso después de aplicar los mecanismos de nivelación y ajustes normativos previstos en el modelo. En concreto, Castilla-La Mancha contó en 2023 con una financiación efectiva de 3.298 euros por habitante ajustado, lo que la sitúa como la cuarta comunidad de régimen común con menor financiación . Solo Murcia (3.215 euros), Comunidad Valenciana (3.215 euros) y Andalucía (3.235 euros) recibieron menos recursos por habitante. En el extremo opuesto se sitúan regiones como Cantabria (4.313 euros), La Rioja (3.886 euros), Extremadura (3.829 euros), Canarias (3.680 euros), Castilla y León (3.655 euros) y Asturias (3.605 euros) todas por encima de la media nacional con la que se cerró el ejercicio 2023, que fue de 3.415 euros, un 0,79% más que en el año 2022. El índice de financiación relativa -que compara la financiación por habitante ajustado de cada comunidad con la media nacional- revela que Castilla-La Mancha se situó un 3,4% por debajo del promedio, con un índice del 96,6%. Aunque en términos absolutos la comunidad dispuso de unos ingresos de 6.903 millones de euros en 2023, la comparación per cápita ajustada evidencia que el reparto sigue sin responder a las particularidades territoriales de la región . El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido en los últimos años que el nuevo sistema de financiación debe reconocer el sobrecoste de prestar servicios en zonas rurales despobladas y dispersas atendiendo a un criterio de reparto basado en la población ajustada. Asimismo, demanda un modelo que fomente la redistribución de recursos y refuerce el Estado del Bienestar en todas las regiones. Sin embargo, no hay avances. De hecho, en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el pasado mes de junio, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, salió visiblemente «triste y decepcionado». Aunque valoró positivamente el gesto político de celebrar la cita en Cataluña, Page lamentó que la reunión no ofreciera «ningún compromiso» en materia de financiación. La infrafinanciación de Castilla-La Mancha se produce pese a los mecanismos de redistribución del sistema, que compensan a aquellas con menor capacidad fiscal con recursos adicionales. Y eso que Castilla-La Mancha fue una de las regiones más beneficiadas en 2023, al recibir 1.919 millones de euros. Las transferencias percibidas por Castilla-La Mancha a través de los flujos redistributivos representaron un 38,5% de sus ingresos tributarios homogéneos, uno de los porcentajes más elevados del país. Solo otras nueve comunidades superan también el 20% en este indicador. Entre ellas, Cantabria (38,69%), Galicia (38,44%), La Rioja (33,63%), Castilla y León (32,38%), Andalucía (28,37%), Murcia (27,23%) y Asturias (27%). Especialmente llamativos son los casos de Canarias y Extremadura, donde el dinero recibido a través del sistema de financiación supera incluso su propia recaudación: un 99,18% en el primer caso y un 78,53% en el segundo. En sentido contrario, comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares se sitúan como grandes aportantes netas al modelo actual de financiación autonómica. En 2023, Madrid transfirió al sistema de nivelación 7.975 millones de euros, seguida de Cataluña con 2.266 millones y Baleares con 358 millones. Estas cifras suponen entre el 7,81% y el 7,31% de los ingresos tributarios en el caso de Cataluña y Baleares, y del 26,32% en el caso de Madrid. El informe cifra en 23.755 millones el volumen total de recursos redistribuidos entre territorios en 2023 . De ellos, 13.156 millones llegaron del Estado y los 10.599 millones restantes fueron aportados por las comunidades más ricas a la solidaridad interregional.
