¿Década decisiva o década perdida?
¿Cómo se verá México en 2035 si mantenemos el rumbo actual? Hoy el país vive una ruptura política. Luego de lustros de refomas sucesivas que instalaron las condiciones de competencia política en el país, lo que se configura es un nuevo arreglo de poder que no es la restauración priísta, pero tampoco un modelo de gobierno funcional. También inquietante es que, bajo la retórica transformadora, la economía mexicana continúa atrapada en la misma anatomía que ha frustrado el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Si ese diseño no cambia —y todo indica que hoy se consolida— la próxima década puede convertirse en la bisagra que defina si entramos a un ciclo de prosperidad o a una nueva década o décadas perdidas.
Las malas cuentas de la democracia
Diego Castañeda, en su ensayo “Las malas cuentas de la democracia 2000-2024” publicado en Nexos, lanza la pregunta que debe obsesionarnos: ¿para quién gobernó la democracia? Su respuesta es demoledora: el 60 % de los mexicanos perdió o no ganó nada durante el ciclo democrático. Castañeda muestra, con cifras del Coneval y series de ingresos, que la promesa de movilidad se volvió espejismo: las élites capturaron los beneficios de la apertura, mientras la mayoría quedó estancada.
El fracaso se refleja también en la fotografía más reciente del Censo Económico 2024. De acuerdo con el INEGI, 95.4 % de los establecimientos son microempresas; generan apenas 16.1 % del valor agregado. En contraste, un grupo de empresas exitosas —solo 0.2 % del total— concentra más de 54 % de la riqueza producida. No hay país que logre movilidad con semejante dualidad productiva: muchos trabajan mucho para producir poco, mientras muy pocos concentran el valor.
¿Qué falló?
Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva, en ¿Qué falló? México 1990-2023 (también publicado en Nexos), apuntan a la raíz: México apostó a la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, pero descuidó la microeconomía del desarrollo. Persistieron incentivos a la informalidad, un sistema de seguridad social segmentado y una débil política industrial. El resultado es una productividad estancada y salarios reales que no despegan.
Ese diagnóstico explica por qué, al día de hoy, más del 55 % del empleo sigue siendo informal y 60 % de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos. La desigualdad estructural no se abatió; apenas se administró.
La ‘transformación’ que profundiza la dualidad
Frente a este legado, los gobiernos de la transformación escogieron la ruta corta del paliativo a través de programas de transferencias de subsidios directos. Es un alivio inmediato —y políticamente rentable—, pero no altera la estructura productiva que genera la brecha. Peor aún: reformas que reducen la autonomía de la autoridad de competencia o permiten la intervención discrecional en sectores estratégicos envían la señal de que la regla contará menos que la cercanía al poder.
Cuando la política se centraliza y la economía se queda en el mismo molde, el resultado es paradójico: un Estado más grande en gasto social, pero con la misma base productiva frágil. En lugar de desmontar la dualidad, se corre el riesgo de profundizarla, porque los incentivos a permanecer fuera de la economía formal se mantienen y las condiciones que permiten el crecimiento se debilitan.
¿Década decisiva o década perdida?
Si la próxima administración mantiene el doble discurso —transferencias que mitigan y políticas que profundizan la dualidad—, el país llegará a 2035 con: un PIB que crece por debajo del potencial y concentración de valor en un puñado de sectores exportadores. Más de la mitad de la fuerza laboral en la informalidad, sin protección social y un régimen político con contrapesos erosionados, donde la discreción sustituye a la regla y desalienta la inversión de largo plazo.
Levy y López-Calva plantean una hoja de ruta: un sistema de seguridad social universal; una política industrial orientada a integrar micro y pequeñas empresas en cadenas de valor; y un ecosistema de competencia que premie la innovación y no el privilegio. A ello debe sumarse una defensa firme de las instituciones que otorgan certidumbre: sin árbitros autónomos ni poder judicial independiente, cualquier intento de desarrollo incluyente naufragará.
La década que comienza no es una estación intermedia (en esa hemos estado mucho tiempo); es la bisagra que determinará la dirección del país. Si la lubricamos con instituciones confiables y políticas audaces, puede girar hacia un ciclo de prosperidad que debiera ser incluyente. Si la dejamos oxidarse entre informalidad y clientelismo, se convertirá en las nuevas décadas perdidas de este siglo. Cuando el calendario marque 2035 sabremos si la bisagra abrió hacia el futuro o lo cerró.
La década por delante es decisiva porque la inercia puede volverse destino.