Navalcarnero, el municipio sin tren que vive pendiente de la corrupción

Navalcarnero es una localidad de poco más de 30.0000 habitantes que dice adiós a los que abandonan la Comunidad de Madrid por la carretera de Extremadura. Un municipio conocido por su particular versión del cocido y los soportales de su Plaza de Segovia, pero también por aparecer de forma recurrente en los sumarios de casos de corrupción. Baltasar Santos, que fue su alcalde por el PP durante dos décadas, acaba de ser condenado por trocear contratos de forma ilegal mientras los tribunales están pendientes de juzgar uno de los grandes fracasos de la movilidad regional: el fallido tren a Navalcarnero, ahogado entre comisiones ilegales y deudas millonarias.

Esta localidad del suroeste madrileño ha tenido tres alcaldes en democracia. Francisco Sandoval (Independiente), que gobernó entre 1979 y 1983, el actual José Luis Adell (PSOE) que tuvo una primera etapa entre 1983 y 1995 y que lidera la corporación municipal desde 2015, y finalmente Baltasar Santos (PP), que estuvo al frente de la ciudad entre los gobiernos socialistas desde 1995 hasta 2015.

Es la etapa del gobierno del Partido Popular la que ha asociado el nombre de la localidad a la corrupción, aunque con sentencias que llegan una década después y sin formar parte de las grandes causas de la corruptela municipal madrileña como Gürtel o Púnica. Y a una de las grandes polémicas internas que sufrió el PP de Esperanza Aguirre en sus últimos años como lideresa madrileña, cuando tuvo que intervenir con bisturí las listas para sacar a Baltasar Santos, que llevaba 20 años siendo alcalde.

Santos llegó a la alcaldía de Navalcarnero en 1995 después de más de una década de gobierno socialista y desbancando al anterior regidor por 900 votos de diferencia, cuando el municipio tenía un tercio de su población actual. En 2015, mientras una Esperanza Aguirre en el ocaso de su carrera política peleaba con Manuela Carmena por el Ayuntamiento de Madrid, la candidatura de Baltasar Santos a un quinto mandato fue puesta en entredicho por factores con aroma de corrupción: obras inacabadas, sobrecostes, un tren que no llegaba y la amenaza de varias causas judiciales.

Aguirre aprobó la candidatura de Baltasar Santos en un primer momento, pero pocos días después rectificó y fulminó al político. Dos décadas después el PSOE ganó las elecciones del municipio, lejos de la mayoría absoluta pero desbancando al PP del ejecutivo local que tuvo como candidata de urgencia a Esther Platero, hoy diputada regional conocida por cargar contra la asociación de familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia. Santos desapareció del mapa político y la avalancha judicial echó a rodar.

Más de 100.000 euros troceados

El ya exalcalde de Navalcarnero fue imputado en varias causas judiciales relacionadas, sobre todo, con su gestión de los contratos públicos y obras públicas del municipio en su segunda década de mandato, cuando la deuda local superó ampliamente los 100 millones de euros. En una de ellas, Santos acaba de ser condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación, pero en otra ha sido absuelto y se ha librado, en la práctica, de pagar varios millones de euros como pedía el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia de Madrid entendió que tanto el entonces alcalde como uno de sus concejales fragmentaron contratos y pagos sin ningún tipo de control ni expediente por una suma total de 105.000 euros, según reveló Ser Madrid Oeste. Pagos vinculados a las infraestructuras de unos festejos taurinos con el propósito de favorecer a un contratista concreto. “No se trató de una simple irregularidad administrativa sino de una actuación intencionadamente ilegal, arbitraria y reiterada, orientada a beneficiar a un tercero en perjuicio de los intereses públicos”, dijo la Audiencia en una sentencia recurrible.

Otro juzgado de Navalcarnero, mientras tanto, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si varias empresas hicieron pagos ilegales vinculados a adjudicaciones públicas durante su época como alcalde.

El caso más voluminoso, al menos desde el punto de vista económico, ha terminado de manera favorable para Baltasar Santos. El Tribunal de Cuentas llegó a pedir diez millones de euros al entonces alcalde y varios de sus concejales por la responsabilidad contable derivada de irregularidades en la construcción de un polideportivo. Pero las buenas noticias llegaron de la vía penal, donde un tribunal decidió absolverle y eso derivó en el archivo reciente, por parte del Tribunal Supremo, del procedimiento contable que iba a costarle varios millones.

El tren que nunca llega a Navalcarnero

Navalcarnero es una de las últimas localidades de Madrid antes de entrar a la provincia de Toledo por la A-5. Para llegar desde la capital hay que hacer un viaje de una media hora en coche o, si no, subirse a un autobús interurbano que no suele tardar menos de 50 minutos. Pero durante un tiempo la localidad albergó la esperanza de que las líneas de cercanías que llegaban hasta Móstoles siguieran su trayecto hasta el municipio, facilitando la vida a los que día tras día se sumergían en los atascos de la A-5 para llegar al trabajo.

María Dolores de Cospedal era Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre, entonces en su primera legislatura como presidenta regional, prometió que llevaría el tren hasta Navalcarnero ante la inactividad del ejecutivo central. Las previsiones se fueron retrasando hasta que en 2007 la obra empezó a coger forma administrativa: más de 360 millones de euros de presupuesto que fueron adjudicados a OHL.

El tren nunca se construyó –solo recientemente el ministro Óscar Puente ha abierto la puerta a terminar las obras– pero la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional encontraron que alguien sí se benefició al margen del procedimiento legal. La adjudicación de la obra a OHL tuvo detrás una operación de Javier López Madrid, entonces consejero, y el director general de construcción de la compañía, con el pago de una comisión de 2,5 millones a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, supuestamente, Ignacio González, entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre.

Se trata de una de las múltiples piezas separadas del caso Lezo de corrupción madrileña que espera la celebración de un juicio en la Audiencia Nacional desde hace un lustro. La Fiscalía Anticorrupción pidió condenas de cuatro años de cárcel en el caso del expresidente madrileño y de seis años para López Madrid. Según la Fiscalía, los 2,5 millones salieron de una cuenta de OHL con destino a México, de ahí a sociedades que el empresario Adrián de la Joya tenía en Panamá, luego en Suiza y finalmente en manos de Ildefondo de Miguel. El juicio, casi una década después de la apertura de diligencias, aún no tiene fecha para celebrarse.

El tren que iba a conectar Navalcarnero con Móstoles y después con la ciudad de Madrid nunca llegó, pero sí llegaron las supuestas comisiones y las consecuencias económicas para las arcas públicas. La Comunidad de Madrid tuvo que desembolsar 162 millones de euros a OHLA, anteriormente llamada OHL, en 2021 por la liquidación del contrato. La constructora, que supuestamente pagó comisiones a políticos para hacerse con ese contrato, llegó a ir a los tribunales para pedir 50 millones más.