La inmigración se empieza a colocar en el centro del debate político. Una cuestión que se abordará desde diferentes planos en los próximos meses y que amenaza en convertirse en arma arrojadiza entre partidos en las próximas elecciones. El Gobierno de la Junta de Andalucía se mantiene en su posición pese a las presiones llegadas, especialmente desde VOX. Los barones territoriales comparten el mensaje ya difundido por su presidente, Alberto Núñez Feijóo. «La inmigración es necesaria, pero regulada, ordenada y controlada». La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López , asegura que la administración andaluza «no va a cambiar en absoluto» su discurso sobre migración porque «las personas están muy por encima de una fecha electoral». «Compartimos con el presidente Alberto Núñez Feijóo que hace falta migración pero regulada, ordenada y controlada. Lo compartimos plenamente, plenamente. A partir de ahí, todos tenemos un margen de maniobra en función de las características de cada comunidad, porque lo primero es Andalucía«, señala la consejera en una entrevista concedida a Europa Press. La consejera de Inclusión Social contrapone la política de los 'populares' con lo que «está haciendo el Gobierno de España», especialmente, con los menores migrantes. Loles López acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «reventar» el sistema de protección del menor al tratar a los niños migrantes como «mercancía». Preguntada sobre si Andalucía se plantea medidas de presión como la adoptada por la Comunidad de Madrid --cierre de un centro de acogida de menores migrantes solicitantes de asilo--, la consejera asegura que la voluntad de la Junta es «atender niños siempre que podamos. Los niños no son mercancía. El Gobierno debe sentarse a hablar, a planificar, a organizar, a tener una interlocución con la que aseguremos que cuando un niño es trasladado tiene aquí una plaza en un recurso para seguir todo un itinerario. Mi forma de actuar es con la mano tendida siempre que por la otra parte haya también una respuesta. Hasta el momento no la ha habido«. En esta línea, la consejera reconoce que «la otra vía» es la judicial , con un recurso de inconstitucionalidad ya autorizado por el Consejo de Gobierno andaluz. «Pero, insisto, estoy dispuesta a seguir atendiendo niños siempre que no los pongan en peligro como está haciendo el Gobierno de España, porque me está poniendo en peligro la atención de los que va a trasladar y de los que ya están en el sistema. Es muy fuerte». En última instancia, la Junta recuerda que algunos niños, cuando alcanzan la mayoría de edad, «deciden quedarse» dentro del sistema y eso equivale a plazas que son ocupadas, por lo que remarca la necesidad de «coordinación» en los traslados, que «estamos hablando de personas, no de papeles ni de edificios». «Andalucía es solidaria y quiere seguir siéndolo pero dentro de la capacidad del sistema«, puntualiza la consejera, que recuerda que »cuando un niño viene aquí y entra en el sistema de protección, no sólo se le viste, se le calza y se le da de comer... Eso es obvio. Esto va mucho más allá. Estamos hablando de educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales para conseguir la verdadera inclusión del menor«.
