Regulación con brújula, leyes que sean guía y no freno
La transición energética hacia fuentes limpias y renovables no es solo un desafío tecnológico o comercial, sino también un reto profundamente normativo. Un marco legal y regulatorio sólido es la columna vertebral que permite a un sistema energético evolucionar hacia mayor robustez, seguridad, confiabilidad, suficiencia y, no menos importante, hacia la justicia y la asequibilidad para todos.
América Latina, con su vasto potencial solar, eólico e hidráulico, tiene la oportunidad de convertirse en una potencia global en energías limpias. Sin embargo, el potencial no basta, se necesita certidumbre jurídica, reglas claras y procedimientos transparentes. Las leyes, reglamentos y disposiciones deben ser verdaderos faros que orienten el rumbo, y no muros que entorpezcan el paso. Cuando la regulación es incierta o contradictoria, las inversiones se congelan y el avance se vuelve más lento o de plano se detiene.
En México, el panorama ilustra perfectamente este dilema. Tras la profunda reforma energética de 2013, que abrió el mercado a la competencia y atrajo grandes inversiones, hoy se vive un viraje legislativo. La derogación de ese marco y la aprobación de una nueva legislación han implicado la construcción desde cero de instituciones, como ocurrió recientemente con la desaparición de la CRE y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y de instrumentos normativos. Un ejemplo es la publicación hace apenas unos días de las disposiciones para solicitar permisos de generación de energía eléctrica para autoconsumo interconectado en el rango de 0.7 a 20 MW.
Esto, ¿otorga certeza? En teoría, cualquier regulación que deje muy claro el cómo y el con quién se puede hacer realidad un proyecto, debería generar confianza. Pero en la práctica, los cambios abruptos y la ausencia de una visión de largo plazo suelen levantar dudas. Las inversiones en energías limpias requieren horizontes temporales amplios, estabilidad institucional y reglas que no cambien con cada ciclo político.
El Estado, como rector del sector, tiene la obligación de garantizar que la regulación sirva al interés público. Eso implica crear condiciones para que la industria y la innovación florezcan, para que la infraestructura crezca al ritmo de la demanda y para que las comunidades se beneficien del cambio de modelo. No se trata de regular menos, sino de regular mejor, con criterios técnicos sólidos, llevando a cabo una consulta abierta a los actores relevantes del sector, y un compromiso explícito con la descarbonización de la economía.
En la transición energética, el tiempo es un recurso tan valioso como la energía misma. Cada año perdido en debates estériles o trámites innecesarios es un año en que las emisiones continúan aumentando y la competitividad del país se erosiona. Una buena regulación es como una brújula bien calibrada, que señala en todo momento el rumbo correcto y evita que el barco se pierda en un mar de incertidumbre. Que sirva de guía y no como freno.
México y América Latina tienen todo para navegar hacia un futuro limpio. Pero para llegar a puerto seguro, necesitamos leyes y reglamentos que no solo permitan, sino que impulsen el viento a favor de la transición. Porque sin brújula, no hay viaje; y sin reglas que sumen, no habrá energía limpia suficiente, y me atrevo a decir que ni siquiera de la sucia, a ningún precio.