Sánchez encarará el otoño volcado en la agenda internacional y en el último intento de aprobar unos Presupuestos

Cuando a mediados del mes de junio explotó el escándalo de Santos Cerdán en el seno del PSOE, la legislatura vio temblar sus cimientos y todo el mundo en el Gobierno coincidió en señalar un horizonte de supervivencia: llegar como fuera al final del curso político y a las vacaciones de verano. Ese objetivo, que visto con perspectiva pudiera parecer poco ambicioso, llegó a estar durante algunas semanas en entredicho. Porque el golpe fue tal para el presidente del Gobierno, y las implicaciones de la caída de su hombre de confianza tan profundas, que Pedro Sánchez barajó la posibilidad real de dimitir y convocar elecciones. El respaldo más o menos entusiasta de sus socios parlamentarios y los tiempos de una investigación judicial que aún no ha terminado de perimetrar el caso han permitido, sin embargo, que el Ejecutivo haya conseguido llegar a la orilla del mes de agosto. Y el reto es que el parón sirva de cortafuegos y permita tomar algo de aire en septiembre.

Para ello, los trazos de la hoja de ruta política que se dibujan en Moncloa para el nuevo curso señalan tres direcciones: políticas sociales, negociación presupuestaria y agenda internacional. Para este último apartado, Sánchez reserva un puñado de fechas a lo largo del otoño con algunas citas relevantes en el exterior. El guion previsto señala la primera de ellas en el calendario para el mes de septiembre, con la visita del presidente español a Downing Street para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Un encuentro que llegará tras el histórico acuerdo entre los dos países que eliminará la verja fronteriza de Gibraltar, hito eclipsado en su día por el escándalo Cerdán.

A finales de septiembre, entre el 22 y el 25, tendrán lugar en Nueva York varias cumbres trascendentales, principalmente, para el impulso al reconocimiento del estado palestino por parte de la Comunidad Internacional. En el marco de las reuniones de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tendrán lugar la Cumbre del Futuro, la Semana del Clima de Nueva York y la Cumbre de Líderes de Pacto Global de la ONU.

Ya en octubre, y también con el conflicto de Israel y Palestina de fondo, además de la situación en Ucrania, tendrá lugar el Consejo Europeo los días 23 y 24. Y en noviembre llegarán dos nuevas citas de alcance en política exterior: la cumbre del Clima de Brasil, los días 6 y 7, y el G-20 los días 22 y 23, con una posterior cumbre de los estados miembros de la Unión Europea. Entre medias, además, está previsto que Sánchez despliegue también una ronda de encuentros bilaterales que completarán la cargada agenda internacional del otoño.

Medidas sociales y negociación presupuestaria

Pero esa agenda internacional estará también condicionada, en gran medida, por la viabilidad de una legislatura en permanente entredicho, una partida que se jugará en la política nacional. A expensas siempre de las noticias que lleguen de los juzgados, la intención del Ejecutivo es reactivar una negociación parlamentaria con el conjunto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez para volver a explorar las posibilidades de éxito de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Tras dos ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas, el presidente se ha vuelto a comprometer a presentar este año el proyecto de Presupuestos. Algo que también prometió el año pasado y que finalmente no se produjo. En esta ocasión, y conscientes de que se trata de la última oportunidad de la legislatura pero también de que una derrota parlamentaria que tumbara las cuentas sería un golpe político difícilmente remontable, en la Moncloa explican que a la vuelta de las vacaciones se activará la maquinaria negociadora con los diferentes grupos. Pero dejan en el aire llevar esas cuentas al Congreso si las conversaciones no auguran una mínima posibilidad de éxito.

En el departamento de María Jesús Montero aseguran que hay mucho trabajo adelantado de años anteriores en las negociaciones con los grupos y que en algunos casos, como PNV, EH Bildu, ERC o BNG, sería cuestión de “actualizar y rematar” los compromisos ya esbozados. Pero admiten que la complejidad vuelve a residir, como a lo largo de toda la legislatura, en los socios más díscolos de la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo. Esto es, Junts y Podemos.

Tanto los de Carles Puigdemont como los de Ione Belarra han expresado en público de manera reiterada que para llegar a una negociación real sobre unos Presupuestos Generales del Estado antes deberían darse una serie de condicionantes políticos en forma de compromisos del PSOE y del Gobierno. Algunos de ellos de muy difícil cumplimiento.

Los independentistas catalanes, sin interlocutor oficial con los socialistas desde la dimisión y encarcelamiento de Santos Cerdán, repiten que no tienen nada nuevo que sentarse a negociar con el Gobierno si antes no se ejecutan partidas pendientes de años anteriores. O lo que es lo mismo, 50.000 millones de euros.

Por parte de Podemos, se descarta siquiera la negociación si sobre la mesa “hay un céntimo más para gasto militar, no se rompen relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, no se embarga a ese estado genocida y no se baja por ley un 40% el precio de los alquileres”.

Como prolegómeno de esa negociación, y como fórmula para intentar cohesionar a los socios, la idea del Gobierno es que septiembre sirva para retomar la agenda social frente al modelo representado por la derecha y la ultraderecha e impulsar un paquete de medidas de marcado carácter progresista. Propuestas de carácter social y en materia anticorrupción en busca de la iniciativa política perdida en favor de la oposición.

Aprobada ya en julio la ampliación en tres semanas de los permisos retribuidos por paternidad y cuidados, una medida exigida e impulsada por Yolanda Díaz, los socialistas se disponen ahora a avanzar en su propuesta para la abolición de la prostitución tras las conversaciones conocidas entre José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El Gobierno aprobará también a la vuelta del verano la reforma de la Ley del Tabaco, que incluirá la ampliación de los espacios libres de humo como las terrazas de la hostelería, los campus universitarios, los centros docentes, las instalaciones deportivas y las zonas exteriores de ocio. Además, la idea es impulsar las medidas que diseñó conjuntamente con el departamento de anticorrupción, integridad y gobierno de la OCDE para luchar contra la corrupción. Se trata de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción centrado en la prevención de delitos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción y que incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Un organismo que asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas.