El Constitucional de Portugal tumba la reforma migratoria del Gobierno conservador y la ultraderecha que limitaba la reagrupación familiar
La ley la llevó al Constitucional el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, al entender que restringía "de forma desproporcionada el principio de la unión familiar", como así ha considerado ahora el tribunal
El Tribunal Constitucional de Portugal ha declarado este viernes la inconstitucionalidad de varias de las modificaciones introducidas por la reforma migratoria impulsada por el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y la ultraderecha que, entre otros, limita la reagrupación familiar.
La ley fue enviada al alto tribunal por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, que consideraba que las modificaciones que se introducen a la reagrupación familiar de los migrantes “parecen restringir de manera desproporcionada y desigual el principio de la unión familiar”. Tras la decisión, de Sousa ha vetado la medida y se devolverá sin promulgar a la unicameral Asamblea de la República (el Parlamento).
En una rueda de prensa este viernes, el presidente del Tribunal Constitucional luso, José João Abrantes, ha explicado que la decisión fue aprobada por mayoría en la corte. Abrantes, al argumentar la decisión, precisó que las nuevas normas de reagrupación “pueden imponer la desintegración de la familia nuclear del ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia” y violar los derechos consagrados en la Constitución.
Además, el tribunal consideró que imponer un plazo de dos años para pedir la reunificación, como planteaba la ley, es “incompatible con la protección constitucionalmente debida a la familia”.
El Parlamento de Portugal aprobó el pasado 16 de julio con los votos del centroderecha y la ultraderecha una modificación de la Ley de Extranjeros, que entre otras cuestiones limita la reagrupación familiar de los migrantes, que solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal en el país, cuando antes no era necesario este tiempo.
La reforma también busca fomentar la expedición de visados de trabajo a personas que se dediquen a “actividades altamente cualificadas” y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.
Su aprobación vino acompañada de críticas por parte de los partidos de izquierda y de organizaciones de la sociedad civil, que pidieron audiencias con el presidente luso para trasladarle sus dudas sobre la legislación.
Rebelo de Sousa también se mostró crítico con la legislación, al considerar que “estas modificaciones pueden provocar un aumento de las rutas migratorias irregulares por parte de otros miembros de la familia que quedan excluidos del derecho a la reagrupación, como es el caso del cónyuge”.
Y avisó que podría contribuir “a una mayor estratificación entre las personas migrantes, en función de su cualificación y sector de actividad (…) comprometiendo el principio de igualdad y el principio de no discriminación”.