La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
El fiscal Manuel Campoy afirma que el Ministerio obvió la solicitud del exjuez de que se cumpliera la resolución que pedía a España “una reparación efectiva” y reclama que se borren sus antecedentes penales y se le dé una compensación
El quién es quién de los tres procedimientos contra Garzón que cuestiona el comité de Naciones Unidas
La Fiscalía reclama que la Audiencia Nacional obligue al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a indemnizar a Baltasar Garzón y a dar cumplimiento a las conclusiones del comité de Derechos Humanos de la ONU que determinó que el exjuez fue inhabilitado en un “proceso arbitrario”, solicitó el borrado de sus antecedentes penales y que se le diera “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Manuel Campoy afirma que el departamento que dirige Félix Bolaños vulneró los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por obviar “sin que conste causa justificada” las reiteradas solicitudes del exjuez en las que reclamaba el cumplimiento de esas conclusiones.
En consecuencia, pide que “se acuerde la condena de la Administración Pública demandada, al pago de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía reclamada por el demandante, o subsidiariamente, la que se determine en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se establezcan”.
También reclama que el Ministerio de Justicia sea condenado a cumplir las otras conclusiones establecidas en la citada resolución de la ONU: borrar y eliminar los antecedentes penales de Garzón, publicar ese dictamen en el BOE e impulsar reformas normativas que garanticen la “razonable apariencia de imparcialidad” en los procedimientos judiciales.
En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a Garzón y concluyó que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional.
Esa resolución daba por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue “arbitrario”, que no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y criticaba que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación. A la vista de todo lo anterior, el organismo de la ONU exigía al Estado español una “reparación integral” a Garzón, el borrado sus antecedentes penales y le proporcionara “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
Desde entonces, el exjuez ha intentado con una solicitud presentada en enero de 2022 y que reiteró después en dos ocasiones que el Ministerio de Justicia diera cumplimiento a las citadas conclusiones. Según el escrito del fiscal, el citado departamento desestimó esa petición “por silencio administrativo”. El escrito del fiscal se produce en el marco del recurso contencioso administrativo por el que Garzón impugnó la citada desestimación de Justicia.