Violaciones sexuales de menores en Condorcanqui se triplican en solo tres meses: "No hay justicia, solo impunidad y mucha corrupción"
Cada vez que Rosemary entra a su habitación, no prende la luz. Ingresa a escondidas. Dice que es por prevención. Por eso, nunca anda sola. A donde va, siempre la esperan y cuidan. "He recibidio muchas amenazas de muerte. No basta con que el Estado te dé un papel que diga que estás protegida (...) porque el papel no te va a cubrir de una bala", sentencia, con mirada firme, la lideresa awajún, quien hace un año denunció los casos de violencia sexual por parte de docentes a menores de edad en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
En 2024, Rosemary Pioc Tenazoa, junto con el Consejo de Mujeres Awajún/Wampis, denunciaron públicamente los casos de abusos cometidos por parte de profesores a 524 estudiantes indígenas, entre niños, niñas y adolescentes. Pese al hecho, las cifras han seguido en ascenso. Al 10 de marzo de este año, según el Ministerio de Educación, ya se contabilizaban 616 docentes y 52 trabajadores administrativos denunciados por delitos de violencia sexual. En tanto, 162 personas (150 docentes y 12 administrativos) registraban investigaciones fiscales en trámite por el mismo delito.
En ese sentido, pese los pedidos constantes y urgentes al Estado para atender la problemática, los casos de violencia no han cesado. En conversaciones previas con La República, Pioc advirtió que en lo que va del 2025, ya se habían registrado más de siete nuevos delitos de agresión. A la fecha, en un diálogo reciente, nos confirma la situación se ha agravado.
"Ya van 20 casos. Y eso es que nos llega a nosotras como organización. No contando las denuncias que llegan a la Fiscalía. [En la comunidad], el otro día han capturado a un violador también, pero el tema de la justicia en Amazonas es muy lenta", afirma Pico en conversaciones con este medio.
Fiscalías precarias en Condorcanqui
De acuerdo con un informe al que accedió La República, entre enero y marzo del 2025, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la provincia registró diez nuevas denuncias por abuso sexual contra menores de edad. Adicional a ello, información obtenida por Ojo Público revela que, según Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiares en Condorcanqui, hasta el momento se vienen atendiendo 373 denuncias por violencia sexual, la mayoría por parte de profesores.
Sin embargo, dichas denuncias pocas veces encuentran justicia. En enero de este año, se reportó la nefasta resolución que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba, de la Corte Superior de Amazonas, había emitido contra un docente denunciado por agresión sexual en agravio contra una adolescente de la comunidad nativa de Tutino. Ministerio de la Mujer y de Educación rechazaron la decisión. ¿La decisión? Absolverlo.
"Cuando tú visitas la fiscalía o la policía, ellos no tienen ni un papel, ni una tinta, no tienen ni computadora. Hay avances, pero son mínimos. No hay confianza. El año pasado denunciamos que había abogados del CEM (Centro de Emergencia Mujer), que también acosaban. Se necesita hacer una purga de autoridades en Condorcanqui. Si no, no va a haber cambio, hay mucha corrupción", aclara Pioc.
Asimismo, la lideresa awajún denuncia las persistentes trabas en el acceso a la justicia y la falta de acompañamiento psicológico para las víctimas. Critica que, al no ser casos conocidos, las denuncias siguen impunes. "Si las niñas de la Amazonía fueran artistas mediáticas, ya hubiera justicia", precisa.
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Docentes acusados de abuso sexual se dedican a la minería ilegal
De acuerdo con información del Minedu, al 8 de mayo del 2025, el organismo separó a 781 docentes acusados o con procesos de violación a la libertad sexual y terrorismo, entre otros delitos. 665 de ellos, es decir, más del 85%, que laboraban en colegios púbicos y privados, tenían condenas o procesos por violencia sexual.
Pese a ello, en Condorcanqui se denuncia que, en varias oportunidades, los profesores agresores continúan laborando en las instituciones. Pico declara que, en reiteradas oportunidades, los funcionarios acusados por violación solicitan a la fiscalía que les retire del caso o que "lo borren como si nunca hubiera pasado nada".
A la par, señala la falta de un enfoque intercultural en la atención de los casos, debido a la ausencia o deficiente preparación de intérpretes y a la escasa capacitación de los fiscales. Añade que la lejanía entre las comunidades y Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui, también dificulta reportar estos hechos, pues el traslado puede costar entre 80 y 130 soles, sin contar la estadía.
Otro factor es la presencia de las economías ilegales. Actualmente, según Pioc, muchos de los docentes destituidos ahora se dedican a la minería ilícita. En esa línea, la naturaleza y el medioambiente no es lo único que peligra por su accionar. "La minería ahora lo que ha hecho es captar a jóvenes, captar a niños, a niñas. Si el Estado va para hacer las interdicciones, dentro de estas dragas están llenos de niños y niñas. Los ponen como un escudo. Y el accionar del Estado es muy débil en el territorio", enfatiza.
Finalmente, lamenta que la Amazonía solo sea vista como un medio de explotación y sin la articulación de esfuerzos para cuidar a quienes los habitan. "Solamente se ve a la Amazonía por la riqueza, pero cuando como pueblos originarios nos levantamos piensan que somos conflictivos. La contaminación nos está matando y, ¿qué hace el Estado?, nada".
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