28% de los trabajadores en Perú ya no lleva efectivo por inseguridad ciudadana
La inseguridad ciudadana en el Perú dejó de ser solo un tema policial y comenzó a golpear la economía diaria de los trabajadores. Un estudio de Apoyo Consultoría revela que al 2025, el 28% de los peruanos con empleo ha dejado de llevar dinero en efectivo para minimizar riesgos.
Según Eduardo Luna, CEO y Founder de la procesadora de pagos Monnet Payments, la creciente aceptación de canales de pago digitales en servicios formales e informales —acelerada desde la pandemia— ha facilitado este cambio, y con el temor como principal motor de esta preferencia.
La tendencia viene acompañada de otros ajustes: el 42% evita salir después de cierta hora y el 30% ha reducido sus salidas, lo que no solo altera la rutina personal, sino que también modifica patrones de gasto.
Para Fernando Cuadros, economista laboral, esto se traduce en mayor precarización si no viene acompañado de aumentos salariales.
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“Tener que asumir costos adicionales genera condiciones de vida más vulnerables y puede limitar el acceso a determinados empleos si no se ajustan a las medidas de protección que los trabajadores están tomando”, señaló a La República.
Impacto en el trabajo y en las empresas
La inseguridad no solo condiciona el consumo, también encarece y transforma el entorno laboral. Según el economista, si las personas salen menos, también consumen menos, lo que reduce la actividad en sectores como el entretenimiento o la restauración, con un impacto directo en la contratación de personal.
El informe también advierte que hay más ausentismo e impuntualidad debido al temor a salir en determinados horarios, así como un incremento en la preferencia por el trabajo remoto.
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Sin embargo, Cuadros recuerda que el teletrabajo sigue siendo limitado por trabas culturales y burocráticas, incluso en el sector público, lo que reduce la posibilidad de que los empleados se resguarden en casa.
A esto se suman costos adicionales de transporte: el uso de apps de taxi o servicios privados implica un gasto extra que, en algunos casos, las empresas ya asumen vía subsidios o reembolsos.
“En contextos de inseguridad, no podemos exigir rendimiento sin antes garantizar bienestar. Los colaboradores necesitan saber que su empresa entiende su realidad y toma acciones reales para protegerlos”, afirmó Sebastián Ausin, country manager de Buk Perú.
El estrés y la ansiedad son otro frente. El temor constante reduce la concentración y productividad, lo que obliga a los empleadores a replantear políticas internas.
“La seguridad, el bienestar y la tranquilidad emocional no son beneficios extra: hoy son condiciones mínimas para que una persona pueda trabajar con enfoque y motivación’’, sostuvo Ausin.
Falta de empleo formal
Cuadros advierte que en sectores como la vigilancia o la agroexportación las jornadas laborales, en la práctica, se extienden hasta 12 horas diarias. Esto obliga a muchos trabajadores a regresar tarde a sus hogares, exponiéndose más a situaciones de inseguridad.
“Si quieren ganar más, aceptan esas condiciones porque hay abundancia de personas buscando empleo y escasez de puestos formales”, señaló.
El economista identifica como raíz del problema la falta de empleo formal y el aumento de la población que no trabaja ni busca empleo. Este grupo creció un 28% entre el periodo pre pandemia y el segundo trimestre de este año, y está compuesto principalmente por jóvenes.
En algunos casos, la ausencia de oportunidades formales empuja a parte de esta población hacia actividades delictivas, lo que alimenta un círculo vicioso de inseguridad.
“La inseguridad tiene que abordarse también con políticas económicas que generen más empleo asalariado formal y absorban el exceso de mano de obra”, concluyó Cuadros, recordando que garantizar seguridad ciudadana es una función del Estado y no un costo que deban asumir trabajadores o empresas.