Por una buena regulación y una mayor competitividad
Una de las pocas cosas en las que parece haber un consenso generalizado este verano y tras las recientes negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia arancelaria, es la necesidad de tener una UE fuerte y competitiva para hacer frente a los retos geopolíticos y a un mundo muy polarizado. En este contexto, España no puede perder la oportunidad de posicionarse como un país referente dentro y fuera de la UE como puente a Hispanoamérica y a África del norte. La frágil mayoría parlamentaria del Gobierno de Coalición sumada a la falta de regulación que genere certidumbre es un factor de riesgo para nuestra economía.
España es la cuarta potencia económica por detrás de Alemania, Francia e Italia. La economía española crece gracias a las reformas económicas que se hicieron durante el Gobierno de Rajoy tras la gran crisis del Lehman Brothers de 2008. Esta afirmación no es gratuita, pues hasta el prestigioso periódico ‘The Economist’, situó el pasado mes de diciembre a nuestro país en la cabeza del listado de economías más prósperas del mundo. El periódico anglosajón atribuyó esta situación «en gran medida a las reformas del sistema financiero y del mercado laboral impulsadas por el anterior gobierno conservador durante la gran recesión», añade «Su economía está cosechando los frutos de reformas pasadas».
En 2024, España fue uno de los países europeos que más creció (2,5%), por encima de Alemania (0,2%) y Francia (0,9%), según Eurostat. Pero el dato menos conocido (y que precisamente ahora se está abordando con la reforma de la reducción de la jornada laboral) es que la productividad por hora trabajada en España es un 14% inferior a la media europea, lo cual pone en duda la sostenibilidad de estos buenos datos sin acometer más reformas estructurales. También tenemos que fijarnos en nuestras exportaciones: han mostrado una moderación creciente que nos debería de preocupar: tras un récord en 2022, el sector cerró 2023 con una caída del 1,4 %, y aunque en 2024 creció un discreto 0,2 % en valor, en unidades reales registró una contracción del 1,5 %. La recuperación registrada en el primer trimestre de 2025 no ha compensado el deterioro de fondo. La fortaleza exportadora de España se enfrenta a crecientes costes energéticos y regulatorios.
Una de las amenazas para la economía que mencionan numerosos informes como el estudio Freedom and Prosperity in the World 2024, elaborado por el Atlantic Council, es la hiperregulación, la incertidumbre regulatoria y la presión fiscal creciente. El análisis señala que un uso excesivo de decretos, tanto a nivel nacional como autonómico, reduce la previsibilidad jurídica y eleva el riesgo inversor. Estos datos también se sustentan por ejemplo con que España cayó del puesto 9 al 11 en el ranking global de destinos de inversión, según el Índice de Confianza de Kearney. La hiperregulación, la presión fiscal, inestabilidad normativa y política vuelven a ser señalados como factores clave que explican este retroceso frente a otros países como Italia.
En este contexto de incertidumbre, se suma la frágil mayoría en el Congreso que está generando una gran parálisis legislativa. Más allá de los decretos urgentes que han sido necesarios en las distintas crisis (como en la Dana), el Gobierno solo ha conseguido aprobar cinco leyes en lo que llevamos de año. Hay alguna relevante para el Ejecutivo, como la que reforma el sistema de justicia, pero la mayoría sigue en un cajón, ampliando los plazos de enmiendas. El Gobierno no ha conseguido traer al Congreso unos presupuestos de 2025. Tampoco ha sacado adelante la reducción de la jornada laboral o la Ley de Atención a la Clientela, que siguen pendientes de ampliación del plazo de enmiendas sine die o el decreto antiapagones, que decayó al no obtener suficiente respaldo en las Cortes. En la actualidad está abierta la fase de Audiencia e Información Pública de un nuevo Real Decreto que incluía parte de esta batería de medidas contra los apagones. En la propuesta planteada por el Ejecutivo quedan ahora fuera las ayudas para la gran industria electrointensiva o la ampliación del rango del autoconsumo, algunas de ellas porque necesitan mayor rango normativo (de ley) para poder abordarse. Sánchez ha conseguido aprobar en los 17 meses que lleva de legislatura menos de 15 normas frente a las 89 que aprobó el Gobierno de José María Aznar o de 40 del segundo Gobierno de Mariano Rajoy.
El contexto político actual exige, más que nunca, marcos regulatorios estables, reformas orientadas a la productividad y una gobernanza capaz de generar confianza institucional a largo plazo. España ha demostrado en el pasado su capacidad para responder con reformas eficaces a grandes desafíos. Hoy, esa respuesta debe centrarse en una política industrial modernizada, una simplificación normativa real y una estrategia clara de atracción de inversión productiva. Recuperar una agenda legislativa coherente y reformista, con amplio respaldo parlamentario y alineada con los objetivos de competitividad europeos, no es solo una cuestión de estabilidad política: es una condición necesaria para garantizar un crecimiento económico sostenible e inclusivo en la próxima década de España. No podemos perder otra oportunidad de posicionarnos como líderes de la política europea.