Miles de expedientes atascados en Canarias por el colapso en el organismo para resolver conflictos laborales

Si has sido despedido o despedida de tu puesto de trabajo y quieres llegar a un acuerdo con tu empresa en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) antes de llegar a juicio, pero vives en Fuerteventura o Lanzarote, vas a tener problemas para encontrar cita. Es la denuncia que vienen realizando desde hace meses los sindicatos CCOO y UGT y que han intensificado en las últimas semanas. Alejandro Domínguez, secretario general de UI Lanzarote en CCOO, explica que en esas islas se suspendieron las conciliaciones desde abril. “A las cifras de 3.500 expedientes paralizados que teníamos en julio, previsiblemente ya hemos rozado las cifras de los 5.000”, afirma. En este sentido, añade que la problemática radica en que no hay conciliadores en la provincia de Las Palmas.

Alejandro Domínguez incide en que hay diferentes casuísticas, puesto que se han encontrado con personas que “van a esta vía a reclamar la improcedencia del despido, porque le hacen un despido objetivo o disciplinario o incluso hay compañeros o compañeras que inician esa reclamación por una aminoración de una falta”. “La situación es difícil y alarmante”, insiste. Por ello, lamenta que “después de tanto tiempo no se haya activado”.

Para el secretario de Organización de UGT en Canarias, Héctor Fajardo, “el SEMAC es un trámite previo y obligatorio en la mayor parte de los conflictos laborales, sobre todo los de carácter individual que tienen que ver con despido o con reclamación de derechos, el juzgado te obliga, porque así está tipificada la norma, que antes de judicializar vayas a intentar una resolución a través de la conciliación”, destaca.

Por su parte, el portavoz de CCOO explica que hay personas que ante despidos por bajo rendimiento, si tiene poca antigüedad en la empresa, lo que está generando el no poder conciliar en el SEMAC es que “a lo mejor la indemnización de la improcedencia del despido son 1.000 o 1.500 euros y quizás ir a la reclamación jurídica le saldría 700 u 800 euros, pues, estas personas llegan al punto de valorar si iniciar esa reclamación o no. Incluso, si hablamos de sanciones de empleo y sueldo, hablamos de unos 400, 500 euros y a lo mejor inician la demanda, estamos hablando de 600 o 700 euros. Entonces, las personas, pues, aceptan lo que la empresa les propone en vista de que no tienen una herramienta para poder conciliar y aminorar esas sanciones”, resume.

Tanto CCOO como UGT advierten de que esta paralización está provocando precisamente un colapso en los juzgados. “Se va a generar un cuello de botella en el propio juzgado de lo social vista de que todo ha acabado en demanda. Ahora mismo conocemos que las situaciones de esas demandas están llegando para octubre de 2026”, apunta Alejandro Domínguez. “Se están generando un montón de problemas, al final, económicos, y agrandando unos conflictos que se podrían resolver de una forma mucho más sencilla”, incide Héctor Fajardo, de UGT.

Héctor Fajardo añade que “esto agrava ya la situación de colapso que ya sufrían los juzgados” y supone un coste para las personas trabajadoras. Además, afirma que a los sindicatos también les afecta, ya que hay elecciones sindicales que pueden estar impugnadas y representantes de trabajadores que no están reconocidos como tal por las empresas y se trata de cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los trabajadores también el estar representados en las mesas de negociación.

El representante de UGT subraya que la situación en el SEMAC no es nueva y que lleva muchos años parcheándose con contrataciones temporales, incluso con el anterior Gobierno canario. “Nosotros el año pasado ya le dijimos al Gobierno de Canarias que esto ya es insostenible”, apunta Fajardo, que asegura que el Ejecutivo actual, conformado por CC-PP se comprometió a resolverlo desde principios de este año. “Nos dijeron que el 1 de junio ya estarían incorporados los seis letrados para el SEMAC y diez administrativos. Estamos en agosto y aquí no tenemos absolutamente nada resuelto”, resume.

En los mismos términos se muestra el representante de CCOO, que asegura que el Gobierno se ha comprometido a hacer contrataciones y a implantar un sistema online. “En agosto, ni online, ni contratación de administrativos ni contratación de conciliadores. Lo que sigue es que las personas trabajadoras de Lanzarote y Fuerteventura siguen sin tener esa posibilidad de poder conciliar un acto de reclamación, y evidentemente ello conlleva que las personas, pues tendremos que abordar un suplemento económico para reclamar un derecho que tenemos reconocido”, recalca.

El diputado socialista Gustavo Santana ha sido muy crítico con este asunto. Señala que “a pesar de haber solicitado los datos a la Consejería de Empleo y más singularmente a su Dirección General de Trabajo, nunca nos dieron traslado de cuál era la situación real de los expedientes del SEMAC en Lanzarote y Fuerteventura y nosotros sospechamos que se ha creado una situación caótica y a pesar de haber presumido en el Parlamento de que todo iba muy bien y de una situación de mejora, en el caso de la consejera de Empleo y del director general de Trabajo, ambos de Fuerteventura, nos han ocultado ese dato para no mostrar la indefensión y vulneración de derechos fundamentales de cientos de expedientes especialmente en la isla de Fuerteventura y Lanzarote”.

Santana señala que lo que muestra la situación actual es “un desconocimiento total del director general de Trabajo y de la consejera de Empleo de cómo funciona el servicio de Mediación y arbitraje del Gobierno de Canarias, el SEMAC, porque cuando en la anterior legislatura dejamos el Gobierno dejamos tramitados los expedientes que estaban vivos y las actas electorales de las elecciones sindicales que se habían celebrado que ahora no es así y por mucho personal que contraten en estos momentos, el daño está hecho”, apunta.

“El daño que se ha causado a cientos de personas a las que se han vulnerado sus derechos fundamentales a los que se les ha causado una indefensión y no solo a ellos sino a muchos profesionales a los que se les asisten para tener una mediación previa antes de llegar a juicio, situación que probablemente se vayan a celebrar todos esos juicios antes de que se celebre una conciliación para esos cientos de expedientes para esas personas a las que se les ha causado una indefensión total y una vulneración a sus derechos fundamentales”, afea el diputado socialista.

El propio Gobierno de Canarias reconoció en mayo en un comunicado que iba a poner en marcha “un programa cuyo objetivo es aliviar el atasco de los 3.274 expedientes de conciliación laboral de años anteriores que se encuentran a la espera de resolución”. Por ello, CCOO entiende que dado que el paro se ha incrementado en el mes de julio y con ello los despidos y los problemas de conciliación laboral, los expedientes atascados pueden rozar los 5.000.

El Ejecutivo regional reconoció en ese comunicado que en Canarias se incoa una media anual de 22.000 expedientes, aproximadamente, “lo que supone ochenta y ocho procedimientos diarios que están siendo gestionados actualmente por solo tres personas”. La Dirección General de Trabajo anunció que reforzará con siete letrados y diez auxiliares administrativos el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Según anunció, este plan de choque, se prolongará durante tres años. Desde la Consejería de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias insisten a este periódico en que se trata de un “problema histórico” y remarcan que además de aprobar esta contratación se han mejorado las instalaciones de las oficinas de Puerto del Rosario. Según afirman fuentes de la Consejería, han sido nombrados cuatro de los juristas y uno de los administrativos, que terminarán de nombrarse este mes.