Integrante de ‘call center’ de estafas habría robado datos de 14.000 clientes de un banco estatal
Una mujer sospechosa de integrar un call center de estafas habría robado datos de 14.000 clientes bancarios tras trabajar para empresas que le daban servicios a un banco estatal, informó el Ministerio Público.
Esta encartada es parte de los 23 presuntos miembros de una organización delictiva desmantelada el 27 de noviembre del 2024 en La Sabana, San José, la cual habría robado al menos ¢125 millones a sus víctimas con el método de falso empleado bancario.
Esos robos se habrían logrado gracias a que la mujer, de apellidos Segura Gómez, accedió a datos privados de usuarios de un banco estatal entre octubre del 2022 y enero del 2024, y transfirió esos datos al grupo de estafadores.
Con esa información en mano, se aseguraban que sus víctimas fueran clientes verdaderos con cuentas activas. No se detalló cuál fue el banco estatal vulnerado.
Banda de estafadores habría sustraído ¢2.000 millones a víctimas en siete años
El 6 de agosto, el Juzgado Penal de Goicoechea amplió por tres meses la prisión preventiva de Segura, quien cumple esta medida cautelar desde mayo. El resto de imputados también permanecen en prisión preventiva.
Al momento de los arrestos trascendió que el grupo era liderado por un sujeto de apellido Tencio, que está recluido en Máxima Seguridad del Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma), donde descuenta 35 años de prisión por tentativa de homicidio y robo.
Este sujeto, que tenía un juicio pendiente por estafa, era quien enviaba indicaciones a sus empleados mediante sistemas de mensajería, desde distintos celulares que burlaban los sistemas de bloqueo de la penitenciaría.
Los allanamientos de noviembre del 2024, ejecutados por fiscales y agentes de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ocurrieron en La Sabana, en San José; así como Guatuso, Aguas Zarcas y La Reforma, en Alajuela, y en Cartago y estaban relacionados con siete causas.
Randall Zúñiga, director del OIJ, sostuvo que el grupo operaba desde el 2017 y que, desde entonces, el monto de lo sustraído podría alcanzar incluso los ¢2.000 millones, incluyendo lo robado a víctimas no incluidas en esta causa.
El caso continúa en investigación, dentro de la causa 21-002236-0060-PE.