Editorial: Un nuevo peligro pende sobre nuestra estrategia comercial
Un nuevo peligro se cierne sobre el horizonte de la estrategia comercial del país. Recientemente, dos senadores, uno del Partido Republicano (Jim Justice, de West Virginia) y otro del Partido Demócrata (Rubén Gallego, de Arizona), presentaron un proyecto de ley en el Congreso norteamericano, denominado “Mantener los centros de llamadas en Estados Unidos”, mediante el cual pretenden repatriar los centros de llamadas o call centers a esa nación. Para ello, restringirían ciertos beneficios –como acceso a incentivos y préstamos garantizados por el Gobierno Federal– a las empresas que trasladen o mantengan esos servicios fuera de Estados Unidos.
En tiempos normales, no le hubiéramos prestado mucha atención a tan disparatada idea. Probablemente, se trataría tan solo de un nuevo proyecto que naufragaría en las aguas de la sensatez en Washington D.C., tal y como ha sucedido en el pasado con otras iniciativas de similar naturaleza.
Pero los tiempos han cambiado y si algo falta hoy en la capital estadounidense es entendimiento cabal de cómo funcionan el comercio internacional y las ventajas comparativas, lo cual da lugar a que predomine un malsano proteccionismo alimentado desde la Casa Blanca por el propio presidente Trump.
La respuesta del gobierno tampoco debe ser la que usualmente se tenía en estas circunstancias. La fallida negociación de los mal llamados “aranceles recíprocos”, que terminó con la aplicación de una tasa 50% más alta que la originalmente impuesta y claramente violatoria del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países, es muestra suficiente de que la razón y el derecho importaron poco en este caso.
También fue ingenuo creer que una imaginada cercanía podría acarrearnos un trato más favorable, incluso luego que el país otorgara concesiones de muy dudosa conveniencia en sus relaciones con China y especialmente en el ámbito migratorio, arriesgando con ello dañar nuestra reputación como país garante de los derechos humanos fundamentales.
No basta entonces con “mantener el proyecto bajo estudio para identificar posibles riesgos y tomar las medidas correspondientes”, como lacónicamente se indica en un comunicado emitido por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la semana pasada.
La nuestra es una economía abierta e integrada al mundo, como es de rigor dado nuestro exiguo tamaño y necesidades de crecimiento. Según los datos oficiales, el sector de servicios creció un 13% en el año 2023 y representa casi el 65% de las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, que brinda empleo a más de 100.000 personas, muchas de ellas jóvenes. Solo en el primer trimestre de este año, las exportaciones de servicios ascendieron a $4.569 millones. Entre las empresas de servicios bajo el régimen de zonas francas, un 9% está constituido por firmas que operan como centros de llamadas.
Es indispensable, entonces, que Comex asuma un papel mucho más activo. Junto con la Embajada de Costa Rica en Washington, se requiere de mayor presencia, un cabildeo más intenso y capacidad de permear en mayor medida en la toma de estas decisiones de nuestro principal socio.
En el campo comercial, el país ha sabido hacer las cosas bien desde hace muchos años. Hemos sido un país comprometido, serio y riguroso en el diseño y la ejecución de una estrategia comercial y de atracción de inversión exitosa. Pero la compleja realidad actual nos obliga a redoblar esfuerzos, elevar el perfil de nuestra pobre representación diplomática e invertir más en rubros que hasta hace poco quizá no eran tan relevantes.
Localmente, los llamados del sector privado para mejorar la competitividad del país y atenuar el peligro no pueden seguir siendo ignorados. Hasta el momento, el gobierno ha sido displicente ante lo que desde un inicio se perfiló como un cambio de paradigma en las relaciones comerciales a nivel global. Por un lado, se ha limitado a intentar congraciarse con el gobierno estadounidense, y, por el otro, a resignarse con el resultado de sus arbitrariedades. No ha hecho, sin embargo, el más mínimo esfuerzo por anunciar un plan de acción que atienda las principales preocupaciones del sector exportador ante la incertidumbre actual.
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Es hora de reaccionar y de comprender la magnitud del peligro que se avecina. Si esta administración no es capaz de hacerlo, la próxima deberá incluirlo entre sus prioridades más apremiantes.