La complacencia con los servicios públicos

Por mucho tiempo, México ha padecido servicios públicos con insuficiente cobertura y baja calidad. La lista de los más deficientes la encabezan la seguridad y la administración de justicia, caracterizadas por elevados índices delictivos, baja persecución e investigación de delitos, escasa efectividad y significativa corrupción en los cuerpos de seguridad y órganos judiciales, así como una impunidad generalizada.

En materia de salud, una proporción importante de la población carece de acceso a estos servicios; la calidad de la atención es baja y, además, decreciente en las localidades más pobres. Muchas instalaciones se encuentran en condiciones deplorables, mientras que la escasez de materiales y medicamentos se ha vuelto común.

En educación básica, numerosas escuelas carecen de servicios esenciales como agua potable, electricidad o baños, y la mayoría no dispone de acceso a Internet. Más grave aún, los maestros no cuentan con el entrenamiento adecuado ni con incentivos para mejorar el aprendizaje de los niños.

Gran parte de la red carretera, especialmente fuera de los sistemas de peaje, ha recibido un mantenimiento insuficiente y resulta inadecuada para las necesidades de una población en crecimiento.

Finalmente, en el ámbito urbano, los servicios públicos limitan el funcionamiento de las ciudades y los pueblos: calles mal pavimentadas; alumbrado deficiente; redes de alcantarillado y drenaje disfuncionales, que favorecen inundaciones y contaminación de aguas; flotillas de recolección de residuos obsoletas e ineficientes; gran parte de la basura enviada a vertederos; suministro irregular de agua potable; corrupción y desorden en el comercio informal; y transporte público limitado y, con frecuencia, en malas condiciones.

Los datos internacionales ubican a muchos servicios públicos de México por debajo de los observados en países con un nivel de desarrollo similar, e incluso en los últimos lugares de algunos indicadores.

Por ejemplo, en el Índice Global de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, México obtuvo una calificación de 0.41 en una escala de 0 a 1, situándose en el puesto 118 de 142 países, por debajo de Rusia, Nigeria y Angola.

Asimismo, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, el país recibió una puntuación de 26 sobre 100, colocándose en el lugar 140 de 180 países, el más bajo dentro de la OCDE.

En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022, que compara el desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, México ocupó el puesto 57 entre 81 países participantes.

Por desgracia, en los últimos años, muchos servicios públicos se han deteriorado aún más, como es el caso de la confianza en las instituciones gubernamentales, el respeto a los derechos fundamentales y el sistema de salud.

La debilidad de los servicios públicos provoca efectos negativos en las personas. Entre los daños potenciales se encuentran: la reducción en la calidad de vida; el aumento del gasto de bolsillo para suplir los servicios deficientes; la pérdida de tiempo y la menor productividad; la mayor vulnerabilidad en materia de salud; y las menores oportunidades de progreso para amplios sectores de la población.

Las empresas también se ven afectadas por los malos servicios públicos, enfrentando costos adicionales de operación, disminución de eficiencia y un menor incentivo para emprender e innovar, debido a la inseguridad física y jurídica.

La persistente deficiencia, e incluso el reciente deterioro, de los servicios públicos contrasta con la alta popularidad de muchos gobernantes. Según diversas encuestas y algunos comentaristas, la Presidenta de la República cuenta con una elevada aprobación, mientras que varias autoridades estatales del partido oficial, incluida la jefa de Gobierno de la CDMX, reciben también evaluaciones favorables.

Esta aparente paradoja podría reflejar que gran parte de los ciudadanos mantiene expectativas bajas respecto a los servicios públicos y que, por encima de éstos, valora la cercanía con los líderes políticos, su retórica y los beneficios tangibles como el aumento del salario mínimo y las transferencias de efectivo.

La complacencia ante los servicios públicos de baja calidad conlleva el riesgo de frenar, e incluso revertir, el progreso en el bienestar social y el desarrollo sostenido. El camino más prometedor para salir de este marasmo se apoya en los elementos esenciales de la democracia: transparencia en la información pública, separación de poderes, instituciones independientes, ejercicio de las libertades y elecciones justas. Lamentablemente, el país parece caminar en la dirección opuesta.