La factura de los incendios

Aunque sea difícil de creer en estos días de calor, este año nos ha tocado la lotería climática. Durante la primavera, el desplazamiento del jet stream, una corriente de aire en las capas altas de la atmósfera que ordena gran parte de los patrones climáticos del hemisferio norte, trajo un inusual cambio de papeles a Europa. Los países del norte sufrieron una de las peores sequías que se recuerdan, mientras en España no dejó de llover en varios meses.

Así que el verano nos ha pillado con los pantanos en máximos y las precauciones en mínimos. Algunos, incluso, habrían llegado a creer que este no iba a ser un verano tan devastador como los anteriores. En realidad, de no haber sido por la perturbación del jet stream, lo que habría ocurrido es que nos habríamos tenido que lamentar de los incendios mucho antes. Quizás hasta en el mes de mayo. Y es que en estos años estamos rozando el incremento de 1,5 grados en la temperatura del planeta que los científicos habían marcado como el umbral a partir del cual la vida se vería seriamente perjudicada.

Vivimos un momento contradictorio. La extensión a toda velocidad de las energías renovables está sacando “a los combustibles fósiles de la carretera”, en palabras del secretario general de Naciones Unidas, y nos permite avistar un horizonte de solución a la catástrofe climática en el medio plazo. Pero ese progreso no nos sirve para el corto plazo. La solución no va a llegar a tiempo de paliar los efectos que tenemos hoy delante de nuestras narices.

De manera que ya nadie puede esperar que el verano que viene sea menos cálido que este, ni que haya menos incendios. Ni que este otoño no haya lluvias torrenciales e inundaciones, ni que el verano próximo no haya sequía. Lo que sería extraordinario es que todo eso no ocurra. Esta es la nueva normalidad.

En estas circunstancias, el negacionismo ya no se puede entender como una especie de capricho o de opinión política, sino como una estrategia deliberada para escurrir el bulto, para eludir la responsabilidad y seguir causando daños sin asumir las consecuencias.

El derecho europeo establece que las personas, las empresas y los gobiernos son responsables de los perjuicios que sus acciones provocan a terceros, con una excepción: que fueran impredecibles. Por eso las tabaqueras, durante décadas, infestaron el mundo de pseudo estudios científicos que negaban los efectos nocivos del tabaco: para poder decir después que no sabían, que había opiniones para todo, que no estaba claro. Para desresponsabilizarse y eludir las consecuencias –millonarias– de sus actos.

Los partidos y los gobiernos que niegan el cambio climático –o que se sorprenden con los incendios, o que hacen como que todo esto son desastres impredecibles para los que no pudieron prepararse– están haciendo exactamente lo mismo. Cuando Vox afirma que “es cuestionable que nos encontremos ante una emergencia climática” o que vivimos un “aquelarre climático” que cuesta vidas, lo que está haciendo es colocar el armazón moral sobre el que luego dirá que no se podían predecir los incendios de estos días. Y cuando el PP se pone de perfil para no tener que entrar en el debate con Vox, hace lo mismo. Como las petroleras, como las gasistas, como los fabricantes de coches que todavía arrastran los pies con los motores de combustión, estos partidos tienen mucho que ganar en seguir vendiendo su producto cueste lo que cueste (a los demás). Ese producto es la idea de que el cambio climático es una invención woke.

Hace solo unos días el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU emitió una sentencia histórica en este sentido: “Los estados tienen la obligación de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos adoptando las medidas necesarias para proteger el sistema climático”. Como pasó con las tabaqueras, se acabó la excusa de que no sabíamos. Quien no ponga los medios para garantizar las vidas de la gente podrá ser perseguido por ello y tendrá que indemnizar a los perjudicados.

En el caso de los incendios de este verano, los perjudicados se van a contar por miles. No sólo las familias de las víctimas, o quienes han perdido sus casas. También los que van a ver su negocio paralizado este verano –o durante muchos años– y hasta quien no va a poder acudir a su segunda residencia. Ojalá vayan todos al juzgado con la sentencia de la ONU bajo el brazo a reclamar una indemnización de sus gobiernos regionales cuando descubramos, como presumiblemente ocurrirá, que los servicios forestales estaban en mínimos, que el monte no se había mantenido adecuadamente, que el presupuesto para prevenir estos dramas no había aumentado en la última década.

Como ocurrió con las tabaqueras, si no vamos a poder convencerles de que se coloquen en el lado bueno de la historia, al menos que paguen la factura.