Lucro y revictimización: el femicidio de María Luisa Cedeño
Resulta preocupante la venta de un libro, The Murder in Room 3 (El asesinato en el cuarto tres) que narra el femicidio de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido en el año 2020, desde la voz de uno de los acusados: Harry Bodaan.
La única condena firme corresponde a Teodoro Herrera. Los otros dos acusados, Harry Bodaan, y Luis Carlos Miranda, fueron absueltos en 2023, pero enfrentan nuevo juicio. En 2024, el Tribunal Penal de Quepos lo declaró en rebeldía y ordenó su captura. No existe resolución definitiva sobre el autor del libro, pero su publicación evidencia una falta de sensibilidad y responsabilidad social.
Un femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y el Estado debe prevenirlo, investigarlo, sancionarlo y erradicarlo. Permitir que el principal acusado narre y lucre en un contexto de impunidad niega derechos fundamentales de las víctimas, sus familias y de todas las mujeres en el país.
El problema no es únicamente que un hombre acusado de este femicidio, entendido como el asesinato de una mujer por su condición de mujer, sea prófugo fuera del país con un juicio pendiente, o que publique sobre un hecho del cual se le acusa usando incluso fotografías de la víctima. Es también que se apropie de la historia de esta y que lucre con ello, con un precio original en Amazon de $21,95. Esto implica una doble revictimización por la impunidad de este caso y por el daño emocional adicional que provocan estas publicaciones.
El libro no solo modela la narrativa del delito a través del relato de uno de los acusados, sino que usa un tono sensacionalista que banaliza la gravedad del crimen y lo convierte en objeto de consumo.
Los femicidios y su impunidad, más allá del daño individual, envían un mensaje aleccionador a todas las mujeres: las consecuencias de no someterse a los deseos de los hombres al rechazar relaciones sexuales, combatir dinámicas de poder o negarse a ser confinadas en el espacio privado a cargo no remunerado de la reproducción, el cuidado y el trabajo doméstico.
El femicidio de María Luisa Cedeño ejemplifica esta violencia simbólica disciplinadora, y la publicación de un libro desde la perspectiva del presunto autor del crimen refuerza ese mensaje de control y amenaza hacia todas las mujeres.
Si bien puede existir tensión entre derechos y libertades, como la libertad de expresión y el derecho a vivir libres de violencia, el deber de debida diligencia impone al Estado la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar toda forma de violencia basada en género, así como de adoptar medidas para evitar su repetición (Comité CEDAW, Recomendaciones Generales N.º 19 y 35).
Así, en algunos países se prohíbe que personas procesadas o condenadas por delitos graves, como el femicidio/feminicidio, obtengan beneficios económicos o publiquen sobre el crimen por el que se les acusa o condena. La ausencia de una regulación similar en Costa Rica permite que materiales como el mencionado circulen sin restricciones legales, con el riesgo de vulnerar derechos de la familia de la víctima y perpetuar la violencia simbólica al lucrar con la narración del crimen. Este caso plantea la necesidad de que la Asamblea Legislativa considere una respuesta normativa a esta situación.
En Estados Unidos, las leyes “Son of Sam” prohíben que personas condenadas lucren con la publicación de sus crímenes. Aunque fueron declaradas inconstitucionales por contravenir la Primera Enmienda (libertad de expresión), muchos estados las reformaron para hacerlas compatibles con esta y se permite la expresión, pero los ingresos deben destinarse a las víctimas o sus familias (Tushnet, 2023; Menz, 2023).
En España, el Ministerio de Igualdad evalúa reformas al Código Penal para impedir a condenados por violencia vicaria difundir y lucrar con información sobre sus crímenes, y prevenir la revictimización. Esta propuesta busca impedir que los agresores lucren con sus delitos.
Si bien en febrero del 2025, Costa Rica aprobó la Ley contra la Violencia Vicaria (N.º 8589), la tipificación en el artículo 2 especifica que el agresor debe haber tenido o tenga una relación sentimental con la mujer. ¿Hay que pensar en una reforma?
larissa.arroyo.navarrete@una.cr
Larissa Arroyo Navarrete es académica y abogada especialista en derechos humanos y género, doctoranda en Derecho. Labora en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (UNA).