“Sobrepasa las capacidades de las propias comunidades educativas”: el complejo debate desatado tras los últimos hechos de violencia en el INBA

Durante la jornada del lunes 11 de agosto, y en el marco de una nueva jornada de incidentes en el Internado Nacional Barros Arana, un profesor del establecimiento fue rociado con combustible por parte de encapuchados. Según los primeros reportes, el hecho ocurrió durante enfrentamientos en los que un grupo de personas lanzó bombas molotov cerca del acceso al colegio. Cabe destacar que el funcionario afectado no sufrió quemaduras, ya que el líquido inflamable no se incendió, y fue auxiliado inmediatamente por efectivos de Carabineros.

En ese contexto, desde la UDI exigieron al Ejecutivo a poner suma urgencia al proyecto que busca eliminar beneficios estudiantiles a involucrados en hechos de violencia. Sin embargo, desde La Moneda descartaron apoyar la iniciativa: “Naturalmente no la apoyamos”, señaló el ministro Cataldo.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, condenó los hechos calificándolos como “completamente inaceptables”, definiéndolos como parte de una “violencia irracional”. En sus declaraciones, el jefe comunal expresó su apoyo al profesor afectado y a la comunidad educativa, recordando que el pasado viernes se había reunido con docentes y funcionarios del establecimiento para coordinar acciones contra estos actos vandálicos.

Así, Desbordes detalló que tienen a adultos ajenos de la comunidad educativa infiltrados en las movilizaciones: “La semana pasada fue detenido un adulto que es estudiante universitario, mayor de edad, y que ni siquiera estudió en el INBA, es ex alumno del Instituto Nacional”.

“Necesitamos mejorar la seguridad del establecimiento e implementar lo mismo que en el Instituto Nacional. Medidas de control de acceso para que entren solo quienes son parte de la comunidad, e incorporar un sistema de control de acceso biométrico en el INBA, el Nacional, el Aplicación y el Barros Borgoño, que es donde se han producido la mayor cantidad de problemas”, puntualizó el alcalde de Santiago.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lamentó los hechos ocurridos en el INBA y los calificó como “gravísimos”. “Es un hecho de violencia sin sentido, absurdo, que se vuelve contra los propios miembros de la comunidad, ya son grupos muy pequeños, pero lamentablemente muy agresivos y muy violentos”, señaló Aguilar.

“Las comunidades escolares están bastante cansadas de los anuncios que se dicen sobre ‘investigar hasta las últimas consecuencias’, que ‘no se descansará hasta dar con los responsables’ y un sin fin de declaraciones que quedan en eso. Aquí hay organismos que tienen que investigar. Nosotros no somos policía, jueces, investigadores ni fiscales, no es la función nuestra, a pesar de que la comunidad de INBA ha hecho mucho esfuerzo por tratar de enfrentar estas situaciones cumpliendo muchas veces tareas que no nos corresponden, pero buscando que puedan funcionar los ambientes de aprendizaje en una mínima condición. Por supuesto esto sobrepasa las capacidades que tienen las propias comunidades educativas“, afirmó Aguilar.

¿Cómo dejar atrás el espiral de violencia?

En diálogo con nuestro medio, el ex director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco Fossa, sostuvo que lo que está ocurriendo hoy en el INBA tiene como base fundamental “que las decisiones que se han estado tomando en los últimos meses no tienen en absoluto base educativa”.

En esa línea, Roco afirmó que estas no van en dirección “al bienestar y desarrollo de los estudiantes y en el respeto al proyecto educativo del INBA. Esa es la base sobre la cual vemos esta espiral tremendamente peligrosa”.

Asimismo, cuestionó las decisiones de Mario Desbordes: “Lo esperable es que la autoridad se imponga en lo que ha estado pasando ahí, en las estrategias. En las maneras en que se ha estado trabajando, finalmente lo que se ha visto es que se descabezó a un equipo directivo, se sacó una rectora que estaba haciendo bien su trabajo y más encima, al poco tiempo, se descabezó todo el equipo de inspectores generales”.

Cabe destacar, además, que de 50 episodios de violencia incendiaria en 2022 se pasó a 13 en 2023 y a 3 en 2024 (antes de octubre), según los datos del Ministerio del Interior y elaborados a partir de reportes de Carabineros.

En tanto, durante los años 2023 y 2024 ningún bus del Transantiago fue quemado en las inmediaciones del INBA, como sí ocurrió el 2022 en tres ocasiones: marzo, abril y septiembre de 2022 (es decir, dos episodios bajo el interinato de Gonzalo Saavedra y uno bajo la rectoría de Alejandra Benavides, que asumió a mediados de mayo de ese año).

“Hay una contradicción que no que no se entiende. No se entiende por qué finalmente se hace, se vuelve a una dinámica disfuncional que se había empezado a dejar atrás”, cuestionó Roco.

“Habíamos dejado atrás esa dinámica que se vivió en Chile en el 2019, en el 2018 y también en el 2022, pero que no es una fatal. No tiene por qué ser así, y eso fue lo que demostró el equipo que ahí estaba trabajando. No se entiende, finalmente, por qué ese cambio de una opción que funciona, que profesionalmente es robusta, a una que no tiene ningún mérito”, complementó.

Finalmente, Roco aseveró que “el internado tiene un potencial gigantesco, pero se necesita apoyar y dejar trabajar a las personas que saben hacer su su labor como docentes directivos. El rol docente directivo es el que está en este momento fallando, y que explica un problema que está alojado dentro del establecimiento. No es un problema que esté alojado afuera”.

El portazo del Gobierno a la arremetida de la UDI

Tras los últimos hechos de violencia, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, junto a Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, integrantes de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y compañeros de partido, exigieron al Gobierno otorgar máxima urgencia al proyecto que busca impedir que los estudiantes secundarios que sean sancionados por participar en hechos graves de violencia puedan acceder a los distintos beneficios y subsidios que otorga el Estado, como la gratuidad en la educación superior.

“Si hay alumnos que se dedican de manera permanente a atentar contra sus establecimientos, contra los profesores, y están provocando un daño profundo a la educación pública, no tiene ningún sentido que puedan acceder a la gratuidad universitaria en un futuro”, señaló Ramírez.

Por su lado, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó el más “absoluto rechazo” a lo ocurrido el lunes en el INBA. Asimismo, dio a conocer que, como Gobierno, “están encima de este tema. Se va a determinar la presentación de acciones legales también en virtud de lo que el propio sostenedor ha señalado, que es la presentación de querellas. Estamos a la espera de confirmar si efectivamente se presentaron o no, para poder llegar hasta las últimas consecuencias con esto”.

El secretario de Estado igualmente hizo un llamado a los estudiantes “a actuar con responsabilidad frente a esto. Primero, a no interrumpir sus clases, pero en segundo lugar, y lo más importante, a resguardar y respetar la vida. Rociar con un acelerante a una persona no es un juego. Es algo que tenemos que tomar con mayor seriedad e invitamos a todos a que abandonen ese tipo de prácticas y, obviamente, a que la institucionalidad actúe con el mayor rigor posible para que esto no vuelva a ocurrir, y para desentrañar todo lo que corresponda desde el punto de vista de las acciones judiciales”.

Consultado a la exigencia presentada por la UDI, Cataldo señaló que “naturalmente no la apoyamos. Creo que lo que debe hacer el sistema es acoger, reinsertar, educar, superar este tipo de situaciones que ponen al margen de la sociedad, al final del día, a esos jóvenes. Inhibir y prohibir, finalmente, el acceder a un futuro mejor, a la posibilidad de estudiar, de obtener una carrera, de volver a enfocar su energía en cuestiones positivas, es algo que no es positivo. No contribuye -finalmente- a romper un círculo de violencia, de odio”.